Por Laura Salomé Canteros. Entrevista a la abogada Mariana Vargas. La persecución contra su persona, la omisión de acciones por parte de las instituciones y el desafío del movimiento de mujeres en Jujuy. La desaparición de jóvenes y la sombra de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Mariana Vargas es abogada. Reconocida por haber defendido a Romina Tejerina, es una luchadora constantemente perseguida por ser una referente del movimiento de mujeres. En la última semana fue anoticiada de que una de las tantas denuncias en su contra, realizada hace dos años, ha retomado su curso.
Marcha dialogó con ella y esto es lo que nos contó:
– Mariana, ¿en qué se fundamentan las tres causas en su contra radicadas en el Colegio de Abogados de Jujuy?
Lo que se fundamenta es que cometí injurias contra tres personas acusadas de abuso sexual. En uno de los casos, por dar difusión a un afiche que señala a un abogado como abusador y por exigir la cárcel para esta persona; en otro de los casos por “pagar a unos niños” (sic) para escrachar el estudio de otro de ellos y en el tercer caso, por dar a conocer la grave penalidad de uno de estos letrados en el Congreso de la Nación. Este último, más que emblemático, ya que la sentencia que lo sobreseyó por el delito de abuso sexual a una paciente, planteó que no existió el hecho ya que la víctima no se resistió al ataque al no haber gritado ni haberlo mordido cuando él la obligó a practicarle sexo oral, y además, porque abrió la boca en vez de mantenerla cerrada.
– ¿En todos los casos las denuncias son iniciadas por parte de personas acusadas de abuso sexual?
Sí, en los tres casos. Por eso digo, y le he dicho al Consejo Directivo del Colegio de Abogados, que se trata de causas en las que los denunciados perpetúan las violencias contra sus víctimas. Y la institución los está acompañando en vez de apoyar las necesarias transformaciones por las que peleamos y necesitamos las mujeres, con derechos tan maltrechos.
– ¿Hay legislaciones específicas que protejan a defensores/as de derechos humanos?
En el recurso de revocatoria contra la última causa que se me inició, he planteado la aplicación de la Ley 23.592 de Antidiscriminación. Se trata de una denuncia contra tres abogados/a, a quienes se acusa de pagar a niños para hacer un escrache a un estudio jurídico, cosa que desde ya es falsa y resulta que se desestima la denuncia contra los otros dos abogados y sólo se sigue contra mi persona. Y no hay elementos que marquen que los tres abogados/a debamos tener un tratamiento diferente. Es clarísima la discriminación y persecución por ideas políticas. No se trata de ideas políticas partidarias, sino de ideas políticas como las representaciones que se hacen las personas acerca del Estado, la sociedad y sus formas de gobierno. Mis ideas tienden a la transformación de la sociedad, del Estado y de la forma de gobierno. Y en lo que hace a la concreta persecución que sufro, tiene que ver con mis ideas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
– ¿Cómo recibió el proyecto de reforma al Poder Judicial y cuál considera que es el desafío para el movimiento de mujeres con respecto a la Justicia?
El proyecto de reforma del Poder Judicial no me genera expectativas de ningún tipo, todo lo contrario. Me preocupa el tema de las medidas cautelares, creo que será algo que sufrirán las organizaciones que yo asesoro como sindicatos, pueblos originarios, etc. Creo que sí hay que democratizar la Justicia, y para ello hay que avanzar en los jurados populares. Y en provincias como Jujuy, es necesario tener una justicia independiente, que no se elijan a dedo a jueces, juezas ni fiscales, como de hecho ocurre, ya sea por política, amistad o parentesco.
Cuando un funcionario es elegido a dedo, tiene por lo menos un compromiso de agradecimiento con quién lo designó. Y esto, es un obstáculo. Hemos padecido situaciones de verdadera dependencia con el gobierno provincial en los casos de denuncias de trata que ocurrieron en Jujuy en los últimos meses. Varios funcionarios hablaron de “bajada de línea” y de la necesidad de dejar claro ante la sociedad que se trataron de fugas de hogar y no de secuestros.
El caso de Nuria Ocampo
Mariana Vargas es abogada de Nuria Ocampo, una joven de 27 años secuestrada el 22 de enero pasado en la ciudad de San Pedro de Jujuy a plena luz del día. Los secuestradores la liberaron 12 horas después porque su búsqueda se volvió pública a través de las redes sociales. La dejaron en medio de una ruta, drogada, en estado de shock y con pinchaduras en sus brazos.
Luego de que Nuria realizara la denuncia por el secuestro del que fue víctima, la Justicia se dedicó a investigarla a ella. El fiscal Jorge Zurueta desestimó sus dichos, diciendo que eran falsos e inconsistentes y eso fue suficiente para que se archivara la causa y suspendieran las investigaciones. Es entonces, cuando las organizaciones de mujeres tomaron intervención en el asunto, responsabilizando al Poder Ejecutivo provincial a cargo de Eduardo Fellner (FPV) por las desapariciones de mujeres con fines de explotación sexual no investigadas en Jujuy.
Al igual que en el juicio que absolvió a las y los imputados por el secuestro y prostitución de Marita Verón en Tucumán en el que se descreyó de la palabra de las víctimas de trata rescatadas y el juicio oral a las hermanas Ailén y Marina Jara, condenadas en abril pasado en Buenos Aires tras haberse defendido de un ataque sexual; a Nuria la Justicia no le creyó. Su testimonio pudo y podría ser clave para empezar a destejer la trama de las capturas de jóvenes en la región con fines de trata y explotación sexual. No obstante, es ignorada y señalada por quienes deberían proteger sus