Por Rufino Diana Barrios, desde Paraguay. Lucía es una de los campesinos de Curuguaty en huelga de hambre en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, 132 de la capital paraguaya. Juntos a otros 4 campesinos cumplieron ya más de 50 días de protesta.
Lucía ya perdió 14 kilos, su presión arterial está muy baja, su corazón está muy afectado y tiene una herida de bala en el muslo. Sin embargo, ella dice, con vos entrecortada, que seguirá con la medida de fuerza. Es una joven madre viuda y debe trabajar para mantener a sus dos hijos.
Tras los sucesos de Curuguaty, ocurridos el pasado 15 de junio, fueron procesadas judicialmente más de 50 personas, todos campesinos, de las cuales 12 están privados de su libertad. De este grupo, cinco realizan huelga de hambre: una de ellos es Lucía Agüero; los otros son Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina, y Juan Carlos Tillería.
Desde su lugar de reclusión, Lucía dijo: “El otro día me desvanecí y me caí en el baño, no sentí nada y casi amanecí en el lugar”. Ella y sus compañeros solo consumen agua. “Casi ya no tenemos esperanza por eso hacemos la huelga de hambre en vista de que no avanza nuestro pedido de libertad, estamos muy mal y en cualquier momento podemos perder la vida”. Respira y prosigue el relato: “Yo ya decidí, no levantaré la huelga, si no me dan la libertad moriré aquí en la cárcel. Soy inocente y en nuestro país no hay justicia, la Policía me dijo luego al momento de la detención que moriríamos en la cárcel”.
Con relación a los sucesos en Curuguaty dijo que se encontraba de visita en el lugar conocido como Marina Cué (ex Marina) porque después tenía pensado viajar a Salto del Guairá, al este del país. Estaba estudiando, y sus libros de texto quedaron todos en el campamento. En la balacera, recibió un impacto de bala en el muslo y ella misma, desde la cárcel, sacó el proyectil.
“Yo no tengo nada que ver en el caso”, asegura, y cuando la detuvieron tenía esperanza de que el caso se resolviera rápidamente y, creía que en breve recuperaría la libertad, cosa que hasta la fecha no aconteció. “Ya expliqué muchas veces sobre mi inocencia, en nuestro país no hay justicia por eso hacemos la huelga de hambre”, reitera desde la cárcel.
Por momentos se pone más intenso su pedido, pide que ya no la visiten. “Ya no quiero que vengan a verme mis padres ni mi hijo porque las veces que vienen lloramos muchísimo, hay mucho dolor y sufrimiento, mi hijita es enfermiza”, dice muy apenada e impotente. Finalmente reitera con mucha tristeza que si hubiera justicia en Paraguay, ninguno de los detenidos tendrían que estar procesados ni presos en la cárcel. Nuestros derechos han sido evidentemente violentados, y hemos denunciado que somos víctimas de torturas físicas y psicológicas durante nuestra prisión en esta Penitenciaria de paraguaya.
Mientras los presos reclaman su libertad desde la cárcel, el equipo de fiscales encabezado por Jalil Rachid ha dejado fuera de la investigación a relevantes actores políticos y económicos relacionados al hecho, para apuntar exclusivamente al supuesto de que los campesinos son los únicos responsables de la masacre.
Antecedente
El 15 de junio pasado, en horas de la mañana, los medios de comunicación comenzaban a difundir el enfrentamiento protagonizado por efectivos policiales y campesinos sin tierra en la propiedad denominada Marina Cué (ex Marina). Los campesinos la habían ocupado en el marco de sus reivindicaciones por el acceso a la tierra. El enfrentamiento arrojó un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías.
Desde el inicio de las investigaciones fiscales -cuya cabeza es Rachid, hijo de un dirigente del Partido Colorado (ANR) Bader Rachid Lichi y amigo personal de la Familia Riquelme, parte interesada en el conflicto por las tierras de Marina Cué, toda la pesquisa se concentró en la hipótesis de los campesinos como supuestos autores intelectuales y materiales de la masacre. Este sesgado abordaje ha dejado fuera de la investigación una serie de hechos, protagonizados por actores políticos y económicos relevantes y ocurridos antes y después del 15 de junio, día de la masacre.
A raíz de lo sucedido en Curuguaty, Fernando Lugo fue sometido a un juicio político. Su destitución llevó menos de 48 horas.