Desde comienzos del Paro Nacional del 2021 en Colombia se buscó estigmatizar la protesta social y a quienes hacían parte de los procesos territoriales. Actualmente 9 jóvenes, líderes sociales de Puerto Resistencia, uno de los epicentros de Paro en las afueras de la ciudad de Cali, se encuentran detenidos. Sus familiares se refirieron a la situación en la que se encuentran y la lucha para exigir su libertad.
Por Ximena Hernández*
El Paro Nacional fue la construcción colectiva que le terminó de abrir camino al Gobierno Popular que hoy celebramos. El punto de partida de un cambio que se venía gestando desde décadas anteriores. Trochar ese camino nos costó dolores profundos, muertes y desapariciones, además de una persecución política a los líderes sociales quienes hicieron parte de las movilizaciones en todo el país. Mediante montajes judiciales, estos jóvenes hoy se encuentran privados de la libertad en condiciones de alta precariedad que atenta contra su salud física y psicológica.
Ante este panorama la victoria sigue siendo agridulce, porque nos faltan quienes gestaron el cambio en las calles y en la organización de procesos populares que trascendieron más allá de la movilización social y se tradujeron en trabajo barrial para la comunidad garantizando desde la comida, por medio de la olla comunitaria, hasta espacios de educación popular con talleres, bibliotecas, cine para el barrio y huertas comunitarias.
El espacio de Derechos Humanos de la organización Congreso de los Pueblos, Ni un día más, denuncia que a la fecha son 91 las personas judicializadas por razones políticas, 17 con prisión domiciliaria, 52 personas con medida intramural y 22 personas en libertad que hicieron parte de las movilizaciones sociales del Paro Nacional en Colombia durante el 2021. Conversamos con las familias de “Los 9” de Puerto Resistencia, uno de los epicentros de la represión y la organización social en la ciudad de Cali.
En ese sentido, se vuelve imprescindible insistir sobre las situaciones por las cuales están pasando los jóvenes que hicieron parte del paro nacional y esto implica dimensionar la condición de hacinamiento, el mal estado de la estructura física, la falta de atención médica, a la que no han tenido acceso en más de una ocasión. Como si fuera poco, las familias de los jóvenes han tenido que hacer todo tipo de recaudación de fondos por medio de rifas y colectas para rebuscar la forma de enviarles algo de dinero a sus familiares.
Por otra parte, hasta el momento no hay una plataforma de DDHH, organización social o institución estatal que haya realizado un ejercicio de sistematización de la información con respecto a la cantidad de casos con información como quiénes son, en qué territorios se encuentran, qué cargos se les imputan y en qué condiciones se encuentran recluidos o procesados.
“Los 9” de Puerto Resistencia
Dentro de estas historias, se encuentran judicializados nueve jóvenes de Puerto Resistencia: Iván Ricardo Bermeo, Alejandro Blandón, Alejandro Hernández, Wilson Steeven Murillo, Rolando Quintero,Jhofren Ordóñez Ángulo, Yeison Giner Hernández, Diego Fernando Ángel, Anderson Cifuentes Montaño. Hablamos con algunas de sus familias para que nos cuenten la situación en que se encuentran.
“Los 9” se encuentran en la cárcel de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, un centro penitenciario que en su historial registra varias denuncias por la falta de condiciones mínimas para las personas detenidas. Los cargos por los cuales están siendo imputados parecen la muestra del disciplinamiento a quienes se movilizaron y emprendieron un liderazgo social en su comunidad, además de un intento de mostrar resultados del accionar estatal. Estos son los cargos por los que se les acusa: Secuestro Simple con Circunstancia de Atenuación, Tortura con Circunstancia de Agravación Punitiva, Fabricación Tráfico, Porte o Tenencia de Arma de Fuego, Perturbación de Servicio de Transporte Público, Colectivo y Oficial,Incendio con Circunstancia de Agravación Punitivo, Violencia Contra Servidor Público, Concierto para Delinquir Simple y Homicidio Agravado.
El 15 de junio a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y de manera simultánea se realizaron los allanamientos por parte de la Policía de las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) entre las 4 y 5 de la mañana en las casas de los 9 jóvenes. Doña Hilda la mamá de Yeison Giner cuenta que en la madrugada del cumpleaños número 30 de Yeison, la policía irrumpió en la vivienda de manera violenta para llevarse a su hijo,“nos generaron un daño psicológico importante por la violencia estatal que vivimos esa madrugada”, comentó Don Alvaro, Padre de Yeison. “La policía rompió la puerta para entrar a su casa violentamente, apuntando con armas de fuego incluso a los menores que se encontraban en la vivienda en el momento del allanamiento” manifestó Doña Zulma, madre de Rolando Quintero.
