Las cosas se mueven rápido en Bolivia. El ritmo vertiginoso de los acontecimientos dejan a su paso hechos tales como la estatización de una minera canadiense.
Para entender la realidad boliviana es necesario seguir de cerca los movimientos de los distintos actores políticos del país. En estas semanas, los protagonistas fueron los indígenas y el gobierno de Evo Morales gestionando como mejor ha sabido hacer el último tiempo: tomándole el pulso a la situación y resolviéndolos yendo más allá de los propios reclamos. El resultado esta vez resultó en la nacionalización de la empresa Mallku Khota SA, filial de nombre “simpático” de la canadiense South American Silver.
En la población minera Mallku Khota, en el norte del departamento de Potosí, hacía un tiempo que se mantenía un conflicto entre los comunarios (miembros del ayllu) que pedían la expulsión de la empresa canadiense -que desde 2006 explotaba el cerro- y los que pretendían su permanencia.
Los hechos se sucedieron en catarata. El 28 de junio terminó de explotar el conflicto cuando los primeros hicieron prisioneros a dos ingenieros de la empresa y tomaron el lugar. Además de la expulsión de la minera, exigían la liberación de su dirigente Cansio Rojas, detenido por un presunto secuestro de dos policías.
Más adelante fueron tomados como rehenes tres empleados más y dos policías. El gobierno dispuso a la fuerza pública en los alrededores pero con la determinante orden de no interceder en ningún momento. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, se acercó al lugar para negociar con los comunarios.
El viernes pasado, tres de los siete retenidos lograron escapar. El sábado el gobierno boliviano confirmó la muerte de uno de los mineros, presuntamente por la explosión de dinamita en sus manos, aunque en confusa situación. El domingo el presidente Evo Morales anunció la reversión de la concesión al Estado, lo que significa el arribo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) a ese territorio rico en plata y uno de los yacimientos más importantes de indio e iridio del mundo.
Esta decisión y las negociaciones adelantadas por el ministro Santalla lograron que los comunarios liberaran a las tres personas que aún permanecían en su poder.
Este martes, a primera hora de la mañana, Evo se reunió con los dirigentes de los ayllus de Mallku Khota y llegaron a un acuerdo de nacionalización de la mina. Se creó una comisión técnica constituida por miembros gubernamentales y representantes comunitarios de la región, quienes elaborarán el Decreto Supremo para su definitiva estatización.
“Estos recursos naturales son del Estado, por tanto del pueblo boliviano, por lo que el Gobierno nacional debe realizar la explotación y exploración con la participación de los comunarios de esa zona, eso hemos acordado”, declaró el presidente Morales al salir de la reunión el martes por la tarde.
Santalla, quien también participó de la reunión, explicó que todas las partes acordaron que los recursos naturales son del Estado boliviano, y que por lo tanto deben ser manejados por éste y no sólo por los habitantes de la región como pretendían en principio algunos sectores.
Los comunarios reconocieron en la empresa al culpable del conflicto y lamentaron que una trasnacional provocara la división entre hermanos. En este sentido, el mallku Benedicto Aguilar celebró el acuerdo alcanzado y aseguró que traerá paz en la región.
“Aquí ha habido un problema, lamentablemente así son las empresas llamadas trasnacionales, las empresas que enfrentaron a hermanos, a cuñados, a primos, a vecinos, a hermanos del mismo ayllu. También soy culpable, quiero reconocer, al no ver que estaba pasando”, expresó Evo.
El acuerdo también da cuenta de la muerte del comunario José Mamani, por lo que el gobierno se comprometió a investigar lo ocurrido y dar apoyo a la familia. Además, se acordó avanzar en la elaboración y aprobación de una Ley Minera.
Una vez más el conflicto se resuelve con creces; y tanto el gobierno boliviano como sus actores sociales constatan que en este ejercicio democrático logran dar pasos más extensos de los trazados.
Uno viejo y dos nuevos
El capítulo que no termina de cerrarse es el de la carretera del TIPNIS. Los dirigentes de la IX marcha en rechazo de la consulta sobre la construcción del segundo tramo de la ruta, decidieron no participar de la mesa de diálogo propuesta el lunes por el gobierno y emprendieron el camino de regreso a sus comunidades. “Nadie va a asistir al diálogo, porque no vamos a aceptar que nos estén chantajeando”, afirmó la presidenta del comité de Marcha de los indígenas, Martha Bejarano, quien aseguró que la lucha continuará en sus territorios.
La semana pasada dos tercios de los corregidores (autoridades locales) se reunieron con el gobierno. Sólo estuvieron ausentes aquellos que formaban parte de la marcha. En el encuentro se avanzó hacia la consulta propuesta para que sean los pobladores de toda la comunidad quienes definan la continuación o no de la construcción de la carretera.
Otros dos frentes de conflicto recientemente abiertos en Bolivia son el proceso penal que iniciará el estado contra la revista brasileña Veja, que difamó a varios funcionarios gubernamentales vinculándolos con el narcotráfico, desprovista de pruebas; y unas fuertes denuncias de corrupción en la gestión de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que Evo y la ministra de Transparencia anunciaron que se investigarán a fondo.
Así culmina otra semana donde la política del Estado Plurinacional de Bolivia se niega a perder la gimnasia de la conflictividad, que demuestra que sólo así avanza el proceso de cambio.