En un fallo histórico, la justicia argentina sentenció ayer a nueve represores por el Plan Sistemático de Apropiación de Bebes durante la última dictadura. El hecho de reconocer que hubo un plan y no una serie de hechos aislados es lo que marca una diferencia con sentencias anteriores y va en sintonía con el fallo de la “mega causa” ESMA.
Este jueves, alrededor de las 18 hs., el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Jorge Rafael Videla, Antonio Vañek, Jorge “El Tigre” Acosta, Santiago Omar Rivero, Reynaldo Benito Bignone, Víctor Gallo, Juan Antonio Azic, Jorge Luis Magnaco e Inés Susana Colombo. Al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los casos constituye “parte integrante de un Plan Sistemático de Robo de Bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado. Esto fue lo que permitió juzgar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas ya que de otro modo, los imputados hubieran sido oficiales de menor rango o los apropiadores directos.
El ex dictador Jorge Rafael Videla recibió la máxima sanción prevista en la legislación nacional: 50 años y se trata de su tercera condena a reclusión perpetua. Le siguió en importancia de la pena el almirante Antonio Vañek, que comandó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y fue condenado a 40 años. Jorge “Tigre” Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA recibió una pena de 30 años.
Santiago Omar Rivero, quién fuera jefe de Campo de Mayo deberá pasar 20 años en prisión. El último presidente de facto, Reynaldo Bignone, al igual que Jorge Luis Magnaco -medico militar que asistía a las parturientas- y el ex oficial del ejército Victor Gallo cumplirán una pena de 15 años. El prefecto Juan Antonio Azic fue condenado a 14 años y Susana Colombo, mujer de Gallo y apropiadora del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela, 5 años.
El ex agente de Inteligencia Eduardo Ruffo y el ex almirante Rubén Franco, que integró la última junta militar fueron absueltos, pero el primero quedó detenido por otras causas pendientes de juicios.
16 años de lucha
Esta causa, conocida como Plan Sistemático, arrancó el 30 de diciembre de 1996 con una presentación de Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Mariani, que aprovecharon el vacío jurídico que dejaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para denunciar la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa se cerró con dos de sus principales acusados, Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos.
De todas formas esto no opacó la jornada que fue histórica y marcó una enorme victoria de los organismos de Derechos Humanos que vienen luchando hace décadas por el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado.
“Es un momento de alegría y de hermandad entre nosotros. Agradecemos a nuestros papás por habernos dados la vida y a las Abuelas por recuperar nuestra identidad,”, dijo la nieta recuperada Victoria Montenegro al conocerse el fallo. Por su parte Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora dijo: “es un día histórico y vamos por más. Es muy importante porque se demostró que hubo un plan sistemático”. Además sostuvo que “esta lucha que por tantos años veníamos haciendo es el mérito de no haber bajado los brazos y de la lucha de los organismos, los sobrevivientes y los testigos” y además marcó la importancia que tuvo la “decisión política” del ex presidente Néstor Kirchner de “tomar a los derechos humanos como política de Estado”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda aseguró que el fallo es “el resultado de la lucha de muchos años de las Abuelas de Plaza de Mayo y del pueblo argentino”. “Realmente se empiezan a cristalizar aquellas históricas reivindicaciones que no solamente hoy se convierten en políticas de Estado sino que se convierten en la memoria y la verdad del pueblo argentino”, agregó el secretario, nieto recuperado y uno de los fundadores de la agrupación H.I.J.O.S de Córdoba.
Luego de las sentencias a los genocidas por la desaparición forzada de personas, este fue un nuevo paso para juzgar las consecuencias de la última dictadura de manera global. La semana próxima avanzará aun más cuando comience el primer juicio por complicidades civiles y empresarias con el terrorismo de Estado. La causa por el apagón de Ledesma tendrá como uno de los principales imputados a su dueño, el empresario Carlos Pedro Blaquier.
105 nietos fueron recuperados por la lucha de las Abuelas y falta aún restituir la identidad de alrededor de 400 hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. Ayer se dio un fallo histórico que permite avanzar en la reconstrucción de una memoria colectiva de la historia reciente de nuestro país. Una sentencia que permite avanzar en la justicia y llama a no olvidar que fueron ellos.