Luego de movilizaciones y protestas de pobladores de los departamentos de Cajamarca y Celendín, en la región norandina de Perú en contra del proyecto minero Conga, el gobierno suspendió las operaciones.
Ayer por la mañana, en el sexto día de movilizaciones, los manifestantes intentaron ocupar las instalaciones de la minera Yanacocha, pero fueron reprimidos por la policía. Al menos, dieciocho personas, incluyendo seis policías, fueron heridos durante la represión.
Al cierre de esta edición, el gobierno peruano anunciaba la suspension de operaciones del proyecto Conga, haciendo hincapié en la premisa de que “los proyectos mineros deben enmarcarse en el desarrollo y la concertación con la población, despejando toda desconfianza y garantizando el agua prioritariamente para consumo humano”, según señaló el presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghittis.
Las protestas de los pobladores – campesinos en su mayoría – se hicieron sentir con fuerza con el cierre de las principales vías de acceso a los departamentos desde el domingo, 27 de noviembre. Las comunidades denunciaron que el proyecto Conga causará un fuerte impacto ambiental en la región, afectando las reservas de agua y, consecuentemente, la agricultura y sobrevivencia de sus habitantes.
La minera responsable por el Conga, la Yanacocha, sostiene que el proyecto contempla secar cuatro lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca en zonas altas de la región. La empresa es la más grande aurífera de Suramérica y actualmente es propiedad de la compañía estadounidense Newmont. El costo total de proyecto estimado en 4,8 millones de dólares.
Renuncia y más movilizaciones
El martes, el viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, renunció a su cargo frente a las presiones ejercidas por los manifestantes. El viceministro argumentó que no existe una “estrategia adecuada para enfrentar los conflictos sociales”. Echave aprovechó la situación para manifestar su desacuerdo con la decisión del gobierno nacional de crear una autoridad dentro del ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros que se encargará de temas relativos a las fiscalizaciones ambientales y estudios de impacto ambiental.
“Creo que ese anuncio no ayuda a construir y consolidar una autoridad (ambiental) fuerte, importante, como era lo que se pensaba hacer, más aún en un país donde la principal fuente de conflictos sociales tiene que ver con temas ambientales. Me da la impresión que no va en la buena dirección”, dijo Echave.
Ayer la la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor gremio sindical del país, convocó a una marcha de protesta a realizarse hoy en rechazo al proyecto minero Conga y también en contra de la concesión del puerto limeño del Callao.
El presidente del gremio, Mario Huamán, afirmó que el presidente Humala debe ordenar que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Además, cobró del presidente su promesa electoral de declarar nula la concesión del puerto limeño del Callao, entregada por el Gobierno de Alan García (2006-2011).
Según anunciaron al cierre de esta edición los funcionarios peruanos en conferencia de prensa, la decisión de frenar el mega proyecto minero no son definitivas sino que buscan “recuperar la confianza del pueblo”.