Por Pablo Ferreyra*. La tercerización y la precarización laboral en la Argentina; el sindicalismo y el empresariado nacional en concordancia con un crimen político. Se abre un debate necesario en términos políticos que implica a la clase trabajadora.
Comienza hoy el juicio oral que culminará el proceso de búsqueda de justicia para Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado durante una protesta de empleados tercerizados del ex Ferrocarril Roca, donde otros tres manifestantes recibieron heridas de bala. A todo lo ya escrito, y a la marea de notas que inundarán los periódicos esta semana detallando el plan asesino de la cúpula de la Unión Ferroviaria, quiero sumar parte de la discusión de fondo, una discusión que revela las obscenas formas de precarización laboral y sindicalismo empresario que concluyen en este tremendo crimen político.
Como hermano de Mariano, considero que el inicio del juicio abre un marco de debate necesario para impulsar una campaña de discusión acerca de las tercerizaciones. Dicho debate plantea el doble desafío de instalar el tema de la tercerización y la precarización laboral tanto en la agenda política como en la población trabajadora.
El punto de partida del fenómeno de la tercerización puede ubicarse en la década de 1990, momento en que la desocupación crece de forma sostenida y el avasallamiento de los derechos de los trabajadores por parte de los empresarios se vuelve moneda corriente, siendo además legitimado y sostenido por el poder político. El mecanismo más utilizado en este tipo de prácticas consiste en la contratación de una empresa para la realización de servicios no tenidos en cuenta como principales por parte de una empresa madre. La consecuencia es que los trabajadores subcontratados son despojados de las protecciones sociales que proporciona la legislación laboral a los empleados directos.
En relación a los salarios, los trabajadores tercerizados reciben una remuneración notablemente inferior por la misma tarea, y son numerosos los casos en los que no se aplican las normas que regulan el salario mínimo ni los convenios colectivos correspondientes. Por otra parte, esta forma de contratación implica el sostenimiento de jornadas más largas de trabajo, bajísimas tasas de sindicalización y, principalmente, una gran inestabilidad en el empleo, haciendo caso omiso al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia conforme el cual el trabajador es “sujeto de preferente tutela constitucional”.
El contexto actual de nuestro país marcado por las mejoras a favor de los asalariados, como la instalación de paritarias periódicas y obligatorias y el aumento de la sindicalización y de la participación de los trabajadores, abre un marco propicio para debatir las diversas propuestas de lucha contra la tercerización y la precarización.
La persistencia de formas de precarización laboral, entre las cuales la tercerización ocupa un lugar de importancia, da cuenta de la urgencia de un debate más profundo acerca de las condiciones de trabajo de los obreros en nuestro país. Como desafío futuro se plantea la necesidad de construir canales de diálogo con el Ministerio de Trabajo, para encontrar el modo de medir, registrar y, fundamentalmente, establecer rigurosos mecanismos de control sobre los procesos de tercerización, como así también con los distintos actores del mundo político, sindical y productivo, con el fin de apoyar las modificaciones en la legislación laboral e instalar la discusión en cada lugar de trabajo y ante cada atropello a los derechos de los trabajadores argentinos.
*Hermano de Mariano Ferreyra.