Por Redacción Marcha
Mujeres mapuches realizaron en Buenos Aires acciones para reclamar que una referente de este pueblo sea puesta en libertad en Chile. Acusada de “terrorismo”, su detención en un penal es un atropello racista, castigo cruel y degradante y que rompe la presunción de inocencia.
Desde el mediodía de ayer, mujeres mapuches, acompañadas de personas destacadas por su lucha por los Derechos Humanos como el historiador Osvaldo Bayer, y organizaciones de mujeres, políticas y sindicales, exigen en Buenos Aires la inmediata liberación de la Machi Francisca Linconao Huircapán, acusada de “terrorismo” en Chile.
Las acciones de reclamo y visibilidad se llevaron adelante frente a la Embajada de Chile en Argentina, donde se presentó un petitorio y luego se trasladaron a la Plaza de Mayo donde las mujeres originarias decidieron, ya en horas de la tarde, ocupar pacíficamente la Catedral metropolitana, esperando ser recibidas por representantes de la Iglesia Católica y el pronunciamiento de Jorge Bergoglio en su rol de jefe del Estado Vaticano.
“El caso de la Machi Francisca es muy grave porque ella representa nuestra cultura, mujer mapuche de una comunidad ancestral, es guardiana del territorio y nos defiende a todas nosotras”, afirmaron mediante un video difundido en las red social Twitter. “Hay un racismo muy fuerte de parte del poder judicial”, agregaron, “todo esto fue a través de un montaje”.
Francisca Linconao Huircapán está detenida en el Centro penitenciario femenino de Temuco, al sur de Chile, desde marzo de este año. Tiene 59 años y su salud se encuentra deteriorada, sin mencionar el riesgo estructural que corren todas las personas dadas las condiciones irregulares del encierro. Es más, en agosto pasado sufrió un accidente por el que debieron hospitalizarla. Se encuentra con prisión preventiva y puede ser condenada a una pena perpetua.
La historia de una Machi combativa
La madrugada del 4 de enero de 2013, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio de agricultores suizo- chilenos fallecieron tras el asalto e incendio en su casa. Simultáneamente se realizaban acciones de protesta por el quinto aniversario del asesinato de Matías Catrileo, un estudiante universitario chileno de etnia mapuche asesinado de un balazo mientras participaba de una acción pacífica.
Por este hecho, el Machi Celestino Córdova, fue condenado y cumple una pena privativa de la libertad de 18 años en la penitenciaría de Temuco. En ese entonces, Francisca Linconao también fue detenida y acusada por carabineros que dijeron haber encontrado en su propiedad elementos que la vinculaban al incendio. Sin embargo, el poder judicial desestimó los cargos y fue absuelta tras un juicio oral.
Pero la criminalización y la persecución hacia las mujeres luchadoras y los pueblos en resistencia no tiene tiempos ya que en marzo de este año, tras nuevos allanamientos en la causa se produjo la detención de 11 personas, entre ellas, la Machi Linconao, quien esta vez fue acusada de ser la autora del delito de “incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista”. Y fue cuando se activó el lazo de solidaridad en Nuestra América.
“El encierro durante todo este tiempo no solo ha dañado su salud física, sino que también está enfermando su espíritu”, afirmó desde Chile y en declaraciones a El Desconcierto, Alicia Alonso, directora ONG Leasur. “La prisión preventiva debería ser una medida de carácter excepcional, ya que existen otras formas menos gravosas de conseguir los fines del proceso penal antes de que se compruebe la culpabilidad de una persona”, agregó.
Y afirmó, “su delito es alzar la voz, velar por sus derechos y reclamar al Estado por ello. Pero también el hecho de que una mujer se atreva a reivindicar los derechos de su pueblo es una trasgresión no solo a los intereses económicos y al ordenamiento político y social, sino también al rol de sumisión que el patriarcado les sigue imponiendo a las mujeres y cuyo desacato no se duda en castigar”.
La carta a Bachelet: “soy inocente”
En abril de 2016 Francisca Linconao Huircapán Machi del Lof Rahue, de la comuna de Padre Las Casas, escribió una carta desde el Centro penitenciario femenino de Temuco. Por segunda vez se dirigió a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con el objetivo de dar a conocer su historia y acudiendo a quien considera “una mujer de fuerza y solidaridad”.
“¿Por qué nuevamente el Estado me acusa de algo que no he cometido? Nunca me imaginé vivir un segundo allanamiento, de noche, transgrediendo mi espacio sagrado y rompiendo nuevamente mi equilibrio”, relató. “Somos mujeres que hemos salido adelante gracias al trabajo, esfuerzo y también a la dignidad de nuestro Pueblo Mapuche”, agregó Linconao, “Por ello no merezco ser condenada públicamente sin una investigación seria y un juicio justo, en realidad no debo pasar por dicho proceso, pues soy inocente”.
Mediante estas palabras, la referente mapuche, relató que esperó con ansias la llegada al gobierno de Bachelet y que una vez asumida comenzó a pedir reuniones con integrantes de su gabinete con responsabilidad en la problemática y la zona, y en especial con quienes se encuentran al frente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). “¿Acaso una terrorista dialoga al más alto nivel buscando dignidad?”, afirmó, “lo que yo busco urgentemente es vivir en dignidad en mi territorio, restablecer mi equilibrio, seguir desempeñando mi rol de Machi”.
“¿Por qué se quiere dañar la imagen de una Machi? (…), es un trabajo al servicio de los demás con la finalidad de devolver la salud física, espiritual y guiar en el proceso de ser persona en el mundo mapuche”. Y agregó, denunciando: “Ninguna institución del Estado se preocupó de atender mi requerimiento, de reparar el daño causado pues la mayoría no conoce, no entiende y no quiere muchas veces abrirse a otra forma de comprender la vida”.
En 2013, su absolución motivó a Linconao a emprender una demanda contra el Estado chileno logrando una indemnización de 30 millones de pesos por concepto de daño moral y lucro cesante, acción que repetirá también ante esta detención y encarcelamiento. Además consiguió un recurso de protección para evitar la tala ilegal de árboles en el que el Estado chileno debe respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios. “Somos diferentes, deben conocernos y respetarnos”, alegó.