Carlos Peña uno de los jóvenes que acompaña el proceso en Puerto Resistencia comentó que, “en términos judiciales, las audiencias preliminares ya se llevaron a cabo, estas consisten en la legalización de la captura, en la imputación de cargos y en la decisión de la medida de aseguramiento”. Peña agregó que, “en el caso de Puerto Resistencia, se delegó una fiscalía especializada con incidencia en orden nacional para generar la imputación. Esta medida fue tomada por el Fiscal General de la Nación”.
El caso de Puerto Resistencia tiene implicancias particulares por lo que representa durante y después del estallido social, ya que incide en las elecciones del Congreso y en las elecciones presidenciales. “Esta criminalización responde a querer desdibujar la incidencia de quienes se la jugaron toda por un cambio social”, expresó Peña.
Zulma, comenta que su hijo hacía parte de un comedor comunitario que surge a partir de las ollas populares en el estallido social. “Cuando la policía llegó a la casa a las 4 de la mañana rompieron la puerta, nos sacaron a todos de los cuartos, yo fui la última, nos apuntaron a todos con armas, incluyendo a mis nietos”, y agregó que, “fue tanto el miedo de los niños que ellos les gritaban llorando que no los fueran a matar”. Mientras tanto, el ruido del helicóptero que sobrevolaba la casa de Zulma retumbaba en todo el barrio, recordó.
Zulma destacó que Rolando es un líder social comprometido con el barrio y su proyecto más grande radica en encaminar el comedor comunitario con el que estaba implicado. “Cada vez que hablo con mi hijo su único pedido es que no deje caer el comedor del que depende mucha gente de la comunidad para acceder a un plato diario de comida”, aseguró Zulma y advirtió que,“Rolando no solo es mi hijo, es un líder social del barrio, era el que me ayudaba económicamente y en la crianza de sus sobrinos”.
Doña Hilda, la mamá de Yeison, contó que los jóvenes se encuentran en condiciones precarias y que tanto su hijo, como algunos de sus compañeros están sufriendo de hongos en la piel por la carencia de servicios básicos como el agua. “Les mandan agua de un pozo solo dos veces por día a la celda”, contó Hilda. Otra de las denuncias que hacen los familiares tiene que ver con el hacinamiento al que están expuestos los jóvenes en las celdas. “Rolando se contagió de COVID en la cárcel y no le prestaron atención médica además, sufre de una otitis severa y aunque reclamó que lo atendiera un médico, pasó mucho tiempo para acceder a la consulta, el medico le ordeno estudios para lo del oido y cuando quisimos llevar a alguien nos dijeron que ellos se encargaban de realizarlos. Hasta el día de hoy mi hijo sigue sin recibir el tratamiento adecuado” contó la madre del joven.
Jhofren Ordóñez Ángulo, otro de los jóvenes líderes sociales en Puerto Resistencia llegó como desplazado, víctima del conflicto armado a Cali. Jhofren ha trabajado de la mano con las personas de su comunidad en la que vive teniendo claro que Colombia necesitaba un cambio, fue uno de los líderes que más trabajo por la campaña política de Gustavo Petro y Francia Márquez.
¡Libres ya!
Las familias se encuentran organizadas a través de un comité para luchar por la absolución y libertad de los 9 jóvenes hacerle seguimiento a los casos de los 9 jóvenes y en ese sentido, se han realizado campañas como Libres ya, sin embargo, no cuentan con los recursos económicos suficientes ya que, según las familias, quienes se encargaban de hacer llegar los recursos a sus hogares en la mayoría de los casos eran los jóvenes que hoy se encuentran detenidos. En ese sentido, el acompañamiento económico es prioritario para que las familias les puedan hacer llegar insumos básicos.
La estigmatización por parte de la fiscalía y los medios de comunicación omiten el principio de inocencia. “Desde los tiempos de las movilizaciones han catalogado a la Primera Línea una y otra vez como criminales, la irresponsabilidad de estas afirmaciones tiene una consecuencia dentro de los centros penitenciarios, porque de esa misma manera son tratados los jóvenes en las cárceles”, sostuvo Carlos Peña quien expone que la preocupación trasciende tanto a los jóvenes detenidos, como a los jóvenes que siguen con el proceso popular en Puerto Resistencia, ya que el hostigamiento y las amenazas a través de panfletos por parte del grupo paramilitar águilas negras siguen poniendo en riesgo el ejercicio de liderazgo social.
Es imposible construir el camino sin los jóvenes que pusieron el cuerpo en las movilizaciones, que buscaron desde el amor las herramientas para mermar el hambre y la educación en sus territorios, que materializaron el cambio y que hicieron posible lo imposible con su trabajo diario, darnos un gobierno popular. Nos faltan mariposas, esas que como insignia de campaña promulgaban la libertad. En esa construcción de memoria colectiva a la que le estamos apostando, nos faltan ellos, los nadie.
*Fotoperiodista colombiana.