Como una constante, ante cada situación viral donde un menor de edad comete un delito, los medios de comunicación y las redes sociales se copan de mensajes de odio que pregonan la criminalización de las infancias y que encuentran en encerrar a la niñez la mejor solución para este supuesto flagelo.
Por Virginia Nessi y Hebe Ailén Montenegro / Foto: Colectivo Manifiesto
Educadoras del colectivo pedagógico AulaVereda
Ya es un clásico: cuando las papas queman en la Ciudad de Buenos Aires, les pibis son el chivo expiatorio. Después de un año de pandemia, que dejó al descubierto toda la mala praxis política del GCBA, que no tuvo ni una sóla propuesta redistributiva para con quienes más lo necesitaron, y descansó sobre la militancia y las organizaciones, el vicejefe de gobierno, Santilli y atrás de él, todes en Juntos por el Cambio, en el PRO vuelven a agitar el debate por la baja de la edad de punibilidad.
Como respuesta a un hecho que se viralizó la semana pasada, cuando un adolescente fue detenido por el presunto asesinato de un hombre en Retiro, hoy algunas voces agitan el fantasma del punitivismo hacia la infancia. Esto mismo sucedió ya en 2017 y luego otra vez en el 2019, cuando se intentó reinstalar el debate, un manotazo de ahogado de la Alianza Cambiemos en aquel año electoral.
Así como elles no se cansan de revivir un debate que atrasa 40 años, nosotres, como organización que trabaja junto a niñes del país, tampoco nos vamos a cansar de seguir rompiendo sus argumentos basados en sentidos comunes carentes de humanidad. Sobre todo, luego de un año de pandemia declarada a nivel internacional, donde a miles de pibis en la ciudad les fueron negados derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. Sostenemos que les pibis no son un problema a erradicar sino que son las problemáticas que les atraviesan las que deben ser resultas.
El mismo debate de siempre
La Argentina ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ya en su artículo primero considera como niñe “a todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. Entonces, si bien cuando hablamos de niñes, adolescentes o jóvenes es importante comprender que son categorías construidas sociohistóricamente y por ende, con fronteras flexibles, existen ciertos parámetros compartidos. Los grados de edad se consensuan a nivel social, y revisando políticas, programas y normas a nivel nacional e internacional podemos identificar no sólo qué temporalidades se le asignan a las diferentes edades sino también qué valores se les imprimen.
El año pasado se cumplieron tres décadas desde la sanción de la CIDN, aquel evento que ha marcado una nueva orientación sobre el lugar que ocupan les niñes en nuestro país, y fundamentalmente el trato del Estado hacia elles. La niñez comenzaba a ser mirada de otro modo desde el Estado, y con esta nueva mirada surgirían nuevas políticas destinadas a les pibis, apuntadas a la protección y la promoción de derechos. Así, dejarían de ser sujetos tutelados y objetos de intervención, para ser sujetos de derechos y con ello, el Estado y la sociedad en general debían ser garantes de que ninguno de estos sea vulnerado. El Estado argentino se comprometía a realizar todos sus esfuerzos para que les niñes accedan tanto a los derechos humanos como los derechos particulares de la niñez.
Sin embargo, cada tanto se revive el debate por la baja de la edad de punibilidad y diferentes referentes de las (ahora múltiples) derechas argentinas se pasean indignades por medios de comunicación televisivos, o dicen cosas en las redes sociales o en ciertas secciones de opinión de algunos diarios mainstream. Algunes intentan disfrazar sus opiniones de preocupación por los índices de pobreza y desigualdad, mientras que otres abiertamente piden más mano dura para les pibis, y sobre todo, los pibes. Todes, sin embargo, apuntan a lo mismo: más vulneración de derechos y más estigmatización contra los pibes de sectores populares.
Datos de diferentes organizaciones internacionales y nacionales (que pueden encontrarse en la página de la red Argentina no Baja) sostienen que la participación de niñes menores de 18 años en delitos es casi ínfima (sólo un 4% según UNICEF), siendo que la mayoría son en delitos considerados menores: los homicidios a manos de menores de 18 años no llegan al 1%. Entonces, en términos concretos y reales, pregonar por la baja de la edad de punibilidad sólo se explica a través de motivaciones tribuneras, en momentos donde la realidad de les pibis en la ciudad carece de políticas específicas que se orienten a lo sostenido por la CIDN. Básicamente, en un contexto sistemático de negación de derechos para les pibis, y un proceso de constante estigmatización y racismo.
