La Vale, una transnacional brasileña que recién anunció la suspensión de su megaproyecto en Mendoza, acumula en su currículum una larga lista de violaciones de leyes ambientales, de derechos laborales y humanos, incluyendo la sospecha de haber participado en una masacre en Guinea.
La minera brasileña Vale, una de las mayores del mundo, con presencia en 37 países de los cinco continentes, anunció en el inicio de la semana que dejará en proyecto de extracción de potasio en Mendoza.
“Los fundamentos económicos del proyecto no estaban alineados con el compromiso de la Vale con la disciplina en la destinación del capital y creación de valor”, afirmó en una nota la transnacional. Por su parte, el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, aseguró que la minera violentó la seguridad jurídica y las leyes argentinas.
Más allá de los roces y disputas entre el Gobierno Nacional argentino y la transnacional, todo indica que la salida de la Vale de Argentina no es motivo de preocupación, sino de alivio. Masacres de trabajadores, amenazas y represión a sindicalistas, explotación ilegal de madera, remoción y desalojo de personas de sus casas, crímenes ambientales. Esas son algunas de las denuncias presentadas contra la empresa en todo el mundo.
En Guinea se dio uno de los casos más polémicos y conocidos. Según un reportaje del diario brasileño O Estado de S. Paulo en septiembre del año pasado, la Vale habría cedido vehículos a paramilitares y policías guineanos, para que atacaran a manifestantes contrarios a la política laboral da Vale, en la ciudad de Zagota.
Una de las críticas que se le hacían a la Vale era que no contrataba a la población local, conforme estaba definido en la legislación. En julio, se hizo una gran manifestación en la cual ocuparon la empresa y paralizaron sus actividades. Pocas semanas después, la policía y paramilitares entraron en 300 casas en busca de los líderes de las protestas. Cinco personas fueron asesinadas, entre ellas, uno de los líderes de la comunidad, Nankoye Kolé. Los periodistas colectaron testimonios de personas de la comunidad que afirmaban que las camionetas usadas en el día de la represión eran de la Vale.
Rechazo internacional
Las denuncias a la Vale son tantas que los afectados por la actividad de la empresa realizaron un encuentro para unir esfuerzos en la lucha contra la misma. El “I Encuentro Internacional de los Afectados por la Vale” se llevó a cabo en Rio de Janeiro, donde se encuentra la oficina central de la Vale.
El encuentro fue realizado entre el 12 y el 15 de abril de 2012 y tuvo como resultado la creación de una articulación internacional con participación de países como Alemania, Canadá, Chile, Mozambique y Perú.
Fueron muchos los relatos de violaciones de todo tipo por parte de la empresa durante el encuentro, que tuvo fuerte apoyo de la Vía Campesina-Brasil. Entre las denuncias figuran tomas ilegales de tierras en Indonesia; desalojo de más de 5 mil personas de sus tierras en Mozambique que todavía no fueron reasentadas; contaminación de lagos y lagunas en Canadá, comprometiendo la actividad de pescadores, y un sinfín de conflictos laborales. Los casos fueron reunidos en un informe de más de 150 páginas.
En 2012, la empresa ganó “un premio” por su mala conducta, el Public Eye Awards de peor empresa del mundo. El premio es entregado por Greenpeace de Suiza y por la Declaración de Berna. Uno de los factores que más pesaron en la votación fue la entrada de la Vale en el Consorcio Norte S.A., empresa responsable por la construcción de la polémica usina hidroeléctrica de Belo Monte, en el norte de Brasil, proyecto faraónico apoyado por el gobierno del Partido de los Trabajadores. La construcción es fuertemente criticada por ambientalistas y movimientos sociales debido a sus impactos ambientales y sociales.
Era estatal
La Vale, según una nota de la revista empresarial brasileña Exame, está tercera en la lista de las mayores empresas de ese país, aunque en algunas listas figura en segunda. Sin embargo, en 2012, acumuló más ganancias que la Petrobras, la primera de la lista.
La empresa fue estatal hasta 1997, cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso la privatizó, en lo que para muchos fue uno de los mayores saqueos de la historia de Brasil. La entonces llamada “Vale do Rio Doce” fue vendida por 3,3 mil millones de dólares, lo que no representaba ni un tercio de su valor.
Diez años después de su privatización, los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda brasileña se unieron y centraron esfuerzos en la realización de la campaña “La Vale es Nuestra”, que incluía la realización de un plebiscito popular. Votaron más de 3,7 millones de brasileños en más de 3 mil ciudades en las que se realizó la campaña. Alrededor de 95% se declaró contra la privatización de la empresa. El entonces gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ignoró la campaña.
Hoy, la Vale ya ganó más de 15 veces la misma cantidad de dinero por el que fue vendida. La empresa es controlada por la sociedad Valepar S.A., que posee 53,3% del capital con derecho a voto (33,6% del capital total). Después, aparece el gobierno brasileño, con 6,8%, seguido de varios inversores con menos de 5%.