Por Gloria Cosentino. Hicimos un análisis de la criminalización de la protesta, la pobreza y la violencia institucional. En esta segunda entrega reunimos las miradas de Pedro “Pitu” Salinas y Delia Ramírez. Cómo enfrentar la violencia de la represión y el avance sobre los territorios.
Primera parte del reportaje: pincha aquí.
En esta segunda entrega, Marcha avanzó en el análisis y el recorrido de los ejes punitivos y de violencia en los territorios ante los nuevos entramados de vínculos y concesiones entre las fuerzas represivas policiales, los carteles narcos, las corporaciones de la soja y la clase política, en un resultado que consolida las violencias hacia los sectores sociales en lucha y más desprotegidos.
IV
Rosario hoy cuadriplica el promedio de la tasa de homicidios a nivel nacional “y si uno se pone a ver a esa enorme masa, es un cúmulo de anonimato” dice Pedro “Pitu” Salinas, integrante del Movimiento 26 de junio (FPDS Rosario) que lleva adelante la lucha por la Masacre de Jere, Mono y Patón, los Tres Pibes de Rosario, asesinados en manosde la narcopolicía. “Esa población muestra que su gran mayoría está constituida por jóvenes de entre 14 y 35 años de las barriadas populares. Esta realidad se presenta, para el Movimiento 26 de Junio, en sintonía con la dolorosa experiencia de haber perdido a estos tres compañeros, en manos de una banda ligada al narcotráfico, con amparo policial en Santa Fe” sostiene Salinas. Rosario es una de las ciudades que hoy se referencian y se vinculan en el país, a los principales carteles de la droga ubicados en la provincia de Santa Fe.
“Pitu” como le dicen en el barrio, realizó un recorte de la última década en la provincia que da cuenta de lo que han llamado el “proceso de horizontalización del narcotráfico” que en líneas generales “muestra como hasta hace unos años atrás en Rosario era posible identificar a cuatro o cinco familias que se encargaban de la distribución de la cocaína y la marihuana especialmente, siendo esta una extensión o residuo del negocio narco” afirma.
Este proceso de horizontalización supone un “angostamiento de la brecha entre el fabricante de la droga y el vendedor”. En la ciudad de Rosario, muchos de esos grupos familiares que eran emprendedores hoy “venden bochitas de cocaína en su propia casa”. Para la Policía de la provincia, es imposible regular la participación en ese negocio. Salinas menciona esto y se detiene en la estrategia del poder político llamada doble pacto: “El poder político delega el gobierno de la seguridad pública en cúpulas policiales por un lado y por el otro estas cúpulas policiales negocian con entornos delictivos determinados niveles de conflictividad y los sectores en que se va a enquistar determinada economía delictiva”.
El resultado de la organización y la perseverancia que hoy se ve materializado en el inminente juicio por el Triple crimen de Villa Moreno toma mayor fuerza en el subsiguiente juicio a llevarse a cabo por las complicidades policiales en Rosario, que sienta en el banquillo a tres policías de jerarquía.
A su vez, sostiene Salinas, “hay doscientas sesenta y cuatro familias víctimas de otras causas que antes de que suceda el Triple crimen no podían más que dejar pasar el asesinato y la muerte de sus jóvenes como un ajuste de cuentas. Sin una organización detrás, la integridad y dignidad que tienen los padres y familiares de Jere, Mono y Patón, podría haber sido más difícil movilizarse y hacerlos escuchar. Hoy los tribunales de Rosario son el lugar ecuménico de movilización, hace cinco años en esas calles no volaba una mosca” asegura con entonación. Y agrega: “Hoy por lo menos, hay doñas haciendo tortafritas, megáfonos, bombos, hay pibes cantando y pibes gritando que esto termine de una vez por todas”.
El candidato del Frente para la Ciudad Futura (FCF) menciona que este año presentaron en Rosario la Ley General de Víctimas, “un nuevo marco de trabajo para abordar la crisis de violencia en Santa Fe”. Salinas, sostiene que es “una propuesta que trasciende el trabajo de las organizaciones populares en los barrios” y “que muestra una posible solución para esas familias que perdieron a un familiar durante el 2013”. El espíritu de la ley tiene un carácter fuertemente concreto y ejecutivo para “no policializar el problema, sino pensar en políticas sociales y de seguridad pública desde una perspectiva social integral”.
V
Delia Ramírez, del Movimiento 138 (exiliados, migrantes y familiares de paraguayos en la Argentina) analizó cómo la violencia institucional, policial y la militarización, trasciende las fronteras de nuestro país.
El 15 de junio de 2014 se cumplieron dos años de la Masacre de Curuguaty, en un lugar conocido como Marina Kué. Murieron diecisiete personas, once de ellos campesinos y campesinas y seis policías. Este hecho permitió la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo. Sin embargo, doce campesinos fueron culpados por la muerte de sus propios compañeros y de los policías. En cambio, ningún policía fue procesado por éste hecho. El argumento de la burguesía sojera y los terratenientes de Paraguay radicó en una supuesta emboscada a 400 policías armados con armas de guerra y todas las herramientas para un desalojo violento. En total 60 personas fueron procesadas.
Hoy, en cada familia de la comunidad de María Kué hay al menos un muerto, un preso o un procesado, situación que permite disciplinar al conjunto de la comunidad campesina.
La investigación que se venía llevando a cabo, fue rápidamente desmantelada por el usurpador del poder, Federico Franco. “La causa es insostenible pero es funcional a la oligarquía sojera y ganadera que se sigue fortaleciendo bajo un manto de la ahora supuesta democracia. Con el gobierno de Franco y ahora con el de Cartes, notamos el recrudecimiento de metodologías represivas por parte del Estado. Hoy se llevan adelante torturas físicas y psicológicas, inclusive en niños de la comunidad”, sostiene con preocupación Delia.
La Masacre de Curuguaty, la persecución y el asesinato posterior a la masacre de doce dirigentes campesinos terminan convirtiendo a la masacre y la lucha por tierra, justicia y libertad en un caso paradigmático en el Paraguay. La concentración escandalosa de la tierra, hace que el 85 por ciento esté en manos del 2 por ciento de los propietarios. Hoy, las plantaciones de soja acaban alcanzando tierras en las que murieron los campesinos que lucharon por ellas.
Delia da cuenta de cómo funciona el persistente y silencioso éxodo rural: “La agricultura intensiva y el agronegocio expulsa a la gente con el vaciamiento y corrimiento del Estado, pero también por la fuerza represiva cuando la ausencia estatal no alcanza. Una vez más los medios de comunicación con lazos con las tierras malhabidas, aseguran la continuidad de la concentración de la renta en manos de estos empresarios”.
“No está siendo fácil para nosotros, los campesinos y campesinas paraguayos, pero tampoco será fácil para las mafias. Paraguay siempre es laboratorio de los procesos latinoamericanos. La vulnerabilidad institucional permite hacer esos laboratorios que son después replicados en América Latina. Pero nosotros nos tenemos a nosotros y nosotras” afirma con convencimiento.
Muchas veces Delia vino a Argentina a pedir ayuda para seguir contando que están matando a sus “compañeros y compañeras”. Nunca será en vano la denuncia, la visibilización de las voces, de los casos, y de las injusticias cometidas sobre cualquier ser humano de nuestro pueblo.