Por Mario Hernandez
El pasado 6 de diciembre, alrededor de 80 mil trabajadores y trabajadoras pertenecientes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a un sector de la CTA Autónoma, partidos de izquierda y movimientos sociales se concentraron en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral y a la Ley de responsabilidad fiscal que pretende introducir el Gobierno de Mauricio Macri.
Los gremios que se unieron a esta manifestación fueron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), docentes universitarios enrolados en la Conadu Histórica, Barrios de Pie, CICOP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Ademys, Aceiteros, Trabajadores del Cuero, AAPM, Fesprosa, UCRA, AGD-UBA, Sipreba y SUTNA.
Previo a la protesta, ATE difundió un documento para dejar asentado los motivos de la manifestación: “rechazo a las reformas laboral, previsional y los pactos fiscales de las provincias que este Gobierno quiere implementar en contra de los trabajadores”. Además, el “repudio a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”. Finalmente exigieron: “basta de precarización, cese de despidos e incorporación inmediata y 82 % móvil para los jubilados”.
Por su parte, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA-A, una multitudinaria marcha atravesó Rosario. Fueron cerca de diez cuadras de columnas gremiales, organizaciones sociales y políticas donde miles de trabajadores y trabajadoras de diversos gremios del sector público y privado llenaron de protesta las calles.
Se expresó el pedido de justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, a la vez que se ratificó el apoyo a las demandas de los desocupados y la solidaridad con los despedidos de Clínica Gomara de Villa Gobernador Gálvez y los jaboneros de Unilever.
“Esta movilización demuestra que en Rosario hay un movimiento obrero que construye unidad no en las palabras sino en la práctica, que construye rebeldía que impugna una reforma regresiva que atentará contra los derechos del pueblo argentino”, expresó Gustavo Terés, Secretario General de la CTA-A Rosario y Amsafe local.
Adrián Dávalos, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario aseguró: “Hay un paro de 24 horas de la Federación Aceitera y se están movilizando en todos los lugares del país contra el ajuste de este gobierno que va por todo, contra los bolsillos de todos los trabajadores a favor de los ricos”. Los aceiteros sumaron además su denuncia por la falta de certificación de autoridades del sindicato y la federación, que dificulta lo relativo a la obra social y las prestaciones de salud, además de resultar una actitud injustificable por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación ante procesos electorales con lista única y sin impugnaciones.
También hubo movilizaciones en Tucumán, Córdoba, Salta y Chubut.
Ataque a la organización sindical
A comienzos de noviembre se conoció la noticia de que el Gobierno tenía en mente dar de baja entre 600 y 800 sindicatos. Finalmente, en paralelo con la marcha de ATE, CTA y piqueteros a Congreso-Plaza de Mayo, se supo que el plan del Ministerio de Trabajo se propone hacer desaparecer 552 gremios.
El argumento del Ejecutivo para tomar esta medida, que fue publicada en el Boletín Oficial del jueves, es que dichos sindicatos no cumplirían con los requisitos previstos en la Ley de Asociaciones Gremiales, 23.551.
“Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de tres años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551”, sostiene la disposición de la cartera conducida por Jorge Triaca.
La decisión fue ordenada directamente por el presidente Mauricio Macri. “Hay 3.000 sindicatos en el país” aseguró. En la cosmovisión que trata de instaurar Cambiemos, la cantidad de sindicatos o cualquier otra forma de organización de los trabajadores, es un elemento que atenta contra el desarrollo de la “Argentina del futuro”, así como un palo en la rueda para los consensos y acuerdos tan necesarios para construir la “Argentina del diálogo”.
La decisión de eliminar estas organizaciones, constituye un enorme favor a la dirigencia de los sindicatos más importantes, partícipes necesarios para que la agenda oficial de contrarreformas siga adelante. El Gobierno paga los favores a los burócratas amigos con este tipo de ataque.
Algunas de las asociaciones que serán excluidas son los Trabajadores del Trote; Sindicato de Trabajadores Jaboneros Santa Fe; Sindicato de Energía Atómica; Sindicato de Músicos y Artistas de Chaco; Asociación obreros y empleados de Maltería Hudson; Sindicato de Turf Córdoba; Profesionales del Instituto de Microbiología; Municipales de Brinkmann; Docentes del Pellegrini; Municipales de Tupungato; Guardavidas de Buenos Aires y Músicos de Paraná.
Para avanzar en su plan de ajuste y contrarreformas, el oficialismo debe contar con el gigantesco favor de la dirigencia gremial y, por otro lado, cercenar el poder de fuego de los sindicatos.
