Por Leandro Albani, desde Ecuador. El proyecto del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador se discute por estos días en la Asamblea Nacional. Entre las reformas se encuentra la penalización del aborto, que ya regía en el antiguo código. Organizaciones de mujeres y feministas rechazan las modificaciones y reclaman la despenalización total o, al menos, para casos de violación.
Los artículos más polémicos del COIP refieren al aborto voluntario consentido, en el que se indica que la “mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años”. Otro de los puntos álgidos es el que señala que si se produce un embarazo proveniente “de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente”, en este caso “para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal de la mujer”.
En el artículo 148 se destaca que “la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Además plantea que “la mujer que permita esa práctica, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”.
Este jueves, en la Asamblea Nacional se llevó un nuevo debate sobre el COIP y varios asambleístas del partido gobernante, Alianza País (AP), mostraron su desacuerdo con la penalización del aborto. Al mismo tiempo, organizaciones como Colectiva Salud Mujeres (CSM) y la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas (AMPD) estuvieron en el recinto para manifestar su desacuerdo con la iniciativa.
En diálogo con Marcha, Rosa Ortega, miembro de CSM y AMPD, explicó que “no tiene sentido que se penalice la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Está la propuesta de despenalización total del aborto y también se trabajó el proyecto de despenalización, como un mínimo fundamental para respetar el derecho de las mujeres. Las asambleístas de la bancada de Alianza País han dicho que no están las condiciones totales para debatir el tema del aborto, pero sí existe un clima de que pueda despenalizarse por violaciones”.
Ortega agregó que si el nuevo Código Penal es aprobado “se estaría retrocediendo porque se intenta incluir un artículo con el cual se castiga al médico porque no es permitido el aborto en caso terapéutico”.
Durante el debate en la asamblea, la legisladora Betty Carrillo, de Alianza País, recalcó que el aborto “debe tratarse como un tema de salud pública” y enfatizó que las mujeres “ya no debemos seguir siendo víctimas de una sociedad hipócrita, sino buscar soluciones que precautelen las condiciones de vida de las ecuatorianas”. Carrillo también expresó que “no puede ser que una mujer que aborte sea llevada a prisión”.
Aunque un grupo de asambleístas de AP se han manifestado a favor de la legalización del aborto, desde el gobierno nacional dejaron en claro que vetarán cualquier proyecto aprobado al respecto.
Por último, Ortega remarcó que estudios efectuados por el Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos -organismo que ingresó al Parlamento una propuesta para despenalizar el aborto-, muestra “que el 64% de la población está a favor de despenalizar el aborto por violación”. También recordó “que una de cada cuatro mujeres en el Ecuador sufre violencia sexual, que cada cuatro minutos una mujer aborta en el país en condiciones inseguras. Esto sería penalizar la pobreza de las mujeres. Las mujeres no somos úteros sociales, no se nos puede obligar a tener hijos que no deseamos. Las autoridades todavía nos deben este derecho fundamental de las mujeres”.