Por María Paula García. En declaraciones recientes vertidas radialmente en el programa de Víctor Hugo Morales, el senador Aníbal Fernández (FpV) afirmó que esta semana presentará un proyecto de ley para poder penar al “cliente que utiliza la trata”.
La iniciativa tiene antecedentes. Ya en 2010 el Ministro de Justicia, Julio Alak, había confirmado que se estaba avanzando con un proyecto similar, como parte de una acción promovida conjuntamente con el gobierno de Brasil ante la ONU. Pero también desde el año 2010 fue presentado otro, el de la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, que incluso va más allá y propone penalizar a quien paga “por el uso sexual de una persona”, sin distinción alguna entre trata y prostitución.
Las organizaciones comprometidas en la lucha contra la trata de personas y las redes de prostitución debaten desde hace tiempo la responsabilidad que le cabe al “cliente”, al que muchas prefieren nombrar como “prostituyente”. Todas coinciden en que éste es el que siempre permanece invisibilizado, cuando en realidad es quien sostiene la demanda. Sin embargo, las opiniones están divididas, entre quienes entienden la consigna “sin clientes no hay trata ni prostitución” en un sentido más de prevención y concientización y quienes sostienen propuestas como la penalización.
Pero mientras que este es un debate abierto, los proyectos de ley, aún con sus diferencias, resultan polémicos justamente por la responsabilidad que le cabe al Estado, tanto en lo que hace a la trata de personas como a la prostitución. En este sentido, el Estado tiene en primerísimo lugar una responsabilidad que no sólo no puede soslayarse, sino que además no puede ser equiparada con la de los “clientes”. Más aún cuando el Estado en sus diferentes poderes es cómplice por acción u omisión del delito que pretende castigar.
Sin duda no es lo mismo hablar de mujeres en situación de trata que en situación de prostitución, más allá de que ambos hechos tengan raíces comunes: la existencia en una sociedad patriarcal de cuerpos de mujeres disponibles para el consumo masculino y la obtención de ganancias millonarias por parte de terceros.
En esta primera entrega abordaremos la polémica sobre la penalización de los “clientes que consumen trata”, tal como los ha definido el senador Aníbal Fernández, dejando para la semana próxima el debate acerca de la prostitución.
Se agitan olas, en un mar poco profundo
Penalizar a los “clientes que consumen trata” significa que el Estado le impondría una pena o castigo a una persona que ha cometido un delito. Y para ello es necesario modificar el Código Penal existente. Ya con eso se han expresado diferentes voces que cuestionan el endurecimiento del código penal y también otras que se preguntan si verdaderamente sirve penalizar a los “clientes” para terminar, en este caso, con la trata de personas.
Aníbal Fernández afirmó rotundamente que “hoy Argentina tiene una ley de trata que la sacamos nosotros por decisión de la presidenta de la Nación, estamos profundizando esa política y estamos decididos a ir con lo tapones de punta”, lo cual contrasta enormemente con la realidad. Una investigación reciente de la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que desde que se aprobó la ley contra la trata de personas la reducción del delito fue leve.
Las mujeres esclavizadas en las redes de trata no lo están ni sólo ni fundamentalmente en tugurios clandestinos: la citada investigación aporta como dato relevante que un 74% de los casos ocurren en locales nocturnos perfectamente habilitados por los municipios como whiskerías, pubs o pools. Vale la pena aclarar que los prostíbulos no son legales en nuestro país, dado que el lucro con la prostitución ajena es un delito que ya está penado en el Código Penal desde hace décadas. Sin embargo estos lugares existen habilitados, tal como decíamos, de manera cómplice por los municipios y amparados por los funcionarios y fuerzas de seguridad que, en lugar de controlar cobran jugosas coimas a cambio de protección y de pases gratis con las mujeres allí presentes.
Y es por ello que una primera pregunta que surge es cuál es la responsabilidad penal que le cabe a un hombre que acude a un lugar público perfectamente habilitado por el municipio. Pero más aún. En un país donde las mujeres y niñas siguen siendo diariamente secuestradas y desaparecidas por las redes de trata, donde todo ello ocurre como consecuencia de una falta de intencionalidad política de desmantelar dichas redes, donde los gobiernos nacional y provinciales siguen sin desarticular la complicidad policial y judicial y permitiendo que las pocas causas que llegan a juicio queden en manos de funcionarios vinculados con estas redes mafiosas, y donde los programas de prevención y asistencia a las víctimas son insuficientes: ¿qué legitimidad tiene este Estado para penalizar a un “cliente” que, en la mayoría de los casos acude a lugares habilitados y a partir de publicidades realizadas en lugares públicos? ¿Quiénes encontrarían y detendrían a ese “cliente consumiendo trata”?, ¿acaso la misma policía que liberó la zona para que secuestren y trasladen mujeres de una provincia a la otra y que además recibe coima de los tratantes?
Acto seguido se deberá probar que las mujeres con las estaba eran víctimas de trata. Y tal como viene la mano parece una empresa difícil. Pero luego habrá que procesar a ese cliente, para lo cual se deberá probar además que éste sabía fehacientemente que la mujer estaba en situación de trata. ¿Y quién y cómo lo van a probar?, ¿Tal vez a través de los mismos jueces y fiscales que consideran que los testimonios de las mujeres víctimas de trata no son pruebas que puedan ser utilizadas penalmente, tal como ocurrió en el juicio de Marita Verón?
Muchos interrogantes y por ahora pocas respuestas. Lo cierto es que el proyecto presentado por Aníbal Fernández, la semana misma en que se cumplen once años del secuestro y desaparición de Marita Verón, once años en los cuales no hay preso ningún culpable, aparece antes los ojos de muchos, como mínimo, como una medida que busca un alto impacto mediático pero que no pretende ir al meollo del asunto. Mientras tanto muchas mujeres y niñas siguen siendo buscadas en muchos casos sólo por sus familiares, y otras tantas tal vez esperarían que diputados y senadores tuvieran la misma pasión en la generación de políticas públicas que prevengan la trata y la creación de programas con presupuesto suficiente que cubran las necesidades reales de las víctimas, que puedan ayudarlas a salir de la situación difícil que han vivido y no volver a ser presa fácil de las redes, ojalá alguna vez desmanteladas junto con sus cómplices en el poder.