Por Florencia Puente, Elis Soldatelli y Gerhard Dilger.
En el dossier conjunto entre Marcha y Contrahegemonía, entrevistamos a la historiadora, especialista en movimiento obrero, que repasa las continuidades entre los años de la Dictadura en la Argentina y la actualidad, respecto de la represión de las y los trabajadores y su pérdida de derechos laborales.
¿Cuáles creés que serían las principales continuidades en torno a los procesos de disciplinamiento y represión del movimiento obrero en la actualidad?
Por un lado, creo que hay continuidades estructurales. Para poder entender algunos desafíos del mundo del trabajo hoy el ciclo que comienza a mediados de los 70 -no sólo en la Argentina sino a nivel regional e internacional- marca un punto de inflexión. Por supuesto, nunca las rupturas son completas, pero sí hay una transformación a nivel sistémico, y eso creo que tiene que ser el marco de un análisis del proceso argentino: no es la Argentina únicamente la que tiene un golpe de Estado en ese momento ni que transita una dictadura, sino que hay un conjunto de dictaduras en América Latina, en Brasil, Uruguay, Chile, pero también en Bolivia y en varios países, incluso en los que no tuvieron dictaduras, la cuestión laboral pasa a ser el centro de una ofensiva en esa década. Entonces sí creo que en términos estructurales este aniversario de los 40 años nos convoca a desarrollar algún tipo de mirada que nos permite comprender que, aun cuando hay etapas muy distintas en términos de las construcciones políticas -porque claramente hay un punto de inflexión muy grande en nuestro país en 1983 con la vuelta a la democracia y hay una cantidad de derechos y de relaciones que se reconfiguran-, hay otros condicionantes que tienen una influencia que va mucho más allá, que tienen un plazo y un impacto de distinto tipo.
Por eso la transición a la democracia estuvo fuertemente condicionada por estas transformaciones estructurales que se operaron en la Argentina, específicas en cada país, pero el contrapunto Argentina-Brasil es muy útil para iluminar eso. El punto en común más importante en términos latinoamericanos fue la configuración de las relación entre capital trabajo y un fuerte retroceso de los trabajadores en términos de su participación en el ingreso, de sus derechos de organización, de sus derechos sociales, en general, y de su capacidad política también.
Me parece que este aniversario de los 40 años no es un tema únicamente para la Argentina, va a haber delegaciones sindicales de la Coordinadora Sindical del Cono Sur pero además delegaciones sindicales de distintos países y regiones que confluyen con orientaciones y formas de construcción sindical y política muy distintas en comprender al aniversario argentino como interpelando a la región en su conjunto y al movimiento sindical mundial.
Y yendo más al rol de las empresas, ¿cómo se tejen las complicidades con las dictaduras en los setenta y cómo se reactualizan en democracia con los gobiernos?
Este proceso que se dio en la Argentina de poder pensar a la dictadura no en términos únicamente de un proceso político, sino como resultado de una confrontación de sectores sociales y, en particular, en clave de capital-trabajo, lo que permite es ubicar actores que son invisibilizados, como las empresas. En particular, al poder económico y a determinadas fracciones de la clase empresarial en la Argentina que marcan, además, la relación entre ese pasado y este presente. Entonces, las investigaciones que tendieron a tratar de remarcar el papel del empresariado en ese proceso -y en particular, en la política represiva- iluminan un sendero que nos permite ubicar actores cuyo poder no se quedó restringido a los setenta, sino que tienen enorme poder en la actualidad. Y eso es otro factor de por qué no estamos conmemorando algo que implica rendir un homenaje a algo que pasó, sino que implica poder pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos.
¿Cómo se pueden pensar, entonces, los procesos de justicia y la demanda de derechos humanos en el marco de estas complicidades?
El caso argentino es muy interesante porque, en realidad, partió de esta conceptualización inicial de la dictadura en términos de fuerzas armadas confrontando con un conjunto de organizaciones políticas y político militares, y son ellas las que, en realidad, son el eje del primer proceso de judicialización -el Juicio a las Juntas-, donde se enjuicia tanto a la cúpula de las fuerzas armadas como a la cúpula de la guerrillas. Esta lectura en clave política de la guerrilla tuvo una traslación en los años 80, donde se trataba de ajustar cuentas judicialmente con estos actores, que eran los que se visibilizaban en este momento. Sin embargo, aun desde ese esquema, lo que se vio desde los años 80 e incluso durante la dictadura, fue una fuerte denuncia de la política represiva respecto de los trabajadores. Y hay causas judiciales, abiertas, por represión a los trabajadores, muchas de ellas, por supuesto, sin destino, en el Estado del poder judicial que tenían durante la dictadura. Pero hay todo un intento de visibilización, hay mucho material político de la época que registra el proceso de represión en las fábricas, la presencia de los tanques, la propia prensa refleja parte de esta ofensiva tremenda. En los años 80 todo esto apareció en la Conadep: hay un registro muy importante de la represión a los colectivos, por ejemplo los trabajadores de los ingenios, en particular de Ledesma; a los trabajadores de los astilleros de zona norte; del caso Ford, del caso Acindar. Muchos de los casos en los que trabajamos en profundidad hoy estuvieron detectados en los años 80, y que en algunos casos, como en el caso Acindar, ameritaron envíos espaciales de la Conadep que constituyeron comisiones de recepción de la información ahí. Lo consideraron tan importante que no convocaron a algunos trabajadores, sino que fueron al lugar a recoger documentación.
Pero estos sujetos, de algún modo ocultos, comenzaron a visibilizarse recientemente, por un lado por parte de investigaciones en los años 80, y en la década del 90 en el terreno judicial, por ejemplo a partir de la denuncias de una política represiva contra los trabajadores, que hizo la CTA frente a Baltazar Garzón. A fines de los años 90 también, en la iniciativa que se plasmó en los juicios por la verdad, que fue en el contexto de un cierre del proceso de judicialización a partir de las leyes de obediencia debida, de punto final y del indulto. En estos juicios por la verdad empezaron a escucharse las voces de los trabajadores.
En mi caso, trabajo sobre el caso Alpargatas, que es un caso muy difícil. Me llevó años investigar porque la industria textil fue muy herida en los años 70 y luego en los 90, entonces se desmanteló casi totalmente la organización. Casi todos los trabajadores que habían sido textiles ya no lo eran más, eran muy difíciles de rastrear. Y los Juicios por la Verdad fueron una fuente central para ver la cuestión represiva, porque muchos sectores que ni habían sido escuchados, empezaron a hablar, a contar la historia de un hermano, un hijo, un primo una tía, una compañera; y empezaron a reconstruir sus militancias. Y algunos de los testimonios son impresionantes, porque la propia familia, por ejemplo, relata o va a referirse a la desaparición de un trabajador, y cuando le preguntan si era militante, dicen que no, que era delegado. Y agregan: “Lo que pasa es que hubo un conflicto en el 77 y el salió a defender a los trabajadores y llamar a que hicieran una huelga, e hicieron una huelga, y lo desaparecieron dos semanas después”. Y en la fábrica le dijeron: “No lo busque más”. En este proceso judicial aparece sin duda la cuestión de los responsables de las fuerzas armadas pero empieza a abrirse el abanico respecto del entramado de las fuerzas que sostuvieron la dictadura. Y ahí es donde aparece primero qué dispositivos represivos utilizaron y también la cuestión de la violencia de género, la violación como un tipo de política represiva en particular, con un desarrollo enorme, que implicó protocolos judiciales, que implicó hablar de una temática que en general se evitaba, para evitarles vergüenza a las víctimas, para no sacar temas de que ni el propio tribunal quería hablar. Y se abrieron otros campos, como la participación de la jerarquía eclesiástica como clave para entender el proceso represivo, o el accionar del poder judicial. Hay investigaciones muy interesantes sobre cómo actuó, por ejemplo, con respecto a la apropiación de niños y niñas, que aparece como otro delito de enorme importancia.
En este marco empezó a registrarse muy fuertemente la participación del sector empresarial, el papel de las empresas en este proceso y la represión a los trabajadores como un núcleo central. Cuestión que es muy difícil de trabajar porque implica aprender otras dinámicas. Y lo que dije respecto de los testimonios en los Juicios por la Verdad también es aplicable al Poder Judicial. Poder pensar la actividad sindical no es algo obvio. Los funcionarios del Poder Judicial no necesariamente tienen que entender la dinámica sindical, ni las formas de organización, ni qué se juega dentro de un lugar de trabajo. Y todo lo acumulado respecto de la responsabilidad de las fuerzas armadas no se traslada automáticamente a otros responsables. Para pensar el sector empresarial, a las corporaciones económicas, tenemos que hacer un desarrollo. Pensar cuál es la cadena de mandos ahí, cuál es la estructura, si se trata de individuos sueltos o son funcionarios empresariales, en calidad de qué actúan, cómo pensar la tarea sindical, porque además los sectores sindicales fueron muy diversos. Existieron distintas corrientes, en parte enfrentadas, entonces cómo entender el proceso represivo. Esto que surgió en el proceso de justicia en realidad implica un desafío monumental. Ahí es donde creo que la investigación, el campo de producción científica, tecnológica y universitaria, tiene mucho que aportar.