Por Ignacio Marchini / @profneurus
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encabezado por Carolina Stanley, propuso la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”. Los movimientos sociales denuncian que buscan desfinanciarlos y romper con la organización colectiva.
La propuesta tiene como principal modificación que la contraprestación que den los y las beneficiarias del nuevo programa sea educativa y no laboral, como venía siendo con los proyectos anteriores. Un requisito excluyente para poder acceder a la remuneración que otorga el Estado es el de la “Educación Formal Obligatoria”, es decir, es necesario que la o el beneficiado acredite que se encuentra inscripto y cursando en alguna institución educativa reconocida por el Estado. El objetivo es “empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades de inserción laboral e integración social”. Por lo menos así figura en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social.
La medida generó mucho repudio en los movimientos sociales, que consideran que la resolución firmada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley y el secretario de Economía Social, Matías Kelly, constituye un claro ataque contra sus organizaciones y un intento de avasallar su autonomía. Por lo menos así lo consignaron dirigentes de las principales centrales de trabajadores de la economía popular, como Juan Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Daniel Menéndez de Barrios de Pie o Emilio Pérsico del Movimiento Evita. Los dos primeros agregaron, además, que es una medida revanchista por haber aportado cerca de la mitad de los concurrentes a la movilización del 21F convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano.
Ante esta medida adoptada por el gobierno nacional, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el FPDS – Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, la Corriente Surcos y la Corriente Popular Juana Azurduy cortaron el día de ayer el cruce de las avenidas Corrientes y Callao de la Capital Federal a las 7 de la mañana. Horas más tarde movilizaron hacia el Obelisco.
En diálogo con Marcha Cristóbal Cervera, militante del FPDS, explicó qué implicaría esta reformulación: “Este nuevo programa viene a anular todo lo que representaba “Argentina Trabaja”, que nos permitía a las organizaciones sociales generar fuentes de trabajo, sobretodo en lugares donde la descomposición del tejido social en los últimos dos años se pronunció abruptamente. No entendemos la lógica de capacitar a los beneficiarios porque estos ya se capacitan. No sólo con el trabajo, porque eso capacita en sí, sino además con las unidades educativas como los bachilleratos populares, construidos por nosotros mismos”.
La lógica de Cambiemos resulta contradictoria. Por un lado, exigen la capacitación formal de los y las beneficiarias del plan en instituciones educativas y, por el otro, cierran escuelas, desfinancian la educación pública y desamparan a los bachilleratos populares (que en la actualidad representan un tercio de la oferta educativa de jóvenes y adultxs en la Ciudad de Buenos Aires). Por lo menos así lo considera Dina Sánchez, vocera del FPDS. “Le miente a la gente diciendo que se trata de capacitarnos y de poder estudiar, si nosotros dentro de la cooperativa ya estamos capacitados y estudiamos. Muchas compañeras y compañeros terminamos el secundario en los bachilleratos populares de los movimientos sociales. Si tanto quiere que estudiemos, ¿por qué quieren cerrar los bachilleratos populares? ¿Por qué cerraron escuelas públicas?”.
La historia del oficialismo con las “reformas” en concepto de planes sociales no es nueva. Todavía fresco está el fracaso en que derivó el programa “Empalme”, lanzado con bombos y platillos en un acto por el Día del Trabajador del año pasado. Al presidente Mauricio Macri lo acompañaba el ahora difunto Gerónimo “Momo” Venegas, del gremio de peones rurales (Uatre). La idea era reconvertir a las y los beneficiarios de los planes sociales en empleados del sector privado, insertándolxs en el mercado laboral mediante pasantías de 3 meses en empresas privadas que eventualmente derivarían en trabajos formales. Más allá del beneficio extraordinario que esto implicaba para las empresas, que podían acceder a mano de obra barata (ya que el Estado seguía aportando los 4000 pesos por beneficiado/a en concepto de pago parcial del salario), los números tampoco acompañaron. La propuesta era reconvertir unos 400 mil planes sociales en empleo en el sector privado. 4 meses más tarde, sólo 78 personas habían accedido al mercado laboral formal. Incluso con los cálculos más optimistas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que estimó unos 6.814 beneficiados/as, el objetivo quedó notoriamente trunco.
De por sí, la idea de la obligatoriedad educativa suena progresista. Sin embargo, hay problemas con este planteo que Felipa Azurduy, vocera del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional (FPDS-CN), se encargó de aclarar. “Este gobierno ahora cambia el acceso a los proyectos, haciendo obligatorio el estudio. No nos parece que esté mal pero directamente nos cierran las obras que estábamos haciendo en los barrios. No nos van a bajar más materiales para las obras, como las veredas o pinturas en salitas, escuelas. Ahora sostenemos huertas y viveros para poder mantener los comedores donde se alimentan niños y personas adultas, para que puedan tener un plato de comida. Con la obligatoriedad educativa pasaríamos a recibir una beca y no trabajaríamos”.
Más allá de esta concepción asistencialista sobre el desarrollo social, que resulta contraproducente con el deseo de “empoderamiento” expresado por la cartera de Stanley, para Azurduy esta reforma tiene otras consecuencias negativas. “La estrategia del gobierno es fragmentar a las organizaciones. Van llamando a cada una de las compañeras individualmente para convencerlas de que dejen de estudiar. Ofrecen capacitaciones de oficios y, una vez capacitada, te ponen en una bolsa de empleo y te llaman para ofrecerte trabajo. Hoy por hoy vos ves cómo aumentan los despidos y te prometen trabajo a futuro, es sospechoso. Además te dicen que tenes que anotarte para cursar en una escuela de adultos pero no hay vacantes. Y al mes, si no estás inscripto en ningún lado, te dejan de pagar”.
Peligran los puestos de trabajo de 260.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las organizaciones sociales exigen una mesa de diálogo con la ministra Carolina Stanley, donde den respuestas a los reclamos de la economía popular. “No vamos a permitir que este gobierno de derecha siga avanzando sobre nuestros derechos. Sin trabajo no hay futuro”, afirmó Dina Sánchez, vocera del FPDS.