En julio se reanudaron las protestas que exigen la renuncia de la presidenta del Perú. Durante estas manifestaciones se reportaron más personas heridas, que se suman a las miles contabilizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El camino legal que se sigue para obtener justicia inició de forma improvisada y aún no se evidencian resultados.
Por Nicol León | Foto: Lizbeth Hernández
9 y 53 de la noche. 12 de diciembre de 2022. Nueve personas corren en dirección hacia el cordón policial que impide el paso a la plaza San Martín, ubicada en el centro de Lima. Detrás de ellos, camina un joven de polo blanco. Lleva una mochila y usa máscara de gas y casco. Alza el puño y segundos después un destello de luz atraviesa la multitud para chocar contra su cabeza. Cae al suelo. Cinco personas se acercan a socorrerlo. Todo queda registrado en un video.
“Recuerdo que estaba en una ambulancia y que estaba todo lleno de sangre. Pero no podía ver bien porque estaba con el ojo super inflamado. (…) El médico que me auxilió con el SAMU (ambulancia) me comenta que la Policía le lanza un gas lacrimógeno dentro de la ambulancia solo por haberme auxiliado”, cuenta Renato Murillo, el primer joven herido de gravedad durante las protestas contra Dina Boluarte.
La madrugada del día siguiente, Renato -también bombero y estudiante de Derecho- ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, uno de los centros de salud más grandes de Lima. Le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y su pronóstico fue reservado durante las semanas siguientes.
Meses después, en abril de 2023, a la evidencia audiovisual del ataque que sufrió a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se sumó su testimonio y su historia clínica.
Sin embargo, al cierre de julio, su caso junto con el de otras 49 personas muertas y 1335 heridas registrados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, aún se encuentran en una etapa preliminar. Es decir, no hay avances significativos ni una identificación de los responsables. Tampoco una acusación fiscal.
Esto se debería al desorden en el que se vio inmerso el proceso de investigación fiscal, cuando se reportaron las primeras personas heridas y muertas; y a la cuestionable reacción que tuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que desde el Ministerio Público se reconozca a los altos mandos policiales que estuvieron a cargo de los policías que reprimieron a los manifestantes.
DENUNCIAS ARCHIVADAS
Rosa Reyes, mamá de Renato, llegó al hospital la misma noche en que su hijo sufrió un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. El comunicado del hospital Loayza, con datos erróneos sobre los heridos reportados, le generó un mal presentimiento, por lo que fue a preguntar por el estudiante al centro de salud.
Le dijeron que esperara a que el médico saliera del área de traumashock para conocer el diagnóstico.
“Me habló de que tenía fracturas, que era grave porque era en la cabeza, que aparentemente lo tenían que derivar a UCI, que su pronóstico era reservado y que no se atrevía a decirme nada más por la gravedad de la situación. Me preparó, en otras palabras”, cuenta la mamá de Renato.
Al día siguiente, un representante de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos se acercó al hospital y le comunicó que supo del disparo que recibió su hijo por los medios de comunicación.
Rosa Reyes le brindó su testimonio. Pero cinco días después llegó a su casa un requerimiento de una Fiscalía común, que le pedía a su hijo acercarse para que declare lo que había ocurrido.
“Ahí es donde me llama el fiscal de esta Fiscalía penal pidiéndome la ropa de Renato, la evidencia. (…) Les señalo que me sorprende que como Fiscalía penal se hayan tardado en aparecer. (…) Yo no podía ir, por eso es que sí agradecí que al menos la otra Fiscalía (de Derechos Humanos) se haya tomado la molestia de ser empática e ir donde yo estaba cuidando a mi hijo”, narra.
Así es como dos Fiscalías se enfocaron en investigar las circunstancias en que Renato Murillo fue herido con una bomba lacrimógena en el cerebro. Esto tuvo repercusiones negativas en el proceso para alcanzar justicia.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, explicó que este es un patrón que se ha repetido en los casos de muertes y heridos durante protestas sociales que han representado legalmente desde 2003.
Todas las denuncias que acompañaron fueron archivadas cuando quedaban en manos de Fiscalías comunes porque estas pretendían identificar a los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes heridos o fallecidos.
“Eso generalmente es imposible porque la propia Policía y el Ejército hacen que sea imposible. Por ejemplo, incluso en el caso de Renato, se observa que hay un disparo, pero esa imagen no basta para identificar al policía porque ellos no llevan signos distintivos que sean legibles a distancia”, agregó.
Al no identificar al policía que disparó contra el estudiante, en marzo de 2023 la Fiscalía común que tomó el caso de Renato Murillo decidió enviar al archivo la denuncia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como representante legal del estudiante, pidió que todo lo recabado en la indagación fiscal sea remitido a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos.
A diferencia de las otras fiscalías, esta se encarga de identificar a los altos mandos policiales responsables de los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes durante las protestas sociales. El Poder Judicial aceptó el pedido.
¿ESTRATEGIA FISCAL?
Fue así como el caso de Renato Murillo se sumó al de otros cientos de heridos y decenas de muertos, que tomó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), creado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en abril de 2023.
Este grupo de trabajo se implementó meses después de que la misma Benavides decidiera reducir las 12 sedes de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos a una Fiscalía Superior en todo el país y seis Fiscalías supraprovinciales.
El personal y el presupuesto se redujo y eso se vio reflejado también en EFICAVIP, a pesar de que se anunció como una evidencia del compromiso que Benavides afirmó tener para investigar las circunstancias en que manifestantes murieron y quedaron heridos.
En las resoluciones que oficializaron la cantidad de fiscales destinados para este trabajo se lee que se destinaron solo 12 y les dieron un plazo de tres meses para mostrar resultados de las investigaciones. Cuando se venció el tiempo, en junio de 2023, sumaron más fiscales, pero nuevamente solo los contrataron por la misma cantidad de tiempo.
“Todavía no hay suficientes pruebas como para construir una o dirigir la investigación contra personas específicas”, explicó Mar Pérez, en referencia a los altos mandos policiales responsables de los efectivos que se encontraban en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.
Al igual que Renato Murillo, otros ciudadanos recibieron un impacto de bomba lacrimógena en el cerebro. Algunos sobrevivieron y otros fallecieron, como el ciudadano Víctor Santisteban, cuyo caso es el más investigado en EFICAVIP, según Mar Pérez. Fue la primera persona reportada como fallecida en Lima durante las protestas que exigen la salida de Dina Boluarte.
“Es particular porque ese mismo día hubo varias personas heridas de gravedad. Pero este caso lo han separado del resto. Yo creo que es porque quieren ofrecer resultados a la ciudadanía”, comentó Pérez
A la par, la Fiscalía de la Nación aún continúa recabando pruebas en la investigación que siguen a Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas, y al ministro de Defensa, Jorge Chávez, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La última diligencia que esta entidad realizó fue solicitar información clasificada para conocer cómo actuó la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas durante las protestas.
Durante su discurso por el Día de la Independencia del Perú, el pasado 28 de julio, Boluarte aseguró que cooperará con el Ministerio Público y que los casos de muertos y heridos no quedarán impunes.
En tanto, familiares de los heridos, como Rosa Reyes, esperan que la justicia llegue pronto.
“(El caso de Renato) hay que tomarlo como una experiencia milagrosa porque sobrevivió, pero definitivamente hay culpables y tiene que haber justicia porque hubo una violación de derechos humanos”, señaló.