Por Fernando Palazzolo. El escenario político en torno al “problema de las drogas” avanza a paso firme en el camino discursivo pero aún no ha logrado desenterrar todas sus patas del fango del prohibicionismo y la criminalización de los usuarios. Estado y sociedad civil activaron una discusión que no tiene marcha atrás.
El proyecto de ley presentado por el senador Aníbal Fernández, que despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, reflota la discusión auspiciada por la Corte Suprema de Justicia en 2009 a partir de la sanción del fallo Arriola, que descriminaliza al usuario de drogas.
Este episodio de la discusión en torno a las políticas de drogas se enmarca en una revisión general (normativa, organizativa, ejecutiva e incluso comunicacional) del modelo de tratamiento de la problemática, de las funciones de los organismos públicos y privados vinculados, y también de las autoridades. En efecto, una buena parte de las cúpulas estatales y de la sociedad civil ha establecido las condiciones no tanto materiales pero sí conceptuales para avanzar en cambios sustantivos en materia de drogas, más allá de la presión de ciertos sectores, grupos y actores sociales que vinculan estas decisiones con el crecimiento de la conflictividad social.
Los actores y las acciones
Para no decir que esto ocurre casi siempre, diremos que no es una novedad que un tema de la agenda política –en este caso el “problema de las drogas”- se haga carne en una figura política que hace las veces de vocero, defensor y también blanco de críticas en los debates propulsados por el tema –en este caso, el ahora senador Aníbal Fernández-.
Independientemente de caracterizaciones, valoraciones y de los resguardos que puedan tenerse sobre su trayectoria en materia de seguridad, el rol de Fernández en las discusiones sobre políticas de drogas desde 2005 ha sido protagónico.
Este proyecto de ley es otro paso del camino político institucional que involucra a todos los poderes del Estado y que alcanzó un punto de cuasi irreversibilidad con el “caso Arriola” en 2009. El sustento argumentativo de este fallo puede rastrearse ya en los documentos e informes del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, bajo la órbita del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que encabezaba Fernández en 2008 y que un año después pasó a ser Comisión Nacional dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En materia ejecutiva el último movimiento significativo fue el recambio de autoridades de la SEDRONAR a comienzos de este año, con la salida de José Granero –el último representante del viejo paradigma de drogas con un rango de secretario de estado o similar- y la incorporación de Rafael Bielsa. En materia legislativa otro avance importante fue la sanción de la Ley de Salud Mental en 2010, a partir de cuya sanción la cuestión de la adicción a las drogas se abordaría desde allí y no desde una ley penal, como ocurre con la actual Ley 23.737, de Estupefacientes
Además el proyecto de Fernández reaviva la tibia discusión iniciada en la Cámara de Diputados en 2010 a partir de la presentación de al menos seis proyectos de modificación de la Ley 23.737 en lo que refiere a la definición del usuario como delincuente. El fallo Arriola había instado explícitamente al Congreso de la Nación a revisar la normativa vigente.
Estos son algunos hechos que evidencian el reconocimiento de las autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales del rotundo fracaso del modelo estatal de tratamiento de drogas en su objetivo principal: la reducción progresiva en la oferta y la demanda de sustancias ilegalizadas. Hechos que han sido criticados y denunciados reiteradamente por organizaciones de derechos humanos, grupos de apoyo y asistencia jurídica, organizaciones de usuarios y cultivadores, profesionales de la salud, medios de comunicación, entre otros, con acciones que van desde la denuncia de injusticias y abusos de parte del poder policial, judicial y médico con los usuarios y sus familias, hasta la gestión de canales y redes de asistencia sociosanitaria, educativa, informativa y jurídica.
La cuestión parlamentaria
El proyecto presentado en Senado el 29 de marzo difiere con los proyectos presentados en la Cámara de Diputados en un punto esencial: no propone una modificación de la ley vigente, sino su derogación y la sanción de una nueva ley.
