Por Mario Hernandez
In Memorian
A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista
Un jubilado de 91 años se suicidó en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill había llegado a la agencia estatal a las diez de la mañana junto a sus dos sobrinas para cambiar la dirección de cobro. Antes de irse, les pidió que lo esperaran en la entrada porque “conocía a alguien del primer piso” que ayudaría. Al bajar de las escaleras, sacó un arma, dijo estar “cansado de luchar” y se disparó ante la mirada de empleados y vecinos que realizaban diligencias. Centenares de marplatenses se reunieron en la puerta de esa sede, en avenida Independencia y San Lorenzo, para protestar por el recorte a jubilados.
“El suicidio de un jubilado de 91 años en Mar del Plata desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados y jubiladas de todo el país. Las políticas de este Gobierno atentan tanto a su vida como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, declararon en conjunto los tres gremios que tienen afiliados a trabajadores de la Anses, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Prevención Social (Apops) y Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Los sindicatos decretaron un paro nacional el pasado viernes: denuncian los recortes en jubilaciones, pensiones y en programas como Procrear y Progresar, y aseguran que el Gobierno “va a ir por más: elevar la edad jubilatoria, volver a las AFJP y desguazar todo el sistema de Seguridad Social Público”.
“El grado de angustia que cargan los jubilados es increíble, pero lo peor de todo es la indiferencia dirigencial ante ese dolor”, aseguró Sandra Mayol, empleada y delegada gremial de Apops en Mar del Plata. Leonardo Fabre, el titular del gremio, dijo que hay un “plan de exterminio” hacia los jubilados y hasta habló de “genocidio”.
“Este combinación de violencia y angustia que se vive día a día en la Anses, producto de las medidas actuales del gobierno, me hace recordar a los noventa, cuando los jubilados estaban totalmente desesperados”, afirmó Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi. También describió los desafíos que transitan actualmente los jubilados, pensionados y discapacitados para mantener sus beneficios: “Hay gente que viaja 200 kilómetros sólo para presentar una fecha de nacimiento o de defunción de su pareja. Acá se hizo todo al revés, en vez de revisar los casos que podrían ser dudosos, se les recortó a todos, sin hacer ninguna evaluación”, indicó Ortega y agregó que “estamos en un retroceso notable, similar a los años noventa cuando se crearon las AFJP. Esta gestión vacía el Fondo de Sustentabilidad con la simple excusa de que hay personas que no deben ser beneficiadas. Obviamente con estas revisiones injustas las personas se desesperan”.
Mientras, las flores en homenaje a Estivill y los carteles de protesta contra el recorte a los jubilados se multiplicaban cada vez más: “El neoliberalismo mata”, “No a la suba de la edad jubilatoria”, “Los abuelos no somos descartables”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los marplatenses en la puerta de la sede de la Anses.
Luego de la tragedia de Mar del Plata, la Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió las intimaciones a los pensionados viudos, a quienes obligaba a demostrar su estado civil.
De acuerdo con la circular 15/17, que la Anses solo distribuyó a través de su correo interno, se informó a todas las oficinas de atención al público que “en el día de la fecha (30 de junio de 2017) ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante orden de pago previsional (OPP), prevista en el programa de rutina de actualización de datos”.
“Los titulares que contaban con algún mensaje de los previstos en este procedimiento (Actualización de datos correspondientes a beneficios de pensión por fallecimiento) podrán corroborar que los mismos no se repetirán en mensuales siguientes”, agrega la circular.
El ajuste más anunciado ya comenzó
1) La baja masiva de pensiones no contributivas: 170.000 beneficiarios.
2) El Plan Progresar destinado a incentivar el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años sufrió una baja de 904.000 beneficiarios a 558.000, es decir, 346.000 menos. Se trata de una ayuda mensual de $ 900 congelados desde 2015. Las Universidades denuncian una quita del 31,4% del subsidio, de $ 8.147 millones a $ 5.520 millones.
3) El Plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital que entregó 5.3 millones de netbooks entre 2010/5 quedó virtualmente paralizado; en lo que va de la gestión macrista solo se entregaron 94.000 y el gobierno se ahorró $ 1.200 millones.
4) Plan Remediar. De 74 medicamentos esenciales bajó a 7.
5) SUMAR que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años pasó de $ 2.274 millones en 2016 a $ 1.548 millones.
6) Lucha contra el Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual): se rebajó en $ 105 millones.
7) Argentina Sonríe de atención odontológica fue dado de baja. Suponía una inversión anual de $ 233 millones.
8) Suspensión de la entrega de 60.000 kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y el Recién nacido “Qunita”.
9) Restricciones en la cobertura de medicamentos al 100% para jubilados: 200.000 afectados.
10) Cambios en el sistema de facturación en la Obra social de jubilados al sistema de cápitas: $ 1.600 millones.
11) REPRO. Programa de subsidios para proteger los puestos de trabajo. En plena ola de despidos en 2016 se otorgó a 123.056 trabajadores contra 756.487 que lo cobraron el año anterior: $ 814 millones menos.
Un grupo de clubes bonaerenses se reunirá el próximo lunes para analizar cómo proseguir judicialmente frente al tarifazo en la factura de electricidad, luego de que esta semana recibiera un revés por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín. El fallo de la Sala habilitó la suba del servicio para el caso de seis instituciones de San Martín, que habían apelado el incremento en la boleta que alcanzó al 500 % de aumento. Además tendrán que pagar el retroactivo. En el escrito consideraron suficiente que la demanda quedó abstracta porque hay un nuevo cuadro tarifario que se validó en una audiencia pública. Ahora, bajo el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, se analizará una presentación basada en la Ley de Defensa al Consumidor. En algunos casos la factura trepó de 6.000 a 30.000 pesos.
Las seis instituciones que presentaron el amparo cuentan en promedio con unos 1.000 socios cada una y cobran cuotas de entre 250 y 300 pesos. Tras conocerse el revés judicial denunciaron que no pueden aumentar las cuotas en proporción porque la gente no las pagaría. Además de atender a sus socios, en los clubes funcionan colonias de verano y hay actividades deportivas para chicos de las escuelas de la zona.