El 1 de agosto se cumplieron ocho años del incendio del supermercado Ycuá Bolaños en Asunción, Paraguay, en el que murieron 426 personas, más de 510 resultaron heridas y alrededor de 10 no pudieron ser identificadas.
Los dueños habían dado la orden de cerrar las puertas del local para evitar que los compradores se retiraran sin pagar. La Coordinadora de víctimas del Ycuá Bolaños inició el pasado martes un festival y vigilia en conmemoración al día del incendio que confluyó ayer en un acto llamado “La hora del dolor” con una consigna concreta: “Sin memoria no hay paz, sin paz no hay democracia”.
En el marco de las actividades de la resistencia frente al golpe de Estado perpetuado por los intereses económicos nacionales y trasnacionales, representados por la figura de Federico Franco, se conmemoró entre el martes y el miércoles el octavo aniversario de una de las mayores tragedias civiles de Paraguay.
Al pedido concreto de justicia hacia las víctimas y sus familiares se sumó el apoyo solidario con los campesinos asesinados en la masacre de Curuguaty, reforzando la idea de que el golpe de Estado es un atropello a la posibilidad de acceder a la justicia para el pueblo del país.
El supermercado Ycuá Bolaños era parte de una cadena de centros comerciales. Había sido inaugurado en 2001 y la sucursal incendiada se caracterizaba, paradójicamente, por ser la más moderna.
El 1 de agosto de 2004, un incendio se inició en la parrilla del patio de comidas y comenzó a propagarse rápidamente por las placas de polietileno que separaban el cielo raso del techo del edificio. Cuando el personal se dio cuenta del fuego, las llamas se habían expandido por casi todo el supermercado.
Bajo la orden de sus dueños, Juan Pío Paiva y Víctor Daniel Paiva, el jefe de seguridad Daniel Areco mandó a cerrar las puertas para evitar que los clientes se fueran sin pagar.
Las víctimas quedaron atrapadas cuando el fuego consumió el oxígeno del cielo raso, debilitó sus placas y comenzó a afectar el interior del supermercado. Frente a la combustión, las diferentes placas de vidrio que separaban los espacios comenzaron a ceder, dando lugar a nuevas oxigenaciones.
Según los sobrevivientes, se veían bolas de fuego que caían desde el techo y que hacían explotar elementos combustibles, como aerosoles o las cámaras frigoríficas de los locales. El fuego se extendió rápidamente por las diferentes áreas del edificio. Una vez consumido el oxígeno de un sector, se rompían las paredes de vidrio que comunicaban a otros espacios.
Las paredes del edificio no contaban con protección ignifuga, no funcionaron los detectores de humo, ni existían rociadores automáticos. El supermercado no tenía la cantidad de salidas de emergencia reglamentadas por la ley de habilitación de espacios paraguaya, no estaban señalizadas ni abrían en sentido del recorrido de egreso.
Luego de las pericias se constató que la chimenea que dio inicio al incendio tenía acumulación de brasas y grasa que sirvieron a la combustión. El tubo no tenía una salida directa al exterior y además su boca estaba en contacto directo con el techo del local, provocando así el recalentamiento de las placas internas del cielo raso.
Tras dos juicios, se condenó a los responsables materiales e intelectuales del incendio. Juan Pío Paiva y Víctor Paiva, dueños de la cadena, fueron condenados a 12 y 10 años de prisión respectivamente bajo la figura de homicidio doloso simple por dolo eventual, homicidio doloso en grado de tentativa agravada y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.
Daniel Areco, jefe de seguridad del supermercado fue condenado a cinco años de prisión bajo los mismos cargos, mientras que Humberto Casaccia fue el único miembro del directorio de la empresa, aparte de los dueños, condenado.
Los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia frente a la liviandad de las condenas y a los beneficios otorgados a los responsables.