Por Julia de Titto. ¿Qué son las políticas públicas de género? ¿Qué responsabilidad tienen los Estados en garantizar los derechos de las mujeres y la diversidad sexual? En el marco del día internacional de la mujer trabajadora, un primer acercamiento y reflexión sobre lo que pasa en la Argentina y la CABA en este tema.
Desde la IV Conferencia de la Mujer, que se realizó en Beijing en 1995, con el compromiso de 189 países adhiriendo a una declaración y plataforma de acción, el tema de la desigualdad de género se instaló en la agenda de los Estados. Desde hacía varias décadas, el movimiento de mujeres venía pregonando que las sociedades no sólo están atravesadas por diferencias de clase y etnia, sino que hay un sistema social mundial, igualmente injusto, basado en los privilegios de los varones en detrimento de los derechos de las mujeres. Luego del reconocimiento oficial a dicha desigualdad, sigue siendo una disputa abierta la conquista de derechos sociales, sexuales, políticos y económicos por parte de las mujeres.
¿De qué hablamos cuándo hablamos de políticas públicas de género?
Es importante destacar que no todas las políticas dirigidas hacia las mujeres son de por sí políticas con perspectiva de género. Asumir una perspectiva de género significa cuestionar las desigualdades existentes entre varones y mujeres, denunciar las dimensiones de poder que se establecen entre ciertas relaciones sociales y cómo las mismas se reproducen en -y son reproducidas por- las instituciones.
Hablar de desigualdades de género significa también hacer referencia a la situación de discriminación e invisibilización de las identidades sexuales disidentes, es decir la de aquellos/as sujetos/as cuya identidad no encuentra lugar en una sociedad donde la norma es la norma heterosexual (travestis, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersex, etc.).
Entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos significa asumir la dimensión política de las cuestiones de género. La igualdad entre varones y mujeres, la no discriminación de las mujeres en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no son el resultado automático de la promoción y protección de los derechos humanos: se requiere una acción importante del Estado a través de acciones y políticas específicas. A su vez, es necesario transversalizar esta concepción para que en todas las políticas públicas se contemple la dimensión de género.
Al sur del continente
En Argentina, pese a los indiscutibles avances, fruto de la lucha del movimiento de mujeres y de diversidad sexual, la democracia mantiene una deuda importante con las mujeres respecto al pleno ejercicio de sus derechos.
Los avances se han expresado en leyes y programas muy importantes que no han sido fáciles de conquistar, dado que son el centro de polémicas con los sectores más conservadores, principalmente la Iglesia Católica. La ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), la ley 26618 de matrimonio igualitario (2010), la ley 26743 de identidad de género (2012), la ley 26150 de educación sexual integral (2006), la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable (2002), y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre aborto no punible (2012), son los más destacados.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, entre la letra de la ley y la efectiva incidencia en la vida de las personas, dista un abismo. Gran parte de la legislación citada no está reglamentada en su totalidad, no cuenta con el presupuesto necesario para su implementación o directamente no se cumple. Muchos de los programas, a su vez, son financiados por el Estado nacional pero ejecutados a través de las provincias, lo que genera desigual acceso a los derechos según el territorio que se habite o la voluntad política de las autoridades locales en garantizarlos.
La gran deuda de la democracia argentina con las mujeres es, sin duda, garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el sistema de salud. Muestra de esto es que la principal causa de muerte de mujeres gestantes en todo el país son las que mueren por abortos realizados clandestinamente. El proyecto de ley para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presentado por primera vez en 2007 y que cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones y 50 diputados y diputadas, volvió a perder estado parlamentario en octubre de 2011. La falta de voluntad política del ejecutivo nacional, y un cuerpo legislativo que no se atreve a cuestionar abiertamente la directiva de no discutir este proyecto de ley, son sin duda la principal traba en un tema que genera cada vez más consenso social.
La igualdad de género no es Pro
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), si bien formalmente se tiene la legislación más progresiva del país y los mejores indicadores socioeconómicos y sanitarios, la situación no es ninguna panacea.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, podemos mencionar el escandaloso veto del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, al protocolo de atención de aborto no punible, en octubre del año pasado y la subejecución (0,1% en 2011) del presupuesto de educación sexual. A su vez, según un estudio realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda de la CABA, el embarazo adolescente (15 a 19 años), aumentó preocupantemente de un 7% en 2000 a un 9% en 2009. Los datos de atención en los Centros de Salud, elaborados por el ministerio de Salud porteño, muestran que la presencia de embarazadas adolescentes (12 a 19 años) en estos centros es de un 19% sobre el total de mujeres embarazadas, cuando en 2007 era de un 7,2%, y estas cifras se acentúan claramente en la zona sur de la CABA. Por otro lado, no existen cifras oficiales sobre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en la Ciudad. Tal es así que un fallo del Poder Judicial de la CABA condenó en 2010 al ejecutivo porteño a que comunique las estadísticas de las prestaciones realizadas en este ámbito en los años 2007, 2008 y 2009. El mismo no fue cumplido pese a la sentencia judicial.
La estrecha relación de figuras de primerísimo plano del PRO con la Iglesia, como Gabriela Michetti; o la presencia de Cinthia Hotton con sus Valores para mi País, la cual representa directamente los sectores autodenominados “pro – vida”, son sin duda un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la política del gobierno de la Ciudad en relación a este tema.
En lo referido a violencia de género, si bien existen formalmente varios programas, son desconocidos para la mayoría de la población y se encuentran, en su generalidad, desfinanciados. Por ejemplo, la Línea de Violencia Familiar (para casos de violencia doméstica y violencia sexual hacia la mujer), en el año 2004 recibía 13.276 llamadas y en el 2010 se registraron 8891 pedidos de auxilio. Esto quiere decir que hubo un 3% de reducción en los S.O.S ante situaciones de violencia de género y 4385 mujeres menos que requirieron la ayuda del Estado para problemas de violencia familiar o tuvieron que acudir a servicios de otras jurisdicciones. De hecho, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también se encuentra en la Ciudad, a contramano del descenso de denuncias que se produjo en el área de mujer de la gestión macrista, registró que, en sólo dos años, las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 20 %.
En próximas notas se abordarán en profundidad las distintas aristas de las políticas de género, las que hay, las que faltan, las que funcionan mal y las adecuadas, que desarrolla el gobierno de Mauricio Macri en la CABA.
Dicen, “dime cómo están las mujeres y te diré qué sociedad eres”. Agregamos: “dime que políticas públicas impulsas y te diré para quién gobiernas”.