Liliana Korenfeld, titular de la Superintendencia de Salud de la Nación
Este martes la superintendenta de Salud de la Nación, Liliana Korenfeld, anunció un incremento del aporte estatal que se realiza a las obras sociales sindicales para la atención médica a sus afiliados. La funcionaria dijo que, en total, recibirán el año próximo un aporte del Estado de 6500 millones de pesos.
Ante el anuncio gubernamental surge en el imaginario el recuerdo de las demandas que sobre este tema ejerció quien lidera el gremio de Camioneros y la CGT opositora, Hugo Moyano, que denunció fuertemente la deuda que mantiene el Estado con las obras sociales sindicales. En este tema lo secundan la mayoría de los sindicatos que no reciben los fondos que les corresponden.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se financia con un porcentaje de los aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de los trabajadores y empleadores. Si se traspasan los aportes a alguna Entidad de Medicina Prepaga (EMP) -entre el 80% y 90% del aporte es derivado a prepagas- el resto debe ser aportado por la Obra Social al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La plata que se recauda es para ayudar a las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad y cubrir los gastos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud. Los excedentes de ese fondo deben ser reintegrados a las obras sociales, y se trata justamente de lo que reclaman los sindicatos.
Desde que existe la libre opción de obra social, y las mismas contratan planes superadores con las EMP, derivando los aportes de la Seguridad Social al subsector privado, la segmentación entre los beneficiarios de obras sociales ha crecido sustancialmente. Esta situación se debe a la desregulación de las obras sociales, establecida por el decreto 1140/2000 firmado por el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, que ha significado una mayor presencia de la medicina privada en los sectores de trabajadores de mayores ingresos, y por ende la pérdida de solidaridad que debería regir en la prestación de servicios de salud.
Las prepagas tienen convenio con algunas obras sociales, lo que genera que los trabajadores con mayores salarios, y mayores aportes determinen en qué obra social aportar de acuerdo a la prepaga a la cual quieren pertenecer. Algunas prepagas incluso se quedan con el 100% de los aportes.
La consecuencia de este drenaje de trabajadores de altos salarios hacia las prepagas es el vaciamiento / desfinanciamiento de las obras sociales en las que aportan los trabajadores de menores ingresos, generando una situación regresiva entre los asalariados en lo que respecta a su acceso a la salud.
Esta situación pone en primer lugar la elección individual de cada uno de los trabajadores al atender sus necesidades de cobertura de salud por encima del conjunto, y así revierte el carácter solidario que supo tener este sistema. Por otro lado desliga la responsabilidad del Estado, en tanto ejecutor de la política de salud pública, en esta situación donde las obras sociales deben atender la salud de los trabajadores en base a sus salarios. De esta forma lo que ganan define el tipo de acceso a la salud a la que pueden acceder por carecer de la fluidez de los fondos que deberían recibir de Nación.
No basta con supervisar ese servicio, sino que se debe resolver la atomización creciente dentro de la clase trabajadora, donde los que reciben menores salarios recogen una atención deficitaria, y donde los trabajadores precarizados ya sea por su situación de monotributistas o por estar en negro, son los más relegados en términos de acceso a un sistema de salud eficiente. Esto supone más del 36% de los trabajadores.
En la actualidad las obras sociales se convirtieron en actores pasivos y muchas veces funcionales a los intereses privados. Mantienen fuertes vínculos con las empresas de medicina prepaga y concentran las derivaciones y atenciones en instituciones de salud privada, con claros objetivos comerciales. Una revisión de la desregulación de obras sociales implica un abordaje de esta problemática dentro de un marco más amplio que involucre el esquema de salud pública general.