Octubre es el mes del “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries” y de la “6ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental”. Que este tiempo se transforme en un momento de escucha sensible, sorora, amorosa hacia las mujeres cuyas vidas han sido arrasadas por las internaciones psiquiátricas.
Por Solana Yoma, Soledad Buhlman y Jaschele Burijovich* / Foto: la tinta
Durante mucho tiempo, la dimensión de género ha estado excluida de las cuestiones relacionadas con la salud mental. La mayoría de los colectivos existentes que luchan por la vigencia de los derechos humanos en salud mental ignoran el particular patrón de violencia y exclusión que sufren las mujeres internadas.
De hecho, la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, una ley de avanzada en la región y la herramienta normativa que, desde hace años, reivindicamos desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental de Córdoba, no menciona ni contempla las problemáticas específicas vinculadas a la situación de las mujeres. Sólo en su Decreto Reglamentario 603/13, y de manera muy general, se establece que las políticas públicas en materia asistencial deberán respetar el “reconocimiento de las distintas identidades étnicas, culturales, religiosas, de género, sexuales y otras identidades colectivas” (art. 9, inc e.). Sin embargo, cabe preguntarse, ¿alcanza sólo con identificar la existencia de distintas identidades sin reconocer que estos ejes de diferencia, actualmente, se articulan en la emergencia de modalidades agravadas de exclusión, padecimiento y desigualdad?
Estas omisiones permean, desde hace años, las distintas áreas de políticas en salud mental y alcanzan al relevamiento que se llevó a cabo en el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, publicado en septiembre de 2019. En esta oportunidad, sólo se identificó la cantidad de varones, mujeres y otras identidades internadas en instituciones monovalentes, sin incorporar de manera transversal una perspectiva de género en el diseño de la herramienta. El resto de los datos no están desagregados por género, lo cual imposibilita conocer la situación diferencial de discriminación, violencia y vulneración que enfrentan las mujeres institucionalizadas.
Nos interesa, en esta nota, visibilizar especialmente esta triple discriminación: por mujeres, por locas y por pobres, y, sobre todo, el plus de padecimiento que el manicomio imprime sobre sus vidas.
Existen diferentes sensibilidades hacia las mujeres y los varones en los centros de atención psiquiátrica que llevan a ver como “normales” situaciones que, en realidad, constituyen graves vulneraciones de derechos humanos. Si bien el tema de la violencia contra las mujeres se ha logrado colocar en el ámbito de lo público y se lo ha tomado como un problema para la sociedad en su conjunto, la situación de las mujeres en los psiquiátricos no ha sido visibilizada con la dimensión que la gravedad y la urgencia requiere.
No hay salud mental sin salud sexual
En los manicomios, se produce un abordaje exclusivo de las problemáticas de salud mental que lleva a desatender y descuidar la dimensión física de la salud, con numerosas dificultades de acceso a otras especialidades. Se afirma que, en estas instituciones, el control clínico general es deficiente para todas las personas y que la salud sexual y reproductiva representa una de las mayores falencias en el abordaje de las mujeres internadas.
Muchos hospitales psiquiátricos no cuentan con profesionales de ginecología que puedan hacer un seguimiento periódico y preventivo de la situación de las usuarias. Por el contrario, los controles ginecológicos se realizan a partir de derivaciones a hospitales generales y sólo en aquellos casos en que se presume alguna problemática, embarazo o enfermedad. “En salud sexual y reproductiva, siempre es después, siempre llegamos después”, dicen las profesionales, quienes también son las encargadas de tramitar las derivaciones a partir de contactos personales, frente a la ausencia de procesos protocolizados a nivel institucional.
Otra de las violencias cotidianas que atraviesan la vida de las mujeres durante una internación psiquiátrica se vincula a las dificultades para acceder a productos de gestión menstrual. Aquellas que no cuentan con referentes vinculares que puedan proveerlos, o que carecen de capacidad de pago para adquirirlos, se ven expuestas a los vaivenes de su disponibilidad dentro del hospital. Frente a la ausencia de toallas higiénicas, tampones u otro tipo de elementos de gestión menstrual, algunas mujeres sólo pueden optar por el uso de algodones durante su período. Esta situación preocupa no sólo por su carácter antihigiénico, sino porque se presenta como un obstáculo que atenta contra sus posibilidades de libre circulación y de participación en espacios recreativos en la institución.
Ni información para decidir, ni anticonceptivos para no abortar, ni aborto legal para no morir
La internación psiquiátrica obstaculiza las posibilidades de acceso a educación sexual integral así como a información clara, completa y accesible que permita a las personas usuarias tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y su sexualidad.
