Por M. P. G. El 3 de abril de 2002 secuestraban a Marita Verón en Tucumán. Al cumplirse once años, un recorrido por los vericuetos de una causa que se transformó en insignia de la lucha contra las redes de trata.
Crónica de una sucesión de desventuras
María de los Ángeles Verón tenía 23 años cuando fue secuestrada el 3 de abril de 2002. Se dirigía al hospital público materno infantil, donde debía realizarse estudios ginecológicos. Si bien su madre, Susana Trimarco, relató infinidad de veces los pormenores del hecho, dichos relatos se convirtieron en declaraciones en el juicio oral y público que comenzó el 8 de febrero de 2012 en Tucumán por el secuestro y posterior desaparición de Marita.
En el juicio se expusieron testimonios fundamentales: que una enfermera fue la entregadora y que tres hombres la obligaron a subir a un auto Fiat Duna color rojo, perteneciente a la Remisería 5 Estrellas de los hermanos Ale. Que la mantuvieron desaparecida los dos días sucesivos y que al tercero la vieron a unos 30 kilómetros de su casa, tambaleante, como drogada, y en tacos altos. También se reveló que unos policías la levantaron de la ruta y la devolvieron a la “fiesta sexual” de donde había escapado y que era su primer destino de explotación. Y que luego fue vendida a un prostíbulo de La Rioja por 2.500 pesos. Algunos testigos indican que habría tenido un hijo producto de una violación y posteriormente trasladada a España.
El juicio que culminó tras 10 meses con un vergonzoso fallo absolutorio de los 13 imputados y causó indignación en todo el país.
Otras madres, otras plazas
Han pasado 11 años del secuestro y desaparición de una joven mujer cuyo caso traspasó las fronteras provinciales e incluso las nacionales. Han transcurrido cuatro mandatos presidenciales, dos gobernadores provinciales, una novela televisiva en horario central, infinidad de documentales y artículos de prensa, numerosas movilizaciones, la sanción de una ley de Trata de Personas y su modificación y, finalmente una farsa de juicio. Pero Marita, así como las cientos de mujeres y niñas secuestradas y desaparecidas por las redes de trata para la prostitución, continúa desaparecida. Es más, su búsqueda fue cerrada en diciembre de 2004.
No obstante, el tristemente conocido “Caso Verón” continúa aportando lecciones sobre una problemática que once años atrás permanecía invisible ante los ojos de la sociedad.
Decir once años sin Marita es decir Susana Trimarco. Fue su propia madre la que encaró una lucha denodada desde las primeras horas de la desaparición, recorriendo comisarías, fiscalías, casas de gobierno y tocando las puertas de cuanto poder de turno pudo. “No le tengo miedo a nada”, afirmó en varias oportunidades. ¡Y vaya que tenía motivos!, porque a lo largo de estos años dirigió movilizaciones, recorrió todas las provincias, se infiltró en prostíbulos, liberó a más de cien chicas, denunció públicamente a los responsables materiales y políticos, construyó una fundación. Y nada de ello fue gratuito: con su nieta Micaela a cuestas, hoy con 14 años y sumada a la lucha, perdió su trabajo, vio morir a su marido de depresión, vendió propiedades para financiar su búsqueda, fue amenazada de muerte e incluso sufrió atentados.
La tenacidad de Susana es comparable a la de otras tantas madres y abuelas cuyas rondas supieron conocer las plazas y edificios públicos de la Argentina. Tiempo atrás volvió a declarar que ella la busca con vida, pero que “Si está muerta, quiero al menos los huesos de mi hija”. Otras las madres, otras las plazas y otras las hijas: pero un mismo grito de ¡Aparición con vida!
En el país del Nunca Más, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la lucha de Susana Trimarco visibilizó que en democracia existen cientos de mujeres y niñas secuestradas, desaparecidas, torturadas y desprendidas de hijos que les fueron apropiados en cautiverio.
Y es cierto que la trata de mujeres es parte de un negocio millonario a escala global. Pero también es cierto, y además está siendo denunciado y probado por las propias víctimas que han podido escapar del infierno, que dichas redes cuentan como condición esencial para poder operar en el país, con la complicidad directa e indirecta del Estado, gobernaciones, municipalidades, funcionarios judiciales, empresarios y fuerzas de seguridad.
Un juicio infame donde todo siguió igual
Cuando el secuestro y desaparición de Marita llegó a los tribunales casi diez años después, el año pasado, tanto los abogados querellantes como Susana y su nieta Micaela aspiraban a que se pueda ampliar la red de encubrimiento, reconstruir lo sucedido aquel 3 de abril de 2002 y que surja algún testimonio que ayude a saber dónde está Marita.
Los 13 imputados, acusados del delito de privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción de la prostitución fueron absueltos. El Tribunal no consideró suficientemente probatorios los testimonios de los testigos, muchos de los cuales fueron de mujeres que declararon haber sido esclavizadas por los imputados sentados en el banquillo.
Mientras tanto, el grupo mafioso / empresarial de los Ale, relacionado con el secuestro y la desaparición no ha sido desmantelado y continúa gozando de total impunidad. Y tampoco se han cerrado los prostíbulos, ni ha sido desmantelado el negocio de la prostitución en la provincia, el cual se sirve del secuestro de mujeres y muy lejos está de ser un problema de simple “mafia interna”.
Fueron muchos los intentos por circunscribir el caso a un problema local. Pero los testimonios revelan día a día la red de conexiones nacionales e internacionales que cuenta con el encubrimiento y/o el apoyo político del Estado.
El juicio fue una verdadera infamia. En primer lugar por el accionar de los jueces del Tribunal, los cuales sabrán en estos días si serán sometidos o no a un pedido de juicio político. Pero además, porque expresó, más allá de los repudios y la modificacipon de la ley de trata, que no hubo hasta ahora ninguna voluntad política concreta por parte de la justicia y del poder político de ir más allá, empezando por abrir nuevos frentes legales que investiguen y condenen tanto a los verdaderos responsables materiales como también a sus cómplices del poder político y de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, la búsqueda de Marita continúa, once años después. Familiares y organizaciones siguen buscando a las cientos de desaparecidas en democracia y luchando por el desmantelamiento de las redes de trata para la explotación sexual.