A poco de asumir el poder, Cambiemos sentó las bases fundamentales para el sostenimiento de la tregua que sabía que iba a necesitar, otorgando a la dirigencia de los sindicatos los fondos de las obras sociales, nada más y nada menos que $ 2.704 millones, sumados a $ 30.000 millones en bonos. Semejante favor fue devuelto con creces. Los tarifazos, los despidos, el “achicamiento” y reducción de personal en el Estado, entre otros ataques, fueron las primeras medidas que la CGT dejó pasar sin más que amenazas, amagues de paro y medidas de lucha. En la relación entre Cambiemos y la CGT siempre primó el “diálogo”.
Sin embargo, ante la bronca y el descontento popular que se expresaba entre las bases, la cúpula sindical tuvo que tomar algunas medidas para amainar la situación. Tal bronca y la crisis de la CGT se expresó en la movilización que convocó el 7 de marzo. En el palco de la CGT aquel día, volaron piñas y hasta el atril con la sigla de la organización fue removido de su lugar. Los dirigentes de la Central tuvieron que escuchar el reclamo de paro general.
Finalmente, la conducción de la CGT tuvo que llamar a un paro nacional que se llevó adelante el 6 de abril. Ninguna de estas medidas tuvo continuidad ni formó parte de un plan de lucha serio, sino que se realizaron con la intención de, como la misma CGT aseguró, descomprimir la situación.
En tiempos de ajuste y represión, tal como se ha presentado la situación en los últimos meses, el mayor cercenamiento a la libertad de organización obrera es una tarea de primer orden para el Gobierno y los dirigentes gremiales traidores, que bregan por sus propios privilegios y los intereses de los empresarios.
Desde el Sitraic se opusieron a la medida y advirtieron que “la burocracia sindical, las Cámaras patronales y el Gobierno han cerrado filas en defensa de la Ley 23.551, llamada también Ley de Asociaciones Sindicales”. Y agregaron: “El desarrollo de sindicatos simplemente inscriptos como el Subte, la AGD, el Sipreba, Ademys y los sindicatos azucareros, entre otros, son realidades sindicales que han venido para quedarse en la historia del movimiento obrero”.
Nueva represión a trabajadores neuquinos
La CTA de la provincia de Neuquén anunció el llamado a un paro provincial para este lunes. Es en repudio a la represión que tuvo lugar en la mañana del viernes contra los trabajadores de la maderera MAM y quienes los acompañaban en su reclamo.
La represión incluyó balas de gomas y dejó múltiples heridos. Entre los mismos estuvo el diputado provincial por el PTS-FIT Raúl Godoy. Al mismo lo balearon y le quebraron el peroné.
Las muestras de repudio a la represión y la solidaridad en la provincia y todo el país se hicieron oír.
Además, las y los trabajadores resolvieron acampar hasta el lunes en la puerta de la maderera en función de evitar que retiren las máquinas. El domingo participaron de la Marcha de la Resistencia, junto a la Madres.
El paro del lunes incluirá una movilización donde participarán todos los sindicatos estatales, ceramistas, docentes, obreras textiles, centros de estudiantes, partidos de izquierda y organizaciones sociales. Concentrarán a las 10:00 en el Monumento y marcharán a Casa de Gobierno.
“Soy Raúl Godoy, obrero de Zanón y diputado del PTS en el Frente de Izquierda en Neuquén quiero agradecerles a todos los compañeros y las compañeras, a todos los amigos y las amigas, a todas las organizaciones que se solidarizaron a lo largo de estas horas. Fui herido por un disparo de un escopetazo, por la espalda, por parte de uno de los grupos especiales de la Policía de Neuquén en el marco de un desalojo violento a los obreros de la maderera MAM. Una fábrica que hace cuatro, cinco meses está en lucha por la reapertura. Son cien familias que están perdiendo sus puestos de trabajo, la falta de respuesta y dilaciones por parte del Gobierno tienen a estas familias en la calle pasando hambre. Y hoy les mandaron un desalojo violento.
Queremos denunciar esta escalada represiva, en el marco también de lo que fue la represión a los trabajadores y las trabajadoras de ATE Salud la semana pasada. Como la estigmatización y militarización que hay contra los pueblos originarios, que los tiene en un virtual estado de sitio. La desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel por la espalda, nosotros siempre denunciamos que esta estigmatización y criminalización contra el pueblo mapuche no era solo contra ellos sino que es contra todo el pueblo trabajador.
Están queriendo generar un enemigo interno para, como dijo la ministra Bullrich, pasar por encima de la justicia, usar la figura de flagrancia y primero disparar y después preguntar. Todas las últimas actuaciones de las fuerzas de seguridad lo demuestran, incluso sin orden judicial para muchos procedimientos de desalojo. Estas acciones tienen ese carácter, amparado y fomentado desde Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y todos los gobiernos provinciales que aplican estos planes de ajuste”.