Por Carla Perelló, desde Brasilia
Foto: Lucas Martins para Midia Ninja
El ex mandatario fue condenado este jueves: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, sostuvo la ministra Carmen Lúcia. Ella fue quien, al cabo de una semana de especulaciones, dio el voto clave para condenar a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión.
El atentado contra la soberanía popular en Brasil no quedó impune. Este jueves el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus aliados considerados parte del “núcleo crucial” fueron condenados con distintas penas que van desde los 19 a los 27 años de prisión luego de que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que quedó efectivamente comprobado que existió una organización criminal que -entre julio de 2021 y el 8 de enero de 2023- llevó a cabo un plan “sistemático y progresivo” para atacar al sistema electoral y “minar el libre ejercicio del voto”. Quien tuvo la decisión clave fue nada menos que la única mujer del Tribunal, Carmen Lúcia: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, dijo al cabo del juicio histórico, que sorteó las presiones y las amenazas internas y la abierta injerencia de Estados Unidos.
“Tá na hora do Jair/Tá na hora do Jair/Ja ir embora” la melodía de esa música se hizo popular en 2022, cuando el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de ese año. Hace un juego de palabras que se refiere a la salida del gobierno de Bolsonaro, que buscó perpetuarse en el poder con un golpe de Estado. Fue esa melodía la que volvieron a cantar miles en las calles de todo Brasil y la que entonó un trompetista en las afueras del STF, en Brasília, el jueves por la tarde minutos después de que se definieran la sentencia y la pena definitiva contra el expresidente y líder de la organización criminal que atentó contra la democracia.
Con él, otras siete personas fueron condenadas: Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.
Cid y Braga Netto fueron condenados por unanimidad, mientras que el resto por la mayoría de 4 votos contra 1 con la disidencia del juez Luiz Fux. El magistrado le imprimió un halo de dramatismo al proceso judicial con más de 12 extensas horas de lectura y sorprendió hasta a los propios bolsonaristas con su postura por la “nulidad absoluta” al considerar que la acción penal debería haber estado a cargo del pleno del STF, conformada por once jueces. Ese aire de esperanza que le dio a los aliados de Bolsonaro ya quedó sofocado por la contundencia de los argumentos y de las penas dadas por sus colegas: Alexandre de Moraes, relator del caso; Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.
Las penas que recibieron fueron consecuentes con las responsabilidades y para dejar en claro un mensaje, dijo De Moraes: “Para que la historia no se repita”.
Las palabras resuenan en el continente que en la misma fecha de la condena también se conmemora el golpe de Estado en Chile que dio inicio al primer experimento neoliberal de la región, por lo que vale la pena levantar esta condena como un “nunca más” a la violencia estatal contra los pueblos y que Brasil, hasta el momento, nunca había pronunciado por haber aprobado en 1979 una ley de amnistía que impidió juzgar a los criminales de la dictadura militar-empresarial (1964-1985).
Un Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.
Claves de un juicio histórico para América Latina y el Caribe
La investigación para este proceso comenzó hace dos años a manos de la Policía Federal, que separó a lxs responsables en cinco núcleos de acuerdo con las funciones que cumplieron durante la tentativa del golpe. El “núcleo crucial”, el número uno, fue el que ideó y planificó, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR). Con la sentencia de la Corte ahora queda escrito para la historia que las ocho personas que lo conforman fueron los autores intelectuales.
La trama que idearon tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023, pero a entender de la Justicia comenzó mucho antes: en julio de 2021 y contó con varios elementos más allá de la invasión a los Tres Poderes del Estado con más de mil personas que se habían apostado durante semanas en las puertas de comandos militares y que, aquel domingo a la tarde no “salieron de paseo después de almorzar y pidieron permiso para entrar a las sedes del poder central” -como dijo Dino-, sino que se levantaron con la intención de exigir su intervención para la perpetuación en el poder de su líder, en contra de la voluntad popular que había elegido a Lula como presidente.
En más de 800 páginas la PGR detalló reuniones, mensajes, documentos, escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios y confesiones que dan cuenta cómo un gobierno elegido -como fue el de Bolsonaro en 2018- puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Algo así como un paso a paso de cómo la democracia puede morir y de cómo un presidente puede perpetrar acciones que debilitan las instituciones democráticas.
¿Cómo lo hizo? Bolsonaro atacó públicamente al sistema electoral brasileño para deslegitimarlo, así como al STF y sus ministros, hizo reuniones con sus ministros y con embajadores en las que difundió información falsa sobre las falencias en las urnas y usó una milicia digital para la difusión de fake news. Se reunió con sus ministros y accionó para que se restringiera la movilidad de las personas el día de las elecciones en el balotaje, tenía un decreto de estado de sitio preparado en caso de perder y, junto con su ministro de Defensa y general del Ejército, instigó a los jefes de todas las Fuerzas Armadas para perpetrar el golpe.
“Preso, muerto o con una victoria”, dijo que saldría de Brasilia -una frase similar pronunció el mandatario argentino, Javier Milei, que dijo que saldría de la Casa Rosada “con los pies para adelante”-.
Pero había más. Bolsonaro y sus aliados idearon el “Plan Puñal Verde-Amarillo” para asesinar a Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes.
En eso se basó el “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto”. En palabras de la magistrada Lúcia se ejerció la violencia institucional y política y se perpetraron una serie de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” -es decir se tensionó para provocar una fuerte polarización- todas ellas necesarias para que el líder de la organización criminal contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder: quienes efectuaron la invasión a los Tres Poderes.
Juzgar más allá de las presiones internas y externas
Los cuatro jueces que conformaron la mayoría para el juicio histórico llevaron a cabo un proceso más allá de los embates y de las amenazas: todxs fueron amenazadxs de muerte y los ataques a las instituciones no cesaron. En esta misma semana, de hecho, hubo un nuevo intento de invasión a los Tres Poderes y, en noviembre pasado, un hombre -que murió- instaló bombas en autos en derredor de la explanada de los ministerios.
Los bolsonristas, en tanto, traman distintas estrategias para buscar la impunidad de los crímenes y miran a las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, en el Congreso presionan por una ley de amnistía “amplia e irrestricta” para beneficiar a las más de 600 personas ya condenadas por el 8 de enero y, también, al líder criminal. Por otro, el gobernador de San Pablo, Tarcício de Freitas, prometió el indulto con la esperanza de que conquistar seguidores para su campaña presidencial. Ambas opciones fueron descartadas por inconstitucionales según la Corte, aún así, se prevé que insistirán.
El juicio, además, se convirtió en un fuerte acto de soberanía nacional que resiste a las sanciones políticas y económicas impuestas al país y a lxs magistrados con la abierta injerencia del Estados Unidos de Donald Trump.
Ninguno de esos embates antidemocráticos -y hasta con aires colonialistas- consiguió evitar que Brasil escribiera una de las páginas más relevantes de su historia en defensa de la soberanía y de la autonomía del pueblo para que estos actos no se repitan nunca más.