Muere un detenido en la Unidad Penal N° 48 de San Martín. Sus compañeros del Centro de Estudiantes le dedican un emotivo video que recupera su historia como músico y estudiante de Sociología. Algunos medios quizás levanten la noticia como una historia de superación individual. ¿Pero cómo viven esos presos? ¿Cómo mueren? Una reflexión acerca de un sistema de encierro que está hecho para torturar y depositar personas. Muertes que no importan, no trascienden, no son comunicables.
Por Marcelo Musante / Foto: Página/ 12
Las notas sobre cárceles en los medios de comunicación suelen resaltar las historias de superación de las personas presas. Quien se “convirtió” en escritor/a o los que tocaron con León Gieco cuando visitó hace días la Unidad Penal N° 48 de San Martín. Así se resalta al sujeto que se redime, se REeduca, se REsocializa. La meritocracia individual en el encierro.
Como contraparte, hay otro tipo de notas. Las que retratan las historias del preso condenado por crímenes seriales y que no se arrepiente. Es la excepción que puesta en primer plano se hace la norma. Al terminar de ver la nota, el televidente desprevenido se queda con la sensación de tranquilidad de que ese “peligro para la sociedad” se encuentre detenido.
Son dos niveles distintos que apelan a lo mismo, a una superficialidad en la mirada sobre la cárcel como sistema y no analizar, jamás, las condiciones de sometimiento que sufren las y los detenidos hoy en todas las prisiones argentinas. Ni tampoco en sus características, en quiénes son, de qué clase social, de qué barrios, de qué edades, lxs que llenan las crueles unidades penitenciarias de nuestro país.
Alguna vez, en el taller que realizábamos la revista la Astilla en la Escuela Meida Agustín Tosco en la Unidad Penal N° 39 de Ituzaingó, los estudiantes contaban que a los gobiernos sólo les interesaba aumentar el índice de detenidos. Mostrar a “la gente” o “al afuera” que se combate la inseguridad encerrando a quienes -en apariencia- la producen.
Y por supuesto, esos sujetos son los que viven en los barrios marginados, son jóvenes y usan gorra, o son mujeres, pobres y llevan drogas. O son travestis, y su delito es no acceder a un trabajo digno. Todes culpables.
Eso muestran los canales de noticias. Así se los repite mil veces. Así construye a portadores de delito.
Nunca es el Estado, nacional, provincial, municipal, el que genera las condiciones socioeconómicas de exclusión. Nunca los grandes sectores socioeconómicos del poder. Ese poder que necesita, para su funcionamiento, producir y reproducir pobreza y marginación.
En el último informe del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, llamado “El Sistema del Crueldad XIII” se analizan complejamente a lo largo de sus más de 400 páginas las condiciones a las que son sometidas las personas detenidas en el Sistema Penitenciario Bonaerense. Está a disposición en internet para ser leído y bajado de modo gratuito.
El hacinamiento está en primer plano: hay 42.000 detenido/as para 20.000 plazas disponibles. En la cárcel de Dolores, por ejemplo, la sobrepoblación es del 343%.
Son cuerpos encerrados, cuerpos apilados, cuerpos maltratados, cuerpos que no mueren, que son asesinados.
El sistema de salud no accede a las cárceles o lo hace escasamente. Mueren por enfermedades tratables. Faltan medicamentos, no hay controles periódicos, no les dan los resultados.
En 2018 hubo un 18 por ciento más de mujeres detenidas, mientras que la sobrepoblación aumentó más que en las cárceles masculinas. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, son especialmente violentadas por su identidad. El año pasado, la población trans/travesti detenida creció un 36%.
En un informe realizado por la organización OTRANS Argentina y analizado en un excelente artículo de Rosario Marina para Agencia Presentes llamado “Travestis y trans en cárceles argentinas: más migrantes, jóvenes y sin condena”, se describe que la mayoría de las 94 mujeres trans detenidas en el sistema penitenciario bonaerense son migrantes que llegan al país escapando de violencias y transodio y aquí sufren detenciones arbitrarias producto de la discriminación. El 82% no tenían antecedentes.
¿Qué significa este aumento sino un signo de la violencia represiva en las calles y un sistema de violencia contra las disidencias de género? Las denuncias registradas por el Comité contra la Tortura dan cuenta de la crueldad planificada del sistema penitenciario bonaerense. Personas que son aisladas en “buzones” como castigo y reciben torturas que en muchos casos se extienden durante meses.
Impedimentos a la visita de familiares, traslados a cárceles a cientos de kilómetros de distancia sin aviso, ni a la persona detenida, ni a su entorno.
Prohibiciones para acceder a las escuelas que funcionan en las unidades penales negando el derecho a la educación.
Las pésimas condiciones de vida, sin elementos de higiene y celdas con insectos, humedad, acceso deficientes a duchas, comidas en mal estado. La lista es interminable.
En la provincia de Buenos Aires, el 42% de las personas detenidas no tienen condena. El derecho entonces se invierte: “son culpables hasta que se demuestre lo contrario”. Y los jueces harán todo lo posible para convencer a lxs detenidxs de reconocer la culpabilidad, aunque no exista, para disminuir la pena.
Situaciones de trabajo esclavo bajo condiciones impuestas por los guardias y la certeza al salir, que el propio sistema les va a negar ofertas laborales cuando les pidan certificados de antecedentes (hasta el propio Estado les niega esa posibilidad).
Hoy circuló un video que contaba la muerte de Gustavo Ponce, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín. Eran estudiante de sociología en el propio penal, una posibilidad a la que muy pocos presos pueden acceder ya que hay escasas universidades que brindan carreras en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Gustavo Ponce había recibido el día anterior un diploma en Diplomatura en Arte y Gestión Cultural del Instituto de Artes Mauricio Kagel, también de la Universidad de San Martín.
Pocos días antes fue noticia ya que fue a tocar allí León Gieco y cantó junto a él.
No lo conocí a Gustavo Ponce. Pero sí las condiciones a las que son sometidos los detenidos del Sistema Penitenciario Bonaerense. Al ver el video que sus compañeros del Centro de Estudiantes le hacen a Gustavo, no pude no acordarme de los más de 140 muertos que van en el año en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La mayoría por problema de salud que no reciben asistencia, homicidios y suicidios. En estos últimos casos nunca se investiga al servicio penitenciario.
Justamente en el complejo carcelario de San Martín la sobrepoblación es del 192%.
En las cárceles argentinas hay experiencias de resistencia en el ámbito educativo, en medios de comunicación autogestionados, hay cooperativas de trabajo que con enormes esfuerzos y dificultades logran conformarse en los penales y con liberadxs, y hay personas que pueden transitar de mejor modo el sistema penitenciario.
Pero es un sistema que más allá de esas experiencias colectivas e individuales está diseñado para torturar y depositar personas. Es un lugar donde a los detenidos se los desaparece de la sociedad. No están más, no importan. Quienes trabajan, desde muchos lugares, acompañando a personas detenidas rebotan contra las paredes de un Estado que les niega los derechos.
Esos derechos que son negados en un largo proceso, como una especie de círculo vicioso. Marginando a través de un modelo económico y social excluyente, estigmatizando después y finalmente encerrando y en muchos casos matando. Por acción y omisión.