Es que, sobre todo, lo que sucede es que hay un uso diferenciado de la penalidad, que impacta mayormente sobre las clases populares. Porque siempre que se contempla la aplicación de la ley a quienes verdaderamente se persigue y se aprisiona es a les pobres. Más aún cuando se intersecta con la generación, es a les pibis pobres a quienes se verduguea, a quienes se tortura y a quienes sistemáticamente se persigue en instancias previas a la judicialización. Claro ejemplo de esto fue el caso de Facundo Castro, asesinado en manos de la policía bonaerense por violar la cuarentena a principios de año. De la misma manera, les cientes de pibis que han muerto de la mano del gatillo fácil perpetrado por las fuerzas de seguridad a lo largo de los años.
La única respuesta cuando se trata de les pibis pobres es penas más largas, más duras, desde más pequeñes, de manera de aleccionarles desde bien chiques cuál es su lugar en la sociedad. De manera que si a elles no les toca pero si a su amigue, sepan que es ese el camino que les toca, estén o no cometiendo un delito.
Las otras faltas hacia les pibis
Las palabras de Santilli sobre la necesidad de repensar la Ley Penal Juvenil ante lo ocurrido en Retiro no hace más que correr el foco sobre las problemáticas que atraviesan y impactan a les pibis. La profunda pobreza en la que la alianza Cambiemos sumergió al país en los últimos cuatro años tuvo como consecuencia directa la pauperización de la infancia. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, una de cada tres personas pobres vive en CABA, y la indigencia llegó al 11%. Cuando se especifica en les niñes, vemos que el 46% vive en hogares pobres. Sumemos a eso las estimaciones de UNICEF de un 63% de pobreza infantil para finales del este año.
“Atras de cada pibe en la calle hay un padre desocupado”, decían en los 90s y hoy podemos decir algo similar. Pibis que viven en hogares que no alcanzan a costear la canasta básica, pibis cuyo derecho a la vida digna, a la alimentación, al hábitat se encuentra sumamente vulnerado. Consideremos los datos de la UCA que sostienen que el 40% de les pibis viven en viviendas precarias, donde no acceden a servicios sanitarios básicos. Año a año se ha bajado el presupuesto destinado a educación en CABA: si se consideran los datos de los últimos 10 años, el presupuesto destinado a educación cayó un 10% según Agustín Claus, especialista en Planeamiento y Economía de la Educación de FLACSO. Salarios docentes, becas, programas de reinserción, infraestructura, todo es impactado por la desfinanciación, teniendo efectos directos e indirectos en las posiblidades de les niñes de mantenerse dentro del sistema educativo.
Larreta se hace eco de la quita de los puntos de coparticipación que Macri le regaló como excusa para recortar inversión en esta y otras esferas claves (como salud) pero por detrás existen décadas de desfinanciamiento que no se vio mejorado en los años en los que la Ciudad recibió esos puntos extras. Mientras esto sucede, la ministra Acuña avanza contra les docentes como responsables de la debacle educativa, considerándoles como fracasades y carentes de formación como corresponde, con el claro interés de vaciar los Profesorados y meter por la ventana la UNICABA. En particular, en tiempos de pandemia, el gobierno porteño se negó sistemáticamente a invertir en conectividad y tecnología para les pibes, corriendo el foco a les docentes y directives por no apoyar la vuelta a las escuelas. El desinterés por les pibis de las escuelas públicas, siempre nos recuerda las palabras del ex presidente que sostenía que había quienes caían en la educación pública. Su extrema negligencia y odio de clase se vio demostrada con su experimento de las burbujas en las escuelas, que fue rechazado por casi la totalidad de la comunidad educativa: sólo el, 0,5% de les pibis de las escuelas públicas participaron.
La salud en la Ciudad tiene problemas similares. En tiempos de pandemia, les mediques, enfermeras, residentes se movilizaron para exigir el pago de salarios dignos, inversión en infraestructura e insumos para hacer frente a la pandemia. No obstante, pocas fureon las respuestas del gobierno porteño. Esto sin considerar que las unidades zonales fueron cerradas por varios meses, imposibilitando a les pibis acceder a la salud primaria. Esto hizo que cosas tan básicas y de primera necesidad como conseguir un par de anteojos se convirtiera en una tarea titánica para las familias y las organizaciones.
