Por Carolina Ricaldoni, desde La Paz. La confrontación entre la COB y el gobierno boliviano cristaliza un estado de situación impensable hace cuatro años, que excede al conflicto en sí mismo.
En principio, la actual huelga de la COB se enmarca en la pérdida de credibilidad que viene arrastrando el Movimiento al Socialismo (MAS) desde hace dos años y a la cual se sobrepone cada vez que logra resolver los conflictos sectoriales.
Esta crisis de alejamiento de sus bases se remonta al “gasolinazo” aplicado en diciembre de 2010. En plenas celebraciones navideñas el Vicepresidente Álvaro García Linera anunciaba la quita de los 380 millones de dólares que el Estado otorgaba en subsidios a los carburantes, lo que impactaría inmediatamente en el aumento de precios a los bienes de consumo. El rechazo de grupos siempre aliados al Presidente Evo Morales como la COB, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto y cocaleros, entre otros, fue contundente y se expresó con movilizaciones y amenazas de bloqueos en todo el país. Esta vez, el mismo Evo anunció -horas antes de la noche de Año Nuevo- que la medida había sido derogada y recordó que al asumir en el 2006 había jurado “gobernar obedeciendo al pueblo”.
La salida de varios cuadros políticos del MAS había comenzado a suceder tiempo antes cual sangría de un enfermo. En ese entonces, la esfera del progresismo y de la izquierda boliviana criticaba la ausencia de debate político al interior del MAS y lo acusaba de traición al proceso de cambio por las alianzas del Gobierno con las trasnacionales hidrocarburíferas y con los empresarios agroindustriales de Santa Cruz de la Sierra.
Al año siguiente, el 15 de agosto de 2011, partió de Trinidad la marcha en contra de la carretera que pasaría por el medio del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Esta marcha contaba con el apoyo de varias ONG’s medioambientales, de grupos de centroizquierda y también de las derechas local y extranjera, oportunas a cualquier movimiento opositor a Morales. La marcha de los indígenas del TIPNIS fue reprimida por la policía (que según el oficialismo habría actuado cortando la cadena de mandos políticos) el 25 de septiembre en Chaparina lo que suscitó la indignación, el repudio y el alejamiento de vastos sectores populares. Esta marcha entró a la ciudad de La Paz el 19 de octubre y fue recibida por una multitud desplegada en las calles.
En el año 2012, una superposición de conflictos sociales reivindicativos puso en jaque nuevamente al Gobierno de Morales que incluso denunció intentos de golpe de estado: los médicos, los policías y una nueva marcha por el TIPNIS hizo colapsar la capital del país durante un mes. El Ejecutivo tuvo entonces muñeca política para negociar, cooptar y dividir en los distintos casos. Cuando las aguas parecían estar calmas, los mineros asalariados (privados y estatales representados por la COB) se enfrentaron en una protesta con los mineros cooperativistas (patrones hiperflexibilizadores asociados bajo la figura de cooperativas para evadir impuestos) por el control de la mina Colquiri. A pesar de la muerte de un trabajador asalariado, el Ejecutivo favoreció a los cooperativistas. La cuestión tiene que ver con los números: los cooperativistas son 80 mil y los asalariados, 8 mil, según los datos registrados hasta 2007.
En una entrevista, un dirigente de la COB anunció en enero que en este 2013 se abriría un nuevo round con el Gobierno el cual, dijo, “no representa a los trabajadores ni al desarrollo sino al neoliberalismo y a los patrones”.
A principios de 2013, la COB dio a conocer el lanzamiento de su Partido de los Trabajadores (PT). Del congreso fundacional, que finalizó el 8 de marzo, participaron 1200 delegados de los sectores mineros, de salud, fabriles, de maestros rurales y ferroviarios, además de partidos políticos de izquierda. Según detalla un artículo de Alternativa Revolucionaria del Pueblo, perteneciente a la Cuarta Internacional, la convocatoria al Congreso careció de una campaña de difusión hacia organizaciones populares para que asistan y tampoco se llevó adelante una discusión de los documentos políticos con las bases de los sindicatos.
El Congreso aprobó un documento elevado por los mineros de Huanuni -que no es el que presentó la dirigencia cobista, encarnada en este caso por el ex secretario Ejecutivo de la COB, Jaime Solares- mediante el cual se expresan por un gobierno obrero, popular, campesino e indígena. El documento de Huanuni establece que el PT tiene el objetivo de “luchar por el poder para las mayorías explotadas de Bolivia y que debe ser un partido de lucha por las demandas de los trabajadores y el pueblo”, señala el documento ya citado.
Anteriormente, en el 2012, Solares había expresado a los medios que el propósito es formar este instrumento político para terciar en las elecciones nacionales de 2014, a fin de afrontar a posibles candidatos, como el empresario Samuel Doria Medina o el propio Evo Morales.
El 6 de abril, en tan sólo una semana de diálogo, el Gobierno y la COB acordaron un aumento salarial del 8% y un incremento del 20% al mínimo nacional. La COB entonces reclamaba que el salario promedio alcance la canasta básica estimada en ocho mil Bolivianos (el salario mínimo era de mil Bs).
Los sectores presentes en el Congreso fundacional del PT son los que esta vez salieron a las calles en reclamo de un aumento en las pensiones.
Esta nueva expresión de la clase en la política boliviana tiene dos grandes desafíos: El primero es incluir en su proyecto a las grandes masas de trabajadores precarizados y clase media urbana descontenta con el Gobierno y calculada en abril por IPSOS en un 28 por ciento frente al 60 que apoyaba a Morales. El otro reto es conservar la unidad, que en el actual reclamo fue fraccionada, yaque los mineros de Huanuni aceptaron la oferta del Gobierno de incrementar las pensiones al 70%, más allá de la insistencia de la COB de pelear por el 100%.