El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declaró que el Paro Nacional Agrario y Popular que mantiene bloqueado el país “no existe”. Mientras tanto siguen la represión y los cortes de ruta.
“Ese tal paro nacional no existe, hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado, de forma legítima”, declaró el mandatario colombiano durante su discurso en la Caminata por la Solidaridad que se realizó ayer. Esto, a pocas horas de anunciar que recibiría a los líderes campesinos, de producirse un acuerdo que liberara las rutas que los movimientos sociales mantienen cortadas desde el lunes pasado.
Hace ya siete días que los cafeteros, arroceros, paneleros, paperos, cacaoteros, ganaderos, trabajadores de la salud, camioneros, y mineros, comenzaron el paro con bloqueos en 30 de los 32 departamentos del país, en búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida.
La protesta se originó a raíz de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, firmado en mayo de 2012 entre Colombia y Estados Unidos, a través del cual las empresas norteamericanas obtuvieron fuertes ventajas y fomento a la exportación hacia el país caribeño. A través de este acuerdo, los productos alimentarios estadounidenses pudieron entrar sin aranceles y con facilidades de distribución, arruinando de hecho la economía de pequeños productores campesinos. Se llegó al punto de que para la industria colombiana resulte más rentable importar leche en polvo de EEUU, que utilizar la de los tambos locales para la producción de lácteos.
Una situación, que junto con la tendencia fuertemente neoliberal plasmada en el Plan de Desarrollo de Santos, el conflicto generado por las condiciones de los campesinos e indígenas del Catatumbo, y la feroz represión de las fuerzas de seguridad colombianas, han aumentado el descontento canalizado en fuertes protestas en todo el país.
Colombia es un país que tiene hoy 14 millones de campesinos por debajo de la línea de la pobreza, una buena parte de los cuales tampoco posee tierra. El rumbo tomado por el actual gobierno desfavorece aún más a este sector, según los organizadores del paro. “A pesar del fallido intento del gobierno nacional (y los medios a su servicio) de invisibilizar la crisis y el paro mismo, hoy más de trescientas mil personas, entre campesinos, indígenas, afrocolombianos, trabajadores, transportadores, estudiantes, y colombianos y colombianas en general participan activamente en esta justa lucha”, expresaron en un comunicado que se dio a conocer poco antes la detención del dirigente agrario y sindical Huber Ballesteros, miembro de la Marcha Patriotica y delegado de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional del sector agrario y popular (MIA), para entablar la discusión con el gobierno acerca del pliego de demandas elaborado por los campesinos.
“Estas detención no es más que una manera de tratar de desmoralizar y quitarle fuerza al movimiento Agrario y Popular, todo lo contrario rechazamos y afirmamos que mantendremos la lucha por la defensa de la tierra y el territorio como lo ha estado haciendo hasta ahora el dirigente agrario Huber Ballesteros”, puntualizaron las organizaciones campesinas.
Por su parte, el presidente Santos tras descalificar la protesta, aseguró que entre los organizadores del paro hay personas que actúan “para causar un daño terrible, y ahí el Estado va a ser absoluta y totalmente contudente contra esos violentos. Cuando digo que el paro no es nacional agrario, es porque está concentrado en pocos departamentos y en unos productos determinados”. Pocas horas después, felicitó a las fuerzas armadas de Colombia, acusadas de reprimir a los activistas campesinos con un saldo de 175 detenidos, por “dar de baja a cabecilla del frente 57 alias Silver, máximo narcotraficante de las FARC”.
Una actitud que no pudo que causar indignación entre los sectores políticos que impulsan el paro y buena parte de la prensa. A tal punto, que el mismo Santos debió salir a explicar luego que no intentó “menospreciar” el paro, sino verlo “dentro de sus justas proporciones”. Declaraciones que generaron aún más polémica, especialmente vista la negativa gubernamental a sentarse en una mesa de diálogo para resolver el conflicto.
Mientras tanto los manifestantes denuncian una fuerte represión desde el comienzo el paro. Se calcula que unos 20.000 campesinos mantienen paradas una docena de rutas en todo el país, mientras la producción agrícola está virtualmente parada.