Se sancionó este miércoles una ley que declara imprescriptibles los crímenes cometidos en la última dictadura militar, pero la ley de Caducidad sigue vigente
Tras tres intentos de anulación de la Ley de Caducidad, que rige desde 1986 e impide el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, el gobernante Frente Amplio (FA) presentó este proyecto que sortea el obstáculo de dicha ley y abre camino a futuros juicios contra los represores.
En la ley que aprobó la cámara de diputados uruguaya se declaran estos delitos como de lesa humanidad y se habilita así la posibilidad de juzgarlos. El texto consta de cuatro artículos y apunta a restablecer “la pretensión punitiva del Estado” para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985.
Ana Juanche, miembro del Servicio Paz y Justicia de Uruguay (SERPAJ) señaló que “el Frente Amplio tiene la responsabilidad de dar solución a un tema que ha sido durante mas de 20 años un estandarte de su propuesta política”. En conversación con Gerardo Szalkowicz y Vanessa Gutierrez, colaboradores de Marcha en Venezuela, Juanche sostuvo que se levanta el manto de impunidad que cubrió a Uruguay durante los últimos 30 años.
Resultaba de vital importancia que la ley sea sancionada antes del 1° de noviembre, ya que en esa fecha prescribían los casos de violaciones a los derechos humanos que venían siendo tratados en la justicia como crímenes comunes.
Lo viejo que no termina de morir
Las sesiones parlamentarias, tanto en diputados como en senadores, no fueron apacibles. Fuertes cruces entre oficialistas y opositores marcaron el ritmo de dos días de largo debate. El ambiente de fuerte tensión crispó los nervios de más de un legislador, tanto de un lado como del otro, y puso en evidencia que el pasado no ha quedado tan atrás como los anteriores gobiernos han querido hacer creer.
El martes el senado uruguayo le había dado la media sanción con 16 votos a favor y 15 en contra por parte de los partidos Nacional y Colorado. Estos partidos se oponen por considerar que es inconstitucional ir en contra de la voluntad de la ciudadanía que no avaló con su voto la derogación de la Ley de Caducidad. Irónicamente son los mismos partidos que promovieron y apoyaron esta ley que impide juzgar a quienes violaron los derechos constitucionales de todos los uruguayos durante la última dictadura militar.
Por su parte varios militares retirados se sintieron aludidos y no tardaron en reaccionar asegurando que van a denunciar a 34 ex guerrilleros por diversas acciones armadas durante el mismo período.
Una de cal y otra de arena
La nueva ley detiene las prescripciones y abre la puerta a los juicios pero no anula ni deroga la cuestionada Ley de Caducidad. Ana Juanche remarcó que “los delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada siguen sin estar contemplados en el código penal, por lo tanto los delitos que se juzguen aun después del 1° de Noviembre van a ser delitos simples: homicidios y exceso de violencia, como han venido siendo hasta ahora”.
La defensora de DDHH destacó que es importante que la comunidad internacional sepa “que de todos modos la ley de caducidad, que es inmoral, va a seguir vigente en el país”.
El antecedente inmediato a esta iniciativa es la interpelación que realizó en marzo pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno uruguayo. El organismo le exigió que avance sobre la Ley de Caducidad evitando que siga siendo una traba en la búsqueda de justicia. Además hizo responsable al estado uruguayo del caso de la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y el secuestro y posterior supresión de identidad de su nieta Macarena.
Los organismos de Derechos Humanos vienen dando hace años la batalla por la anulación de la Ley de Caducidad. En 1989 y 2009 se realizaron dos consultas al pueblo uruguayo para que la ley sea derogada, sin embargo nunca se logró superar el 50% de los votos. Juanche detalló que esto sucedió por el fuerte arraigo del discurso que la derecha instaló en el país sobre la necesidad de dar vuelta la página.
En este sentido a las organizaciones se les hizo muy difícil instalar el tema sobre este manto de silencio. Sin embargo la nueva ley, además de permitir los juicios, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el fin de la impunidad y la necesidad de cerrar heridas aun abiertas en Uruguay.