Por Leandro Albani y Fernando Gómez. En apenas tres meses, el gobierno paraguayo del presidente Horacio Cartes aplicó fuertes medidas restrictivas contra la población. Frente a las protestas, el Ejecutivo respondió con represión.
Tres leyes neoliberales en tres meses. Esta puede ser una síntesis de las políticas tomadas hasta el momento por el gobierno de Paraguay, encabezado por el empresario Horacio Cartes. El panorama se desprende de una charla que Marcha y Resumen Latinoamericano mantuvieron con Paulo López, periodista paraguayo y miembro del periódico digital E’a, que desde 2008 viene realizando una labor de denuncia y pensamiento crítico en el mundo mediático del país.
Al referirse a la actual gestión, López señaló que en estos 90 días el Ejecutivo dictó la Ley de Alianza Público-Privada que, bajo el argumento de atraer inversiones extranjeras para el sector público, “permite concesionar bienes, servicios y recursos públicos por un plazo que puede ir hasta los cuarenta años”. En la normativa se estipula que la toma de decisiones al respecto serán tomadas de forma “unilateral por el Ejecutivo, por lo cual no lo estudia el Congreso”, indicó el periodista. A esto se suma que “en caso de controversia se establece la figura del arbitraje”, explicó López, pero “no se determina quién ni qué es” esa instancia. “De esta manera, Cartes queda habilitado a concesionar absolutamente todo: agua potable, cárceles, escuelas, hospitales, aeropuertos, rutas, electricidad, telefonía, todos los recursos y servicios públicos”, afirmó.
Las otras dos medidas aprobadas y promulgadas por el Ejecutivo fueron la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y la ley de Responsabilidad Fiscal. Sobre la primera, López alertó que “habilita a los militares a intervenir en cuestiones de seguridad interna bajo la supuesta lucha contra el terrorismo, contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”. En el segundo caso, el periodista resumió que la Ley de Responsabilidad Fiscal “no es otra cosa que la aplicación de los programas de ajustes dictados por el FMI”.
Entre los puntos que abarca la ley, recordó, se encuentran el congelamiento de impuestos a los sectores de mayor renta y elevar el costo de impuestos a los sectores con menos recursos. “El gobierno veta el impuesto a la exportación de granos en estado natural y aprueba la generalización del IVA a los productos frutihortícolas. Así se profundiza más la estructura tributaria injusta que rige en Paraguay donde casi el 60% de los ingresos se generan con impuestos al consumo. Con estas medidas la capacidad de consumo de la población disminuye mucho más”, detalló.
“En apenas tres meses, el gobierno de Cartes aprobó tres medidas radicales, con un amplio apoyo en el parlamento, dominado por los grupos conservadores”, aseveró López.
Medios y golpe de Estado
Antes de que Fernando Lugo asumiera la presidencia de Paraguay en agosto de 2008, las grandes cadenas mediáticas, encabezadas por los diarios ABC Color y Última Hora, apoyaron al ex obispo, recuerda López. Según el periodista, esto se debió “porque la gente ya estaba cansada de gobiernos del Partido Colorado”.
La cacería mediática contra Lugo comenzó cuando su gobierno intentó algunas tibias reformas, como en el caso de realizar un catastro rural en un país en el que, como bien lo explica López, el 85% de las tierras están en manos del 2,5% de los propietarios. “Las acciones que Lugo intentó hacer para formalizar (la tenencia de tierras) tuvieron un ataque fuerte y llegaron al juicio político en su contra, bajo el argumento que supuestamente estimulaba la confrontación de clases”.
Al analizar el rol de las grandes empresas de comunicación, López aseveró que el actual presidente Cartes “tiene el apoyo de casi todos los medios comerciales. Sus propietarios, como Aldo Aldo Zuccolillo de ABC Color, y el Grupo A.J. Vierci de Última Hora, dominan prácticamente todos los ámbitos de la economía paraguaya y están con mucho interés de entrar en todas las posibilidades de negocios que permitan las concesiones en el marco de la Ley de Alianza Público-Privada”.
Organizando la protesta
Luego del golpe de Estado contra el presidente Lugo, diferentes sectores sociales de Paraguay comenzaron un camino de reagrupamiento. Durante el gobierno del ex obispo se vivió un tiempo de “desmovilización y fragmentación muy grande”, explicó López. Ahora “se nota una rearticulación de los distintos sectores, sobre todo el público que va a ser uno de los más afectados”.
López puntualizó que este reagrupamiento de la protesta se vivió el pasado 29 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley de Alianza Público-Privada. Ese día, entre 60 mil y 70 mil personas se movilizaron en todo el país para rechazar la normativa. López manifestó que la respuesta del gobierno de Cartes fue “contundente”: “Una vez que termina la sesión parlamentaria proceden a dispersar la manifestación con una dura que dejó heridos y detenidos. Ahora todas las organizaciones están trabajando y articulando acciones hasta que se derogue esta ley”.