Por Julia de Titto. Luego de un acto del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada que concluyó con la realización de un asado, se desató la polémica. Las denuncias cruzadas de los organismos de derechos humanos, la repercusión mediática el debate en torno a la construcción de sitios de memoria en los ex centros clandestinos de detención.
El día de ayer se desató un gran debate en torno a una actividad protagonizada por el ministro de Justicia, Julio Alak, el pasado 27 de diciembre, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura cívico militar en nuestro país. La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos denunció que “intrépidos y obsecuentes funcionarios” organizaron un “asado de fin de año” en el citado predio. Carlos Gregorio Lordkipanidse, de esa organización, consideró que el hecho era una “grave falta de respeto” y que el ministro debía renunciar a su cargo. Por su parte, Herman@s de Desaparecidos por Verdad y Justicia, caracterizaron que el “despreciable asado constituye un ultraje a la memoria”.
Según contó la ex diputada nacional Patricia Walsh, los testimonios recopilados en los diversos juicios “dan cuenta que si no era ‘día de traslado’, o sea el día fijo de la semana en que se apelaba a los llamados ‘vuelos de la muerte’, los cuerpos de algunas víctimas de la ESMA eran sometidos a la acción del fuego. Los genocidas de la ESMA llevaban los cuerpos al campo de deportes, pedían combustible y cubiertas en el Sector Automotores, y entonces los quemaban”. A eso llamaban, los genocidas, “hacer un asadito” y allí reside el origen de la indignación de los organismos de derechos humanos mencionados.
Al darse a conocer la denuncia pública de dichos organismos, que rápidamente fueron transformados en noticia por los principales medios opositores, las repercusiones no tardaron en llegar. Desde dirigentes de izquierda como Marcelo Ramal, hasta las diputadas del Frente Amplio Progresista Margarita Stolbizer y Victoria Donda, pasando por el senador radical Ernesto Sanz y el diputado del Pro, Julián Obligio, hubo un amplio consenso en todo el arco opositor en la crítica a Alak que llegó hasta el pedido de su renuncia.
El gobierno, mediante un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informó que el 27 de diciembre, lo que sucedió en la ex ESMA, más precisamente en “La Casa de la Militancia”, que es parte del predio y pertenece a la agrupación H.I.J.O.S., fue la presentación del Plan Estratégico 2012-2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según explicaron, allí, entre otras cosas, se dio cuenta de las 378 condenas a responsables de las violaciones de derechos humanos obtenidas durante el último año. A su vez, en el mismo comunicado criticaron la cobertura mediática del tema y plantearon que los medios hegemónicos actuaron con el objetivo de “distorsionar la realidad o producir una operación mediática que intenta clausurar el debate y las acciones en torno a la resignificación de la memoria, banalizando el terrorismo de Estado al realizar absurdas analogías entre el funcionamiento de lo que fue un centro clandestino de detención y las actividades que se realizan actualmente”. También denunciaron el “intento por desgastar la imagen de Julio Alak, quien viene realizando presentaciones judiciales tendientes a la correspondiente aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
La agrupación H.I.J.O.S Capital también intervino en el debate en ese sentido: “No fue un asado, fue una presentación del Plan estratégico del Ministerio de Justicia, del que participaron sus trabajadores, y como suele suceder estas actividades siempre tienen un catering y brindis, y así fue en este caso”, afirmó Camilo Juárez. Aseguró también que “esto tiene más que ver con que Alak es el ministro que está defendiendo fuertemente la Ley de Medios”.
Una reflexión necesaria
En momentos de tanta polarización, resulta interesante hacer el ejercicio de pensar algunos otros elementos que ayuden a complejizar el debate que se instala en la sociedad. Quizás, más allá de criticar el menú tristemente elegido, por más válida que pueda ser la crítica, pueda ser un momento productivo para pensar, por ejemplo, en lo que afirma Patricia Walsh respecto al uso del ex campo de deportes de la Armada, donde se supone que están los restos de su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh y de Raimundo Villaflor, entre otros. Tal vez, sea momento de poner fuertemente en cuestión que aún no se están realizando peritajes en la zona.
Por otro lado, y en esto tiene que primar la cautela a la hora de dar la discusión de cara al conjunto de la sociedad, cabe recordar que el “qué hacer” con los ex centros clandestinos de detención fue y es un debate que atravesó a todos los organismos de derechos humanos y muchas organizaciones políticas comprometidas con su defensa, y que no fue sencillo ni consensuable. Por un lado, se encolumnaron quienes, como la Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, afirmaban que se debía seguir un “modelo Auschwitz”, en referencia al centro de exterminio nazi, que hoy funciona como un museo de la memoria, donde se intenta recrear, de alguna forma, lo vivido en horror, de una forma pedagógica y vivencial, pero tratando de sostener el espacio ligado fuertemente a la “memoria histórica”, al recuerdo y al intento de comprensión. Según sus propias palabras, “deben ser el reflejo de lo que allí sucedió; no es posible reemplazar lo ocurrido en esos lugares por banalidades de ningún tipo, mucho menos asados, brindis, o anuncios gubernamentales”.
Por otro lado, organizaciones como Madres de Plaza de Mayo o H.I.J.O.S, consideraban que los ex centros clandestinos, como la ESMA, debían transformarse en espacios de “memoria viva”, donde pudieran participar organizaciones sociales y de derechos humanos, se realizaran actividades culturales, sociales y políticas, y que de esa forma se resignificara el espacio, sin, obviamente, olvidar ni dejar de mencionar el terror vivido en su interior en ese momento, pero buscando la forma de llenar de militancia, de vitalidad, lo que fuera un sitio de tortura y horror.
Puntualmente sobre el predio de la ex ESMA, el acuerdo entre la gran mayoría de las agrupaciones de derechos humanos, fue que el Casino de Oficiales se conserve como sitio histórico, con visitas guiadas, y el resto del predio fuera utilizado para actividades culturales, sociales, políticas o educativas.
Que esos temas puedan ponerse en discusión y que se incorpore a lo mejor del sentido común que es correcto que los ex centros clandestinos de detención estén destinados a ser espacios para la memoria, que se les haya arrebatado a las Fuerzas Armadas y puestos en manos de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado, es en sí mismo un hecho a valorar y defender porque nos devuelve como sociedad la capacidad de reflexionar y debatir qué hacer con ellos.
No es un debate sencillo, pero sí necesario y excede la polarización social respecto al apoyo o no al gobierno nacional. Si en ningún tema los actores son neutrales, en materia de derechos humanos, tampoco. El simple hecho de apropiarnos como sociedad de esos lugares le cierra la puerta en la discusión sobre ese “qué hacer” a aquellos sectores del poder político, mediático y económico que aún hoy siguen abonando a teorías de los dos demonios, o que abonan a la idea de una “guerra justa” para referirse a un genocidio.