Por Lisbeth Montaña / Fotos: Lisbeth Montaña y Paro Migrante
Las personas migrantes, unidas en solidaridad, estamos rompiendo fronteras. Por eso paramos el 30 de marzo y nos movilizamos, para visibilizar nuestras vidas y problemáticas y sumar voces para la derogación del decreto 70/2017, discriminatorio y anticonstitucional.
Este 30 de marzo las y los trabajadores migrantes de la Argentina desarrollarán la primera jornada nacional de protesta en contra de las medidas políticas que durante el gobierno de Mauricio Macri se han venido imponiendo y que afectan a casi 2.000.000 de migrantes, casi el 4, 6 por ciento de la población argentina. Y que son quienes se encuentran en todo el mundo el ojo del huracán fruto de las medidas xenófobas de los actuales gobiernos de derecha que apelan al discurso nacionalista para justificar políticas de miseria y exclusión.
Un decreto inconstitucional
En enero de 2017, mientras muchos disfrutaban de sus vacaciones de verano, Mauricio Macri firmaba el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), medida que modificó la finalidad inclusiva de la Ley de Migraciones 25.871 y la Ley de nacionalidad 346, ampliando los aspectos restrictivos del ingreso de personas de otras nacionalidades y facilitando la expulsión sobre las y los migrantes con un fuerte carácter discriminatorio, vinculando a la migración con el delito para hostigar a las colectividades que residen y desarrollan su vida en la Argentina.
Con este decreto, las y los migrantes con condena firme, cumpliendo condenas, con procesamiento en trámite, o por antecedentes penales que, según la apreciación de leyes argentinas sean merecedores de penas privativas de libertad, se les restringirá el ingreso y/o permanencia en el país.
Este decreto legisló en materia penal algo prohibido por la Constitución Nacional argentina, también modificó lo regulado en la ley del Procedimiento Administrativo acortando los plazos para acceder a la Justicia porque el decreto incorpora un régimen de expulsión “sumarísimo” que incluye la retención preventiva del migrante y restricción de un defensor público oficial, siendo además incompatible con el principio de unidad familiar y el arraigo que, hasta entonces, han sido eximentes para realizar expulsiones de personas migrantes con todo lo que ello implica.
La crisis que hoy sufren las personas migrantes de Argentina es la que muchos vienen sufriendo alrededor del mundo y que tan vehementemente se ha venido denunciando, debido a que el ciudadano migrante se ha convertido en el chivo expiatorio para justificar las políticas de miseria, exclusión y pocas oportunidades para vivir dignamente de los ciudadanos. Por lo tanto, el ciudadano y la ciudadana migrantes se convierten en blanco perfecto para lavar las culpas de las malas decisiones que los gobiernos han impuesto y en las que los mayores afectados resultan ser los y las trabajadoras.
La falta de trabajo, acceso a la educación y la salud han sido aprovechadas por los gobiernos y por los medios de comunicación para imponerle cargas y culpas a los ciudadanos migrantes y así poner en la agenda pública ideas xenófobas que recaen en los falsos discursos que apelan a decir que por culpa de los “extranjeros” el cumplimento de los derechos se vive a medias.
Las personas migrantes no somos ciudadanos/as de segunda categoría
Desde hace varios meses diversos espacios de migrantes donde bolivianos, peruanos, gallegos, colombianxs, paraguayxs, chilenxs, uruguayxs, senegaleses, armenios, mexicanxs, centroamericanxs y nacionales, empezaron a juntarse en Argentina debido a la preocupación en torno a las medidas migratorias que el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha tomado de forma inconstitucional vulnerando derechos y garantías constitucionales como el de defensa y el principio de inocencia.
Uno de los principales ejes de la lucha mancomunada es hacer notar a las y los ciudadanos de la Argentina que las personas migrantes no son ciudadanos de segunda categoría y que existen derechos que no se pueden vulnerar de forma inconstitucional para desarrollar medidas populistas sostenidas desde la xenofobia que apelan a decir que el migrar es un delito pero aquello que tiene que ver con la discriminación no lo es en ningún caso.
Las y los migrantes rompemos fronteras. América es nuestra
El primer escenario de unidad de este sector se dio el 24 de marzo donde se dieron cita diversos ciudadanos y colectividades de distintas partes del mundo, quienes hoy residen en Buenos aires ejerciendo distintas profesiones y oficios. Marchar en unidad dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y a 41 años del Golpe de Estado, permitió visibilizar las problemáticas que cada colectivo atraviesan en sus geografías y la situación actual en donde el ejercicio migratorio pasa a convertirse en un delito.
Este 30 de marzo será el segundo espacio de confluencia de todas estas colectividades y se darán cita desde las 17 horas para sumarse a la gran jornada de Paro nacional y para visibilizar en las afueras del Congreso Nacional, la problemáticas de las y los trabajadores, la situación de las mujeres migrantes y la grave violación de Derechos Humanos ante la implementación del DNU y la urgente necesidad de juntar muchas más voces para avanzar con la derogación de este decreto inconstitucional.