La disponibilidad de métodos anticonceptivos también se encuentra restringida en los hospitales monovalentes de salud mental: sólo es posible acceder a profilácticos (sin una orientación adecuada respecto de su utilización) y a anticonceptivos inyectables mensuales, aunque, en algunas ocasiones, se denuncian interrupciones en la provisión de este recurso. Los demás métodos anticonceptivos no se presentan como una opción para las mujeres internadas, quienes se enfrentan a la imposibilidad de elegir aquel que mejor se adapte a sus necesidades y deseos.
Sumado a ello, en materia de interrupción legal del embarazo, los hospitales psiquiátricos de Córdoba se hacen eco de las mismas dificultades y obstáculos que permean al sistema de salud de la provincia en cuanto a la aplicación del protocolo de aborto no punible.
Este cuerpo es mío: No es No. Lo demás es violación
Resultan de sobra conocidos los abusos y violaciones que se producen en el internado de los hospitales psiquiátricos. Esta información circula entre el personal de estas instituciones, pero muy rara vez llega a denuncias concretas. A las precarias instalaciones edilicias (hacinamiento, colchones en el piso, piezas sin picaporte, armarios sin llave, camas sin sábanas), se les suma la falta de cuidados y una constante exposición a abusos y violencias. Las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y permanecen en estado de “alerta” cuando están internadas.
Algunas situaciones son calificadas por los/as profesionales como relaciones sexuales consensuadas entre personas internadas. No se problematiza el consentimiento desde la perspectiva de las desigualdades de género, mucho menos, desde el particular estado de las mujeres en el internado (sobremedicación, vulnerabilidad psíquica, aislamiento). La “capacidad de consentir” el tener o no tener relaciones sexuales se basa en ciertos supuestos que están suspendidos en la experiencia de la internación. Un “velo de igualdad” atraviesa al equipo de salud cuando consideran qué situaciones que las mujeres denuncian como abusos pueden ser consideradas relaciones consensuadas.
La interpretación sobre los abusos y las violaciones producidas en los internados psiquiátricos se da en un “campo de visibilidad genéricamente saturado”. Esto implica considerar que las relaciones sexuales que se dan allí se establecen en condiciones de igualdad entre los sexos.
Por otro lado, aquellas mujeres que se resisten, denuncian o se defienden son más estigmatizadas y, en algunos casos, hasta castigadas. De aquí, se derivan algunos interrogantes: ¿quiénes pueden hablar? ¿a quiénes se va a escuchar?
Ante esto, es necesario decir que las instituciones, cuando actúan, lo hacen después de que se han consumado los hechos. No existen políticas de prevención porque el supuesto del que se parte es de que son vidas que no merecen ser defendidas.
Hermana, no nos creen
El movimiento de mujeres cuestiona el déficit de credibilidad que sufren sus denuncias. El YO TE CREO es parte de ese pedido de reconocimiento. Esta situación ha sido estudiada y denominada injusticia epistémica. Esta injusticia conlleva como consecuencias, entre otras, la obstrucción del acceso a la justicia y la vulneración de derechos. Este tipo de injusticia se expresa de dos maneras: la injusticia testimonial, que implica que las personas que escuchan estas denuncias le otorgan menor nivel de veracidad por la identidad de quien relata. También puede aparecer como injusticia hermenéutica, esto es no poder hacer comprensible conceptualmente lo que se está denunciando.
Ambas situaciones se hacen aún más graves cuando las que denuncian son mujeres internadas en los hospitales psiquiátricos. Sus voces son precarizadas y cuestionadas. Las mujeres víctimas no son consideradas tales y sus relatos son puestos en duda a partir de la estigmatización que su condición de pacientes internadas produce. El paradigma patriarcal cataloga a las mujeres como “locas por naturaleza” y esta creencia asimilada hace que los/as que escuchan no acepten estas narraciones.
Por otro lado, los graves abusos que se producen no son considerados violencias de género. La violencia hacia las mujeres en estas instituciones no es un hecho marginal y excepcional, sino que, por el contrario, se trata de prácticas cotidianas y sistemáticas.
El manicomio magnifica las relaciones de poder desiguales y asimétricas. Es por esto que el colectivo de mujeres y el colectivo por el derecho a la salud mental deben ser capaces de visibilizar estas vulneraciones como violaciones a los derechos humanos que padecen especialmente las mujeres.
Eso que llaman amor…
Históricamente, las mujeres han sido vinculadas a las tareas de cuidado de otras personas y definidas como las principales proveedoras de eso que llaman amor. Este encargo social también se expresa en el tipo de estrategias de acompañamiento implementadas antes, durante o después de las internaciones por motivos de salud mental.
