Por Edgar Juncker y Francisco Longa. A pesar de las referencias a la “prevención” del texto, el decreto bonaerense que crea las policías municipales evidencia que se mantiene la estructura corrupta de la fuerza y la represión como fórmula.
En plena temporada mundialista el gobernador parece haber anotado, como un hábil delantero, un gol en solitario. Luego de que el debate en la Legislatura provincial acerca de la creación de las policías municipales se trabara durante varias sesiones, el gobernador Daniel Scioli rubricó el proyecto por medio de un decreto en los días pasados.
Para llegar a ello, hubo que transitar previamente el ‘empate hegemónico’ que se vivió en La Plata entre quienes responden a Sergio Massa, los aliados del Gobierno nacional y el resto de las fuerzas políticas. Los muchachos de Massa tenían por orden directa frenar la promulgación de la ley; esta situación no deja de ser paradójica si se tiene en cuenta que un proyecto casi calcado al que finalmente salió por decreto fue uno de los caballitos de batalla de la campaña deL referente del Frente Renovador.
Pero además de las resistencias del massismo, el proyecto de Scioli encontró disidencias desde otros flancos. El FAP y el radicalismo, entre otros, nunca apoyaron proyectos de creación de policías municipales, lo cual dificultó en algunos votos la faena del gobernador.
Pero entre Scioli y su ministro de seguridad, Alejandro Granados, patearon el tablero. Así, y en medio de la anunciada ‘emergencia en seguridad’, el gobernador rubricó el decreto que da origen a las ‘Unidades de Policía de Prevención Local’. No obstante, a juzgar por la concepción del decreto y por el pedigree de Granados, el proyecto deja entrever que tendrá poco de ‘prevención’ y bastante de punición. Y no hizo falta recoger las críticas de la oposición, ya que en breve aparecieron diferencias con el decreto de parte del propio kirchnerismo.
Fueron las formas de aplicación que plantea el proyecto, fundamentalmente en lo referido al traspaso de las responsabilidades y dependencias de dichas comisarías, las que generaron la mayor oposición por parte de la tropa propia; mientras que la propuesta del legislador kirchnerista Marcelo Saín proponía un traspaso integral de las fuerzas a los municipios, el actual decreto parte de un enfoque diferente.
Las policías comunales que se pondrán en práctica, seguramente, a partir de julio de 2015 no contarán con el control de los recursos ni de las asignaciones o ascensos. Así, el anhelo de descentralizar a la Policía Bonaerense, lo que desde la óptica de Saín permitiría desarmar el andamiaje mafioso y la connivencia con variables del delito de esta fuerza, aparece como un probable punto vacante.
Esto es así porque el decreto del gobernador no establece un pasaje a los municipios sino que crea la figura del “coordinador operativo”, designado por el Ministerio de Seguridad, el cual junto al comisario y el intendente formarían un grupo de trabajo que plantearían las estrategias de seguridad del municipio, permaneciendo las comisarías locales dentro del arco de la Bonaerense.
A partir de esta situación surgen varios interrogantes. El primero y que remite a la problemática en general es: ¿la escalada punitivista es la forma adecuada de combatir la conflictividad delincuencial que día a día se expresa en el ámbito público? Y con respecto al decreto en particular: ¿el traspaso de la Policía local a dependencias municipales podría desarmar la estructura mafiosa de la estructura represiva provincial?
Al no traspasar el mando a los municipios, ¿cómo responderán los comisarios ante situaciones que enfrenten intereses comunales con los de la fuerza a la que responden?, ¿podrán esas fuerzas priorizar las necesidades del municipio frente a los intereses corporativos de la fuerza policial?
En algunos delitos en particular, como por ejemplo en la trata de personas y en el narcotráfico, donde las llamadas ‘fuerzas del orden’ son partícipes necesarios y engranajes fundamentales para el funcionamiento de estos sistemas perversos, parece difícil ver las opciones reales de algún hipotético bien intencionado intendente que pudiera tener ganas de erradicar dichos flagelos de su territorio.
Números y perspectivas
En concreto el nuevo esquema de seguridad contempla sumar unos 15 mil efectivos más al patrullaje de las calles, lo cuál muestra la necesidad de responder a reclamos mediatizados de “seguridad”. El mecanismo contempla que los municipios de 70 mil o más habitantes están habilitados a solicitar su policía, convenio que deberá ser ratificado por los respectivos concejos deliberantes de cada distrito. Aún así, la normativa establece en su artículo 3 que se podrán contemplar las solicitudes de municipios con menos habitantes.
En cuanto a su concepción, el proyecto define como su misión esencial la prevención del delito, actuando “como policía de proximidad”. En función de esto, resulta cuanto menos paradójico que el gobierno de la provincia intente ‘prevenir el delito’ privilegiando la creación de una fuerza policial por sobre la apuesta a otros mecanismo ligados a la creación de puestos de trabajo o a la contención desde el desarrollo social hacia los sectores más castigados de la sociedad. En los últimos meses, un conjunto importante de organizaciones que realizan tareas comunitarias en barrios postergados del conurbano bonaerense, han denunciado el recorte que el gobierno de Scioli efectuó sobre designaciones presupuestarias destinadas a comedores barriales, a merenderos y a talleres para jóvenes, niñas y niños de dichos barrios.
Así, el discurso de ‘prevención’ que puebla los artículos del decreto de creación de las policías comunales, confirma su carácter de ‘letra muerta’, en una gestión que desde la asunción de Granados hasta hoy no hizo más que aumentar el presupuesto para las fuerzas de seguridad, y recortar la ayuda social.
Es evidente que la sociedad política es permeable al reclamo de mano dura que instalan ciertos sectores del arco político y mediático. Sin embargo esa obsesión por el orden, pareciera estar siendo aprovechada por el gobierno de Scioli así como por el gobierno nacional, para reforzar la política de mano dura también contra la protesta social. Como muestra de esto se puede citar el giro represivo hacia las manifestaciones sociales, como el registrado esta misma semana en los reclamos de empleados despedidos de la autopartistas Lear de la Zona Norte, los cuales fueron dispersados violentamente por el accionar de la Gendarmería Nacional mediante balas de goma y carros hidrantes, mientras realizaban un piquete reclamando por sus fuentes de trabajo.
El desalojo también esta semana de un piquete en la avenida General Paz que estaban realizando los trabajadores de las fábricas EMFER y TATSA, que están asistiendo al vaciamiento de las empresas de parte de su dueño Cirigliano, reafirma que la narrativa represiva gana espacio en el locus kirchnerista relativo a la conflictividad social.
En suma, todo parece indicar que tanto contra la ‘delincuencia’ como contra la protesta social, el camino elegido por los gobiernos provinciales y por la administración nacional se acerca a la estigmatización y a la creación de sujetos peligrosos, estrategia que se asume combatir con más uniformados en las calles.