Por Sergio Álvez*
El 5 de marzo de 2014 el Gobierno provincial, a través de las fuerzas de seguridad de Misiones, y el Gobierno nacional, a través de Gendarmería, reprimieron a trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, desocupados, y jubiladas.
El sábado pasado se cumplió el segundo aniversario de la brutal represión contra trabajadoras y trabajadores ocurrida en el Puente Garupá (Misiones) en la tarde del 5 de marzo de 2014. En aquella ocasión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a otras organizaciones, realizaba una protesta con modalidad de corte de ruta, luego de haber agotado las instancias administrativas para exigir diálogo con el entonces gobernador de la provincia, Maurice Closs.
El pedido era para plantear las paupérrimas condiciones salariales que las y los trabajadores estatales –tanto del ámbito de la educación como de otros sectores– atravesaban (y atraviesan aún hoy), exigir el cese de la precarización laboral y pedir empleo genuino para las y los miles de desocupados que existían (y existen) en Misiones.
La respuesta del gobierno provincial fue salvaje y anti democrática. La Policía Provincial, la Gendarmería Nacional, la Infantería, el Grupo de Operaciones Especiales e incluso los Bomberos de San Isidro, ejecutaron una represión que en su brutalidad no hizo distingos entre hombres y mujeres, y dejó como saldo varias personas hospitalizadas, entre ellas la entonces secretaria general de ATE, Nora Dedieu, y al actual secretario general, César Fariña. A la represión, le siguió la detención de 19 compañerosy compañeras, en su mayoría dirigentes de ATE y CTA. En ese entonces, no necesitaron ningún protocolo para hacerlo y en la actualidad todavía son 19 las personas con causas abiertas en la Justicia Federal.
Palos de ayer y de hoy
Las reflexiones de estos dos años para acá nos llevan a ver las continuidades más que las rupturas. Por eso, claro está, volvemos a repudiar la represión a la protesta social, que durante el kirchnerismo ya atravesó a la Argentina de punta a punta. Y que ahora, con el nuevo gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, continúa, amparado en la reciente puesta en marcha de un Protocolo para “regular” las manifestaciones públicas, que lo que hace no es es más que pretender legitimar la represión que venimos padeciendo las organizaciones sociales combativas.
Pero como todo se transforma y se camufla, estamos siendo actualmente víctimas de espionaje organizado por las fuerzas de seguridad locales. Esta hipótesis pudimos confirmarla con la reciente infiltración de dos integrantes de la Policía de Misiones camuflados de periodistas en el acampe realizado por ATE en la plaza 9 de Julio durante el lunes.
Y en esto de continuidades, debemos reafirmar los reclamos que nos llevaron aquella calurosa tarde a cortar la ruta nacional 12: un salario acorde a la canasta familiar, el trabajo genuino para todos y todas los misioneros, cese de la precarización laboral en todos los ámbitos del Estado y el repudio a los despidos masivos que se vienen dando en la Argentina, y que buscan desprestigiar al trabajador estatal, vaciar el Estado y condenar al hambre a miles de familias.
*Es periodista, parte de la Revista Superficie y Prensa de ATE Misiones