Grecia acordó con sus acreedores de la Troika un nuevo paquetazo de ajustes que incluye el aumento la edad de jubilación, la ampliación de la jornada laboral, el congelamiento de los salarios y la reducción de las indemnizaciones. Según el premier Samarás, el parlamento deberá aprobarlo hoy para que Grecia siga en el Euro.
“Si aprobamos este acuerdo y votamos el presupuesto, Grecia permanecerá en el euro”, anunció poco convencido el primer ministro griego, Antonis Samarás, luego de llegar a un acuerdo con los acreedores de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo). Según el pacto sellado ayer, Grecia deberá recortar unos 13.500 millones de euros de sus gastos corrientes para poder recibir un nuevo tramo de 31.000 millones de euros en concepto de ayuda económica para sostener su economía. De esta manera, el ya estéril y pobre Estado social griego se reducirá hasta el hueso, para garantizar la futura -o póstuma según algunos- devolución del préstamo.
Para lograr El mencionado ahorro, el gobierno de coalición -o mejor dicho parte de él, ya que la Izquierda Dimar, que aceptó formar un ejecutivo con socialdemócratas y conservadores, ya anunció que votará en contra del paquetazo neoliberal en el parlamento- metió mano a los derechos laborales de los griegos.
Así, los trabajadores griegos verán congelados sus salarios “hasta que el desempleo llegue al 10%”, un indicador que hoy se encuentra por encima del 25%. El acuerdo prevé una mayor flexibilización laboral, representada por la ampliación a seis días de trabajo por semana, la reducción de las indemnizaciones por desempleo, y la eliminación de aumentos salariales por antigüedad. La edad jubilatoria pasará de los 65 a los 67 años, y justamente de los fondos de pensión se sacará el dinero para lograr el objetivo de 13.500 millones de euros en dos años. Todo esto, comprendido en el pliego de 89 puntos exigidos por la Troika para entregar un informe positivo a la Unión Europea y liberar así un nuevo tramo de ayuda desde Bruselas.
Hoy, la discusión en el parlamento griego se prevé tensa. La Asamblea Nacional deberá aprobar el presupuesto 2013, donde se insertan los ajustes dictados por los acreedores y que deberían generar un ahorro de 9.500 millones de euros. Los otros 4000 están previstos para 2014. La aprobación del presupuesto es la condición sine qua non para que la UE autorice el envío del tramo de recate bloqueado desde junio, cuando Atenas quiso poner condiciones para la aplicación del paquetazo. Allí, el primer partido griego, Nueva Democracia, junto con el aliado Pasok, cuenta con 160 legisladores, una mayoría cómoda, por la cual no deberían tener sorpresas. En la sesión de hoy también está prevista la aprobación de la ley de privatizaciones, que prevé la venta por parte del Estado de las acciones que detiene en forma mayoritaria en los ferrocarriles, empresas del sector energético, suministro de aguas, servicio de correos y loterías, entre otras, así como 11 de los principales puertos del país.
Samarás intenta así hacer caja por donde sea, con tal de lograr la aprobación de los poderes financieros europeos y contar con liquidez para enfrentar los vencimientos de pago de la inmensa deuda griega -la próxima, el 16 de noviembre-. Una política que está poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. El único partido político que aceptó sin demasiada oposición las exigencia de la Troika fue justamente el del premier, Nueva Democracia. Para el Pasok y Dimar, algunas de las imposiciones eran inaceptables, y este último, con 16 escaños, decidió votar en bloque en contra del acuerdo.
Mientras tanto, la situación social se continúa agravando. Un artículo publicado recientemente por el New York Times, afirma que ya son 600.000 los griegos que no cuentan con seguro médico, y su único recurso es una red clandestina de médicos que sustraen medicamentos de hospitales, farmacias y muestras de las casas farmacéuticas para atenderlos. El sistema sanitario está ya colapsado envarias de sus ramas, principalmente la oncológica, donde se estipuló que un paciente sin seguro médico que no pueda pagar un tratamiento por su cuenta deberá ser dejado a su destino.