Distintos medios y el propio Fernández han pasado revista sobre los puntos clave del proyecto. Nos interesa aquí observar concordancias y diferencias con los proyectos presentados en Diputados, que también son diferentes entre sí:
-El proyecto despenaliza la adquisición, tenencia y cultivo de drogas, cuando por su escasa cantidad fuera para consumo personal y no peligre la salud de terceros, y mantiene la penalización de la tenencia cuando la cantidad exceda del consumo personal y no involucre comercialización, aunque es excarcelable.
Si bien en Diputados había acuerdo sobre despenalizar la tenencia para consumo, este punto llevará una larga discusión dado que hay miradas encontradas y experiencias dispares sobre si debe observarse la cantidad o las circunstancias específicas de tenencia. Sirva un ejemplo simple: una persona puede cargar con dos kilos de marihuana que ha comprado para aprovisionamiento personal, y otra puede tener encima cincuenta gramos de la misma sustancia que sean para comercialización. Quienes se oponen a la delimitación de cantidades, sostienen que eso no define necesariamente circunstancias delictivas.
Dentro de los proyectos de Diputados el de Victoria Donda fue el que alcanzó mayor visibilidad pública, pero también el más resistido dentro del parlamento, dado que proponía quitar de la Ley 23.737 la figura de tenencia simple además de la de tenencia para consumo, pues la primera es una de las vías de aplicación de la Ley de Estupefacientes contra usuarios. Como fue dicho, en el texto de Fernández la tenencia simple sigue vigente, aunque con una reducción de la pena que la hace excarcelable para quien no tenga antecedentes penales.
-Realiza modificaciones en las penas en los casos de ostentación y apología del uso de drogas, así como para la producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, aminorando las penas para quienes forman parte de una organización pero no la encabezan. Esto refiere al caso de las denominadas “mulas” y la necesidad de revisar las condiciones socioeconómicas donde se enclava la infracción a la Ley, cuestión que se había discutido en Diputados sin alcanzarse mayores acuerdos.
-Los proyectos de Diputados proponían quitarle la potestad otorgada al juez por la Ley 23.737 de derivar a los consumidores a medidas curativas. El proyecto de Fernández no toca este punto dado que a los usuarios abusivos los trata la Ley de Salud Mental, pero queda en claro la concordancia: no es la Justicia quien que debe decidir sobre el potencial tratamiento médico-asistencial de los usuarios problemáticos.
-En el caso de los funcionarios públicos que faciliten el narcotráfico, las penas serán del doble en el mínimo y el máximo.
-Redefine la condición de testigo de identidad protegida y se regula más específicamente el accionar del agente encubierto. Sobre éste punto y el anterior, los proyectos de Diputados no hacían referencia.
La mala información
La mayoría de los medios de comunicación hegemónicos han insistido en tratar erróneamente dos puntos de este debate. El primero tiene que ver con confundir despenalización con legalización. Despenalizar la tenencia para consumo personal no es legalizar la producción, venta y distribución de las sustancias ilegalizadas, sino cambiar el foco de intervención. Las políticas vigentes en materia de drogas concentran sus programas y recursos en la acción directa sobre los usuarios -o, como ha titulado una de sus obras el periodista y político colombiano Alonso Salazar J., “la cola del lagarto”, que siempre vuelve a crecer- y no sobre los delitos de comercio.
El segundo punto de desinformación se relaciona con cuáles son las drogas que estos proyectos despenalizarían. No se trata sólo del cannabis, sino de todas las drogas. No es una discusión sobre las sustancias, sino sobre los usuarios y el rol del Estado en su atención cuando el uso de drogas se torna problemático o abusivo.
Quizás este nuevo impulso al debate sirva para empezar a cristalizar acciones puntuales que atiendan las necesidades de aquellos sectores que más sufren la ausencia de un sistema sociosanitario y la presencia de las policías y de una Justicia injusta, para empezar a tener menos miedo de hablar de las drogas y de las situaciones donde se enmarcan los usos abusivos, menos miedo de denunciar y empezar a desmantelar la connivencia política y policial con las redes de narcotráfico, menos miedo de cargarse al hombro temas conflictivos que no tienen un rimbombante rédito político ni mediático pero que exigen definiciones políticas y programáticas más justas para garantizar y restituir los derechos de todos los que sufren los efectos de este modelo de intervención.