Por Belén Cano, desde Mar del Plata. Así lo señaló el fiscal Juan Pettigiani, al referirse a la responsabilidad de un policía que frecuentaba Dulcinea. Siete condenados con penas desde uno a siete años y una mujer eximida por ser víctima del delito de trata.
“Yo sabía, yo sabía, a los proxenetas, los cuida la policía”, cantaron decenas de personas en las puertas del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, luego de conocerse el veredicto en relación a la red de trata que operaba desde el prostíbulo Dulcinea, ubicado detrás del Estadio Mundialista de la ciudad. Los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Eduardo Jiménez (subrrogante) condenaron a siete de los acusados y eximieron de pena a una mujer acusada de captar y trasladar a una víctima dominicana, por considerarla también víctima de este delito. Entre los condenados, hay un policía de Drogas Peligrosas, Claudio Marcelo Campo, quien concurría frecuentemente al prostíbulo y, según la denuncia de las víctimas, cobraba unos 300 pesos a cada mujer para dar aviso de supuestos operativos.
Las organizaciones de mujeres y sociales que luchan contra el delito de la trata no dudaron en calificar el fallo como “histórico”. De hecho, era la primera vez que una causa de la ciudad llegaba a juicio oral y público. Anteriormente, las condenas dictadas fueron a través de juicios abreviados, que no sólo implican penas menores sino que también impide el debate de cara a la sociedad.
Uno de los puntos destacables del veredicto es que el Tribunal ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba Dulcinea (San Salvador 7274), el dinero secuestrado en la vivienda de la pareja de tratantes (89.816 pesos y 1.520 dólares), y una camioneta Mitsubishi Outlander, por ser instrumentos y producto del delito.
La red operaba con conexiones en República Dominicana y, de hecho, tres condenados son oriundos de aquel país. En el país caribeño captaron a las víctimas con falsas promesas de trabajo para un restaurante o una peluquería. Engañadas, llegaron al país y una vez en Mar del Plata se encontraron con que serían explotadas sexualmente. Con una deuda que abonar al líder de la red por el costo de pasaporte y pasajes, las mujeres debían dormir y hacer los “pases” en la misma cama. La falta de higiene era evidente, relataron. Una de las víctimas indicó que estuvo un año y medio allí dentro y que cuando logró escapar lo hizo sin dinero: “Si hacía mil pesos, 500 eran para mí y 500 para ellos. Pero de esos 500 me descontaban 300 de alquiler y 200 para `protección´”.
Muchas de las víctimas tenían vínculos de parentesco con los proxenetas. Esto, sumado al lugar común de origen, “las colocaba en una alta situación de vulnerabilidad”, de acuerdo al fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, quien citó una sentencia anterior de este Tribunal, a través del magistrado Mario Portela –ausente por licencia-. “Para poder elegir es menester hacerlo dentro de un horizonte de posibilidades -argumentó Pettigiani-. Para que ese horizonte exista es necesario cierto conocimiento mínimo de las opciones vitales disponibles. Sin tales desaparece el horizonte y consecuentemente no hay elección. No hay autonomía y se lesiona la dignidad. Eso ni más ni menos, es vulnerabilidad.”
Los condenados, uno por uno
En limpio, Jorge Sánchez fue condenado a siete años de prisión por ser el líder de la red de tratantes. Su mujer, Orfelina Valdez Montero, recibió cinco años de pena por ser coautora del delito de trata doblemente agravado, por haber sido cometido en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas. La misma pena recibió el hijo de Sánchez, Fernando, señalado por las víctimas como el “encargado” del prostíbulo, quien cobraba “pases” y copas. Además era la persona encargada de imponer multas de 100 o 150 pesos por posibles quejas de los clientes/prostituyentes.
Por su parte, Campo fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por ser cómplice necesario del delito de trata. Fue acusado por la Fiscalía de tener a cargo la “cobertura institucional” del ilícito. Para graficar esto, Pettigiani citó al testigo y legislador porteño, Gustavo Vera: “Si tenían un policía recurrentemente dentro del prostíbulo, para las mujeres víctimas el Estado estaba dentro del prostíbulo”. Esto, reparó el representante del Ministerio Público, “generaba un efecto de terror y pánico en la víctima”.
