Por Romina Zanellato, desde Nequén. El 21 de mayo pasado apareció muerto de 24 puntazos en su celda del penal U11 de Neuquén Capital. Estaba ahí pagando su pena por un robo calificado pero el verdadero castigo lo recibía por haber sido testigo clave en una causa contra 27 guardiacárceles neuquinos por torturas dentro de esa misma unidad penitenciaria.
Su muerte violenta todavía no está esclarecida. El gobierno que lidera Jorge Sapag adujo una riña entre internos aunque se supone que a esa hora de la noche las celdas estaban cerradas y no había posibilidad de circulación interna. Cristian estaba dormido cuando lo atacaron. Sufrió 24 cortes en todo su cuerpo, la mandíbula rota y varios órganos comprometidos. Por su pena de 9 años, lo habían trasladado a Ezeiza, Rawson, Chaco y luego volvió cerca de su familia hace pocos meses. Duro y tenaz, denunció en siete oportunidades a sus guardiacárceles por vejámenes, además de los tres días de tortura que vivió en 2004, producto de la furia que se desató luego de que la policía obligó a su madre discapacitada a desnudarse y someterse a una cruel revisión antes de ingresar a visitarlo. Por esa causa de vejámenes a 27 policías fue testigo clave aunque sólo 6 fueron condenados.
La organización civil Zainuco denunció que otro de los testigos claves de ese juicio, Ramón Mansilla, fue trasladado de la U11 porque corría riesgo su vida.
Al igual que Cristian, Ramón estaba en el Pabellón N° 4 de la cárcel de máxima seguridad neuquina. Después del asesinato de su compañero, lo cambiaron al Pabellon N° 1 donde contaba con el resguardo y la protección de los demás internos.
La organización no tiene precisiones del traslado. Creen que lo llevaron a Cutral Co. Hace pocos días, Ramón sufrió una lesión de 52 puntos en su pecho. Zainuco expresó en un comunicado que el traslado lo definió “el jefe dela U11, Claudio Pérez, sin consultar con el juez de la causa de Mansilla por cuestiones de seguridad. Exigimos que sea devuelto al Pabellon N° 1 donde él se sentía resguardado por sus compañeros”.
Amenazas
El martes pasado, el hijo de 12 años de Cristian fue abordado por dos policías cuando iba al kiosco de su barrio. “Decile a tu familia que pare con lo que está haciendo porque sino vos vas a terminar como tu papá”, fue la amenaza que recibió el chico por parte de los uniformados, según denunció Zainuco.
En la provincia neuquina no hay un servicio de guardiacárceles, son los mismos policías de la calle los que trabajan en las unidades de detención.
La Justicia hizo lugar al hábeas corpus colectivo que presentaron los defensores de la Cámara Primera y Segunda de la ciudad donde le pidieron que declare a la U11 en “estado de emergencia carcelaria” debido a las críticas condiciones en que están los detenidos y al “tratamiento cruel, inhumano y degradante” que reciben de los guardiacárceles. El planteo se originó luego del crimen de Cristian.
La Justicia encomendó dos supervisiones al penal, la última fue en febrero y la anterior en noviembre, en ambos informes se destacó el estado crítico en que está el edificio y la infraestructura de la cárcel que aloja a 195 personas.
La fiscal Gloria Lucero encabezó la supervisión dela U11 donde se desprende la precariedad de la unidad: hay faltante de agua, de gas, las cámaras de seguridad con poca visibilidad por su suciedad, pabellones repletos de ratas y de condiciones de higiene adecuadas.
Y lo más importante: no hay equipamiento para hacer la requisa de las visitas. Hacen desnudar al centenar de mujeres y de niños que asisten a ver a sus familiares. Por estas razones es que se generó el motín de 2004 que luego terminó con los cuatro días de torturas por parte de los guardias. Esa situación llevó al banquillo a 27 uniformados de los cuales sólo seis fueron condenados. Una de las hipótesis más fuertes que manejó el fiscal fue la de una zona liberada. Lo mismo que la organización civil Zainuco considera que pasó ahora en el crimen de Cristian.