Por Mario Hernández Foto: Rosario3
Mientras la CGT se debate la fecha de la realización del proximo paro general, en el país se suceden los conflictos laborales y las pérdidas de fuentes de trabajo.
La CGT convocaría a un paro general en noviembre
La dirigencia sindical limitó las medidas de lucha contra el Presupuesto. De hecho no se cumplió el paro general con el que amagaron en los días previos. La Confederación General del Trabajo, CGT, se borró directamente. Los gremios cercanos al moyanismo y al kirchnerismo se dividieron entre quienes pararon y movilizaron y aquellos que ni siquiera llamaron a parar, aunque hayan movilizado, como es el caso de Aeronavegantes.
Mientras tanto la CGT confirmó para este miércoles su postergada reunión de Consejo Directivo, en la que se analizarán, entre otras cuestiones, las posiciones adelantadas públicamente por el binomio de conducción, Héctor Daer y Carlos Acuña, que virtualmente lanzaron un nuevo paro general.
“Estamos en la calle y con los compañeros para reclamarle a la CGT que el paro de 36 horas lo haga la semana que viene porque es tarde hacerlo después”, expresó Sergio Palazzo de La Bancaria.
Sin un consenso absoluto sobre la duración de la potencial huelga, los principales popes gremiales empiezan a coincidir en la idea de un paro general en la semana en que el G-20 se reúna en Buenos Aires.
Como respuesta, el Gobierno busca impulsar “una suerte de pacto anti despidos en el sector privado”, y así reconstruir el vínculo con los gremios peronistas e intentar neutralizar el paro”.
El Secretario General de la UTA, Roberto Fernández, quien se proclamó reelecto como Secretario General, por los próximos cuatro años, fue el primero en recoger el guante oficial al declarar que “si el Gobierno llama al diálogo, vamos a analizar si vamos al paro”.
Conflictos laborales
La fábrica de harinas Lagomarsino-La Caserita, ubicada en Avellaneda, suspendió a unos 40 trabajadores y trabajadoras, mientras peligra la continuidad laboral de 140.
El municipio de Avellaneda conducido por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi viene padeciendo cierres de fábricas como Gaelle (industria del calzado) y despidos como en Siam, emblema del municipio.
Las multinacionales cerealeras salieron a oponerse a los incrementos tributarios que avanzan en la Legislatura rosarina y que tienen como finalidad duplicar las partidas provinciales para el transporte urbano e interurbano de pasajeros. Como ha ocurrido otras veces, presionaron con la continuidad laboral como forma de negociar.
El diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, salió a contestarles porque entiende el proyecto como una medida de “absoluta justicia al cobrarles a los que más tienen” y agregó que “la Cámara Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario se comportan como extorsionadores y dueños de la provincia. Amenazar con despedir trabajadores y trabajadoras es un acto que revela su bajeza humana”.
Las patronales aceiteras vienen siendo algunas de las grandes favorecidas por la política del gobierno de Macri. Las grandes exportadoras y formadoras de precios multiplicaron sus ganancias con la disparada del dólar. Sin embargo las empresas no se contentan con eso. A pesar de que la megadevaluación licuó el salario de las y los trabajadores en su conjunto, sin importar qué porcentaje sacaron sectorialmente en las paritarias, se vienen sucediendo despidos en diferentes fábricas, como Bunge Ramallo. Desde el conflicto por los despidos en Cargill es evidente que los ataques a los aceiteros es netamente político. Tengamos en cuenta que en el sector los sueldos representan menos del 1% de las ganancias.
Luego de cesantear 9 empleados y empleadas, en Catamarca, Longvie confirmó 26 cesantías en su planta que ocupa 240 trabajadores y trabajadoras en Paraná, Entre Ríos.