Las principales redes de apoyo están sostenidas por las mujeres más próximas a las personas internadas o externadas de los hospitales psiquiátricos. Pensar en los procesos de externación e inclusión en la vida social y comunitaria de las personas se torna casi imposible sin ellas, que, además, asumen otras responsabilidades en su cotidianidad, tales como proyectos académicos, laborales, familiares, vinculares y/o comunitarios. Esto profundiza la problemática en torno a las desigualdades y barreras para el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres cuidadoras (acceso a mejores empleos, educación, cuidado de su propia salud, a su participación social y política, entre muchas otras). Ya lo viene expresando el movimiento feminista desde hace tiempo, “el cuidado informal de la salud es una cuestión de género y una cuestión de equidad”. Es de género porque recae principalmente en las mujeres, quienes quedan más expuestas y vulnerables a padecer algún tipo de malestar biopsicosocial. Es de equidad porque tienen menos posibilidad de acceder a apoyos profesionales, dadas las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres con menos recursos económicos.
Esta situación se replica y profundiza en aquellas mujeres-madres que son, o han sido, usuarias internadas en hospitales psiquiátricos. El ejercicio de la maternidad se transforma en uno de los principales motivos de preocupación al momento de consentir o no sus propias internaciones. La internación de una mujer no solo evidencia el lugar que ocupa en tanto cuidadora, sino que, además, pone de relieve las múltiples invisibilizaciones y vulneraciones dada la ausencia de políticas públicas integrales e intersectoriales con perspectiva de género que contemplen los entrecruzamientos que se producen (mujer-usuaria-madre). La imposibilidad de proveer de cuidados, el temor a perder las tenencias y las interrupciones producidas sobre el vínculo con sus hijos/as se suman a la lista de violencias a las que son sometidas. El tipo de vínculo que podrán sostener o desarrollar con ellos/as durante la internación queda sometido a las decisiones y acciones de la justicia, a las posibilidades de desarrollo estratégico cuidadoso de los equipos de salud y a las redes vinculares y comunitarias disponibles.
Las mujeres que tienen permitido por la justicia sostener la vinculación con sus hijos/as menores de edad acceden a visitas esporádicas, en espacios comunes, en las guardias, sin disponer de sitios adecuados que contemplen las particularidades y necesidades para el desarrollo, sostenimiento y/o fortalecimiento del contacto. Muchas usuarias de salud mental tienen a sus hijos/as al cuidado de otras personas; otras tantas, son víctimas de violencia obstétrica y separadas de ellos/as desde el momento del parto. En estas situaciones, se desconoce por completo el derecho de las mujeres usuarias a tomar decisiones anticipadamente, recibir información adecuada y accesible durante toda la intervención, y a consentir o no las intervenciones. Se vulneran los derechos de los/as niños/as y el derecho de las usuarias a maternar.
Del mismo modo, ocurre con las madres de lactantes que, por diversos motivos, llegan a las guardias de salud mental o están en situación de internación. La dificultad para sostener prácticas integrales de cuidado de la salud, la ausencia de recursos materiales y humanos para acompañar ese momento, y los obstáculos para la vinculación con los/as hijos/as son habilitadores del avasallamiento de los cuerpos, irregularidades en los procedimientos y violación de su derecho a decidir sobre la lactancia.
Las mujeres que quedan embarazadas durante la internación son una gran incógnita. Por un lado, la ausencia de protocolos en las guardias e internados, que incluyan procedimientos de evaluación integral, de control preconcepcional, prenatal y puerperal, imposibilita conocer cuál es la situación de salud de las personas gestantes, antes y durante la internación. Por otro, las estrategias desarrolladas ante las situaciones de embarazo conocidas por los equipos de salud se ven truncadas por la ausencia de recursos para hacer un seguimiento adecuado, brindar los cuidados y apoyos necesarios para estas mujeres. Por lo tanto, las intervenciones son aisladas y dependen, muchas veces, de la buena voluntad y consideración de los equipos tratantes.
Ni encerrada, ni medicada. Te quiero libre, loca y con derechos
En los párrafos anteriores, hemos querido visibilizar las violencias que se producen en los hospitales psiquiátricos por razones vinculadas al género, sin desconocer las graves vulneraciones a los derechos humanos de toda la población internada en esas instituciones.
Como ya afirmáramos, las mujeres padecen de mayor malestar psicológico que los varones y esta situación se incrementa con el encierro psiquiátrico, puesto que se añade a los patrones de discriminación de género, la violencia institucional propia de la vida en los manicomios.
Tradicionalmente, el malestar de las mujeres ha sido acallado con encierro y sobremedicación. Ambas respuestas han imposibilitado que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos con libertad y en igualdad de condiciones que las demás personas.
El manicomio ha sido funcional al patriarcado y ambos son responsables de la devastación de numerosas vidas. Diversos colectivos estamos luchando para derribarlos. Frente a los muros del sistema manicomial, construimos puentes hacia la comunidad. Frente a la sumisión y la inequidad del patriarcado, diseñamos puentes hacia la libertad y la igualdad. Los puentes son nuestros derechos. Para todos y todas, la dignidad.
*Integrantes del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Originalmente publicada en la tinta