Por Agustín Bontempo / @agusbontempo
Ayer se conoció la resolución que apunta a reglamentar el uso de pauta oficial. Analizamos las falacias disruptivas y estrategia hegemónica del gobierno nacional.
El Secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, firmó ayer una Resolución para reglamentar el uso de la pauta oficial con el objetivo de “mejorar la comunicación del Sector Público Nacional con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar la transparencia”, según reza su Artículo 2°.
La norma tendrá vigencia a los 60 días de ser publicada en el Boletín Oficial y es allí donde se verán los alcances democráticos que esboza, pero en su escueto contenido ya señala algunas cuestiones.
¿Una resolución federal?
El supuesto carácter objetivo de la norma despierta, cuanto menos, algunas dudas. En principio, la Secretaría de Comunicación Pública deberá desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial que contemple a los diferentes organismos centralizados y descentralizados, con el fin de proveer a la ciudadanía la información pertinente para el desarrollo democrático en todo el país.
Para tal fin, cada organismo debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se destacan el costo de producción y difusión, presupuesto estimado o las “Características que deben reunir los medios de comunicación” para que la campaña sea eficiente. Es decir que cada organismo determinará dónde publicar la información que quiere compartir.
Este punto es interesante desde dos ópticas. La primera es en base la crítica que el gobierno que encabeza Mauricio Macri le hacía al kirchnerismo sobre la discrecionalidad en el uso de pauta oficial. Con este ítem, solamente se profundiza e institucionaliza dicha cuestión.
Por otro lado, es llamativo que las “características” de los medios no estén especificadas con más detalle. Aunque esto cambia cuando entendemos que, tal como afirma Adrian Murano en un artículo reciente en Tiempo Argentino, desde que Cambiemos se hizo cargo del Estado y del sistema de medios, la distribución de pauta oficial no fue equitativa. Así, el Grupo Clarín absorbe el 17,9 por ciento de pauta y lo sigue, a buena distancia, el Grupo Índalo, de Cristóbal López, con el 8,3 por ciento. Como menciona Murano, también es llamativo que el Diario La Nación absorbió el 5,3 por ciento, superando a Telefé y América (ambos canales de TV), siendo que el macrismo tenía como excusa de difusión los espacios de mayor audiencia. Si bien esta lógica es discutible, está claro que, de cualquier modo, el amiguismo empresario es lo que determina las acciones.
¿De que presupuesto hablamos?
La Resolución habla de una partida presupuestaria para el Plan Anual de Publicidad Oficial, contemplando un 10 por ciento que debe estar reservado para emergencias de carácter natural, catástrofes, entre otros.
Asimismo, tiene algunos puntos que se presentan como “objetivos” desde el espíritu de la norma, pero que claramente están direccionados. El presupuesto se distribuirá según el alcance de los medios, la zona geográficas y, según se establece, fomentando el federalismo y la pluralidad de voces. Para este último punto, hay una referencia a medios sin fines de lucro, pero que deben acreditar requisitos y definiciones técnicas del Ente Nacional de Comunicaciones. Como ya hemos anunciado en otro artículo cuando empezábamos a ver la cintura del macrismo en materia de comunicación, cuesta creer en la “objetividad” de este organismos que es, por naturaleza, restrictivo.
Otro punto importante es hacer coincidir estos tres ítems, especialmente el que apunta a fomentar el federalismo, cuando algunos artículos más arriba se menciona, como ya dijimos, que son los propios organismos los que determinan dónde se puede difundir cualquier información, a partir de requisitos excluyentes y de participación pública inexistente.
Más allá de este análisis, aún queda la pregunta sobre cuánto dinero se pondrá en circulación. La norma no lo dice, pero Adrián Murano, que recupera un informe de Remo Carlotto basado en información proporcionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros conducida por Marcos Peña, si. Y es así que frente a los 50 millones de pesos gastados por el actual gobierno en diciembre de 2015, hacia julio de este año la cifra haciende a 224 millones. Al igual que las tarifas de servicios, el incremento es de casi el 500 por ciento.
Ante la consistencia de este dato tal vez no sea necesario ahondar acerca de cómo se maneja el dinero de las y los ciudadanos ni introducirnos en la cínica manipulación que tanto el gobierno anterior como el actual hacen sobre la pauta oficial. Aunque tal vez sea peor que lo haga aquel que señala con el dedo acusador.
Sin participación popular
Finalmente, aunque resulte obvio, la ciudadanía (organizada o no), queda afuera incluso del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), que vendría a ser el órgano encargado de velar por el legítimo y justo funcionamiento de la Resolución en el marco de qué medios recibirán la publicidad.
Hay varios puntos sobre lo que se debe controlar que en su letra no parece descabellado, tal como la identificación de propietarios, alcance geográfico, cumplimiento de las leyes vigentes, etcétera. El problema es cómo podrán transmitir garantías a la sociedad.
En este contexto donde el gobierno se controlará a sí mismo acerca de la correcta utilización de la pauta oficial, todos los puntos sobre lo que no se puede hacer, tal como promover intereses partidarios o de funcionarios, difundir mensajes que directa o indirectamente se refieren a campañas electorales, entre otros puntos, el gobierno los puede desarrollar sin temor a represalias en caso de incumplimiento.