Penas menores fueron impuestas a Carmela Concepción Colas y su pareja, Ángel Hernández. Ambos recibieron, por ser considerados cómplices secundarios, tres años de prisión en suspenso, por lo que pudieron irse caminando del Tribunal. El dominicano estaba a cargo de la seguridad de la puerta del prostíbulo donde eran explotadas mujeres; mientras que la mujer fue marcada como otra “encargada” del lugar por algunos testimonios, que dijeron que estaba detrás de la barra gestionando el local junto a Fernando.
En tanto, Reinaldo Eugenio Iacovone fue condenado a un año de prisión en suspenso, imputado como “cómplice necesario en el delito de petición fraudulenta de beneficio migratorio”, previsto en el artículo 118 de la Ley de Migraciones. En otras palabras, puso su firma en contratos truchos de trabajo para regularizar la situación migratoria de tres víctimas que eran explotadas sexualmente en Dulcinea. Si bien no quedó imputado, después de estallar el caso fue corrido de su cargo el entonces delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Fernando Scarpati. Quien quedó fuera del juicio por aducir problemas de salud fue el abogado Roberto Montecchia, acusado de realizar las mismas trampas legales.
Un párrafo aparte merece el caso de la acusada Rosa Adames Cruceta. Si bien una víctima declaró haber sido traída a Mar del Plata y luego llevada a Neuquén por la imputada, finalmente fue eximida de pena. Su defensora oficial, Ana María Gil, brindó un contundente alegato pidiendo la absolución de Adames, al contemplar el artículo 5 de la ley 26.364, que habla de la no punibilidad de aquellas personas que son víctimas de trata. Habló de su condición de mujer, pobre y migrante, de su pasado como víctima de violencia, de haberse visto obligada a casarse con un hombre mayor que la golpeaba, de dos intentos de suicidio y su condena a la prostitución ante la falta de alternativas de vida.
El Tribunal, de hecho, ordenó a la Subsecretaría de la Familia, Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a que instrumente un “plan integral de acción en resguardo de su persona”. Y realizó dos llamados de atención: uno dirigido a los funcionarios públicos intervinientes en la investigación al advertir que “no corresponde agregar al legajo fotografías que invaden aspectos íntimos, sean imputados o víctimas”, dado que a Adames se le tomaron imágenes desnuda. El otro, fue direccionado a los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenaron un examen de toxicología y otros estudios a la mujer, que nada tenían que ver con el proceso judicial.
La palabra de las víctimas
En las causas de trata, las víctimas no siempre llegan en condiciones de declarar, o el Estado las asiste sostenidamente para seguir en contacto con ellas. En este caso, se contó con un testimonio clave de una joven dominicana, que logró escapar acompañada por su actual pareja, y además se incorporó por lectura la declaración de otra víctima que denunció a los acusados.
A la hora de los alegatos, las defensas intentaron desacreditar las declaraciones de las dos víctimas que se atrevieron a hablar. Hasta se habló de “venganza” y “revancha”. Y en contraposición se intentó dar valor a testimonios de mujeres que dijeron que en Dulcinea tenían “total libertad” y se quedaban con todo el dinero de los “pases”. Pero cuando jueces y fiscal hurgaron en la historia de una de las mujeres, ella contó que había vendido su peluquería para venirse a Argentina, que no tenía dinero para volver, que como no tenía otro lugar donde dormir y trabajo en una peluquería no le darían por no tener documentos, tuvo que aceptar dormir y hacer pases con clientes prostituyentes en la misma habitación del inmueble.
Tras la lectura del veredicto, los presentes que colmaron la sala del Tribunal, aplaudieron en silencio. Afuera hubo algunos abrazos emocionados y comenzaron los cantos, que se extendieron hasta que los detenidos fueron subidos al camión del Servicio Penitenciario.