Por Mario Hernandez
Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encaró una campaña de venta de tierras públicas, desde terrenos ferroviarios y parques, hasta edificios como el de Bolívar 1, patrimonio histórico de la Ciudad. En ese marco, avanza en la Legislatura un proyecto oficial que propone la creación del Complejo Hospitalario Sur, alrededor del Hospital Muñiz, que implica la mudanza y fusión de cinco hospitales, rebajados a institutos.
Las comunidades afectadas denuncian que se perderán especialidades y cientos de cargos médicos, y que el objetivo final es el negocio inmobiliario, producto de la venta de los predios donde actualmente funcionan los hospitales.
Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero con sus ventas obtendrán 123,7 millones de dólares, y se “ahorrarán” más de cien millones de pesos al tener que limpiar y mantener un solo centro de salud, y ya no cinco. Esa estimación no fue realizada por el organismo oficial, el Banco Ciudad, sino por L J Ramos (brokers inmobiliarios).
Se trata de un ambicioso proyecto que el actual Presidente, no logró concretar: el Complejo Polivalente Hospitalario Sur. El plan pretende trasladar los hospitales monovalentes de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de Oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.
Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos muy grandes, en ubicaciones preferenciales, y con un alto valor de mercado.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.
El jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.
“El proyecto implica un achicamiento a las prestaciones del Sistema Público y una reducción de la inversión en Salud que afecta a la población más vulnerable”, sostiene un comunicado de la asamblea de trabajadores. Y advierte que “constituye un ataque a los trabajadores de la salud precarizando sus condiciones laborales” y esconde un gran “negocio inmobiliario”.
En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean “demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.”.
Trece hospitales casi listos sin funcionar
La lista abarca desde un infantil en Catamarca hasta centros de Medicina Nuclear. La mayoría superaban el 85% de ejecución hace dos años y medio, pero la gestión Cambiemos no los continuó. Vidal dijo que no inaugurará los seis frenados en Provincia, según consigna Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.
En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82%. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.
A fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear–Núcleovida, que preveía invertir 4.300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de “ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país”.
El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. “La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal”, informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.
En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento “pero la obra todavía no está terminada”. Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.
A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: “Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo”. Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3.500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo.
En el Conurbano
La gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las Universidades, fue franca con el tema: “No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia”, había dicho antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.
Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: “La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere”.
Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
Con más de $ 1.300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500.000 personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río.
Las y los médicos y demás profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata nucleados en CICOP y ATE denunciaron la grave situación edilicia del nosocomio y volvieron a reclamar por una nueva convocatoria a paritaria, por la falta de personal, las recurrentes filtraciones de agua y la presencia de roedores.
En una conferencia de prensa brindada en el predio hospitalario de 14 y 66, el personal puso énfasis en los constantes cortes del suministro de electricidad y las complicaciones causadas por las inundaciones derivadas de las filtraciones a través de los techos.
En ese marco pidieron por la finalización de las obras que se están llevando a cabo “ya que no están garantizadas las condiciones de trabajo”.
Ariel Longuinho, delegado de CICOP, sostuvo que “el sistema de salud está inmerso en una situación crítica, y de parte de las autoridades no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos acordado, en paritarias anteriores, distintas mesas de trabajo, una de ellas era infraestructura y hoy no se están llevando a cabo, no encontramos ese espacio de diálogo junto al gobierno”, afirmó.