En este contexto de negación de derechos de la infancia absoluta, las declaraciones del vicejefe de gobierno son chabacanas porque desconocen la situación a la que el GCBA de la mano del PRO ha empujado a les niñes durante 15 años. Pibis que vieron negados sus derechos y el de sus familias desde su nacimiento. Situación que inadmisible en la ciudad más rica del país, en la ciudad a la que el ex gobierno nacional de Mauricio Macri le aumentó al 3,5 la coparticipación, significando mayores recursos para el gobierno, que lejos de invertir en políticas que impliquen promoción de derechos, que el gobierno destina a deudas y propagandas.
Cambiar todo lo que deba ser cambiado
El Régimen Penal Juvenil que se sanciona con la ley 22278, y que siempre se pone en debate cuando se habla de la baja de la edad de puniblidad, data de 1980 en el marco de la última dictadura militar. La misma dictadura que desapareció a miles de jóvenes. La misma dictadura que torturó a estudiantes secundarios, a militantes y pibis trabajadores en todo el país. Las mismas organizaciones que históricamente han luchado por los derechos de la niñez, también luchan por reformar el Régimen, para que se oriente bajo la misma concepción de derechos establecida en la CIDN y la 26061. Sin embargo, siempre que se intenta abordar este debate, voces conservadoras intentan meter por la ventana la baja de la edad. Como sucedió con la ESI, un intento por transformar una ley para mejorarla, se ve frenada ante los avances de la derecha, que pide más mano dura para les pibis. Para el régimen de la dictadura, la edad de punibilidad son los 16 años. En la actualidad, quienes pregonan por su baja sostienen la necesidad de que pase a los 14 años. Es decir, proponen un retroceso incluso ante un régimen reglamentado por la dictadura militar más nefasta de nuestro país.
Diferentes activistas y referentes de la defensa de los derechos de les niñes han criticado el Regimen Penal que hoy en día dicta y condiciona las vidas de les pibis que entran en el sistema penal. Claudia Cesaroni, abogada y referente de derechos humanos, en el podcast Niñeces Libres que realizamos desde AulaVereda plantea que la sociedad a ese sector de la infancia, aun profundamente asociado con la minoridad y profundamente estigmatizado, lo trata de forma extremadamente cruda. Les damos penas de 25 años, condenandoles a pasar encerrades más años de los que tienen de vida. Marisa Graham, actual defensora de les niñes y adolescentes, en una nota de Página12 publicada hace unos días también se pronunció en contra de la actual ley que regula el régimen penal de la minoridad y la posibilidad de bajar la edad de punibilidad. Allí, propone pensar una ley más moderna que se adecúe a la perspectiva de derechos.
Además de reformar el régimen penal, tanto Cesaroni como Graham, en el podcast Niñeces Libres plantean la necesidad de que el Estado genere políticas para les adolescentes, aquellas personas de entre 12 y 17 años que, a pesar de ya no ser niñes siguen teniendo ese plus de derechos establecidos en la CIDN. Es imperante que así como el Estado construye políticas y programas para acompañar las trayectorias de vida de les más pequeñes (como lo que supo ser el plan Qunita, la AUH, la pensión Madre 7 de Hijos o la Tarjeta Alimentar) también existan políticas para “acompañar cuidado”, como dice Claudia Cesaroni, a les adolescentes. Políticas para promover sus derechos, no para limitar sus posibilidades.
Desconfiamos y lucharemos siempre contra quienes proponen pensar como solución la baja de la edad de punibilidad. Es sesgar el debate, es reproducir la estigmatización de les pibis. Porque siempre que refiereren a la baja, piensan en les pibis pobres, les pibis de la clase, de las barriadas y las villas. Y siempre son les mismes: son les que piden mano dura, les que piden más intervención de las fuerzas de seguridad, les que las defendieron cuando mataron a Facundo. Elles, que sólo quieren como solución mayores penas y más castigos en este sistema penal que es un sistema de tortura y de muerte. Elles, que piensan que algunas vidas merecen más dignidad que otras. El transfeminismo nos enseñó a siempre buscar las respuestas desde una perspectiva no punitivista, y nuestra propuesta siempre será luchar porque las vidas de les pibis sean más dignas, y sobre todo, más disfrutables y vivibles.