Por Mario Hernandez Foto: Pagina 12
A pocos días de finalizar el año, el ámbito laboral sigue siendo fuente de conflictos e intenciones de ajuste, que continuarán en el 2019.
El Gobierno insiste con la reforma laboral
El Gobierno insiste con sus planes iniciales para el mercado de trabajo. Por un lado empezó a fogonear el regreso de la reforma laboral a instancias legislativas y, por otro, se relame con la idea de retomar la flexibilización laboral por sector.
Así como ocurrió con los petroleros en Vaca Muerta, el oficialismo respalda a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) en su embate por modificar a la baja el convenio colectivo de trabajo de los marineros.
Los trabajadores marítimos, representados por el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), ya habían advertido que las empresas imponían como condición de una recomposición salarial una modificación del Convenio.
De hecho, el gremio lanzó un plan de trabajo a reglamento, para protestar por la negativa de una actualización salarial y la Secretaría de Trabajo se expidió con una conciliación obligatoria, que desde el sindicato consideran improcedente mientras los empresarios celebran la medida.
En el marco del brindis de fin de año de la Confederación Empresaria de la República Argentina, CGERA, Héctor Daer, aseguró que la central obrera no permitirá que el gobierno avance en la reforma laboral y puso expectativas en que los legisladores tampoco acompañen el proyecto que Cambiemos madura al calor de los pedidos del FMI.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, CAC, aconsejó que el gobierno atienda cinco ejes fundamentales para reducir el “costo argentino”: el laboral, el tributario, la desburocratización y simplificación, medios de pago electrónico y comercio exterior.
En materia laboral, la CAC considera, al igual que el FMI, que se debería avanzar con la reforma laboral. A tal fin, aconseja promover una reforma laboral que tenga como eje la mejora de la productividad, arbitrar acciones para reducir la informalidad laboral, atender a los desafíos en materia de empleo que se derivan de las nuevas modalidades de comercialización (como ser las denominadas “economías de plataforma”).
Luego que el FMI aprobara, el miércoles pasado, el desembolso de un nuevo tramo del crédito por 7.600 millones de dólares en el marco del acuerdo stand-by, le pidió al gobierno volver a avanzar en las reformas laboral, del sistema impositivo y jubilatorio. Tal como lo expresó en un comunicad David Lipton, director adjunto del FMI, “también sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de pensiones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad”.
Mientras tanto, los especuladores se llevaron del país en lo que va del año casi la mitad de lo que prestará el FMI para pagar la deuda: USD 26.367 millones.
Prensa
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió frente a Radio Nacional la represión que sufrieran por parte de la policía de la CABA, mientras se manifestaban pacíficamente frente al CCK.
En la conferencia de prensa estuvieron acompañando Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Leopoldo Moreau, diputado del FpV y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero.
Los y las trabajadoras de prensa de Radio Nacional, TV Pública y Agencia Télam, nucleados en el SiPreBA, se encontraban realizando una medida de protesta pacífica contra la paritaria cero que los afecta, frente al CCK y fueron brutalmente reprimidos por la Guardia de Infantería.
Las y los trabajadores de los medios públicos vienen proponiendo una mesa de diálogo para poner fin al congelamiento salarial que los afecta y que durante 2018 mantuvo los salarios congelados.
Ana Gerschenson, que dirigía Radio Nacional, decidió también renunciar por la misma situación, “no puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”, escribió en su carta de renuncia.
El vaciamiento de los medios públicos es un método de censura que el oficialismo ejecuta desde el primer día de gestión. Al mismo tiempo se impulsa el fortalecimiento de los principales multimedios con abundante pauta oficial y nuevos negocios.
En ese contexto se enmarca la aprobación de la Ley que desregula la producción y comercialización de Papel Prensa, que el gobierno definió como prioritaria, El proyecto presentado por Diego Bossio, a principio de noviembre, convertido en ley, contó con un fuerte acompañamiento del oficialismo que dispuso su tratamiento exprés y deroga ocho artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios.
La ley aprobada establece la eliminación de la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público. Además, hace desaparecer la obligación de abastecer al mercado local, perjudicando a centenares de medios pymes y cooperativos.
Los beneficiarios, una vez más Clarín y La Nación, los medios que respaldan al actual gobierno y le vienen dando protección a través del blindaje mediático.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, acompañaron la presentación de un Recurso de Amparo para que las radios empadronadas en 2015 sean adjudicatarias de las licencias que les de un marco de legalidad a un sinnúmero de radios comunitarias.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Página/12 rechazó y repudió los términos del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) solicitado por el Grupo Octubre. El expediente presentado, por el Grupo Octubre, una empresa que afirma ser “la voz de los laburantes”, contiene una serie de afirmaciones degradantes para los y las trabajadoras, que van desde lo erróneo hasta lo deliberadamente falso. Asimismo, ningunea y desconoce a los representantes de los y las trabajadoras buscando acordar los puntos planteados con un sindicato ausente en las empresas periodísticas y sus redacciones.
En ese marco, propone “soluciones” , que en ningún caso son positivas para los y las trabajadoras, tales como abrir retiros voluntarios, prescindir del envío de fotógrafos y fotografas, disminuir el número de colaboradores y colaboradoras, eliminar los suplementos que acompañan al diario, reorganizar horarios, funciones y tareas del personal y suspender de forma “temporaria y rotativa a todas las áreas del personal que no resulten imprescindibles para la salida del diario”.
Docentes
Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires movilizarán el próximo jueves a la Legislatura porteña y al Ministerio de Educación en repudio al cierre de catorce escuelas nocturnas. Ese mismo día habrá una sesión especial para tratar de derogar la resolución Nº 4055-2018.
En ese sentido, Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), adelantó que si Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña, no retroceden con la medida, van a plantear “el no inicio del ciclo lectivo 2019”.
La Ciudad creó menos de 10 escuelas a lo largo de once años de la administración del PRO. En la Nación, la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes prometidos en campaña electoral, se transformarán en 768 aulas para 2019.
Este año será el de peor presupuesto educativo en la historia porteña. Apenas el 17% del total, mientras que en 2001 se destinaba el 30%. ¿Qué genera esto? La falta de 10.000 vacantes, mala infraestructura, problemas de alimentación en comedores escolares y bajos salarios. En términos porcentuales es el presupuesto más bajo del país; ningún distrito baja del 20%.
El viernes pasado el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata a través de una cautelar, ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) anular en forma inmediata los sumarios administrativos a directivos que se adhirieron a los paros.
Se trata de los sumarios que el Gobierno bonaerense dispuso a unos y unas 500 docentes que adhirieron a los paros de los días 5 y 6 de marzo, y el 5 de abril de 2018.
El titular del Suteba, Roberto Baradel, también destacó otro fallo judicial que se conoció el día anterior, que estableció que “los 4.500 pesos de presentismo se los tienen que pagar a todos y todas las docentes”.
Se trata del plus por presentismo de 4.500 pesos que Vidal otorgó a comienzos de año a quienes no habían faltado en todo 2017, como un intento por frenar los paros en el arranque del ciclo lectivo.
El plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU Histórica sesionó el jueves 21 para analizar la situación salarial de cara al próximo año. Exigirán una urgente recomposición salarial de un 20 %, el pase al básico de las sumas fijas y la correcta liquidación por zona desfavorable. Ratificó que de no reabrirse la mesa de negociación salarial, peligra el inicio del ciclo lectivo 2019.
El miércoles 19 se desarrolló un plenario provincial del SUTE (docentes mendocinos) y posterior reunión paritaria, donde se acordó la indexación de los salarios siguiendo la inflación mensual. Además el acuerdo implica algunos otros puntos que mejoran la situación de 60.000 trabajadores y trabaadoras de la educación mendocinos: se eleva el tope de antigüedad a 140% con 28 años y a 150% con 30 años; se garantiza la ayuda útiles de $ 3.800 por cargo y no por agente, se incorpora al básico, además del aumento, un 1,6% por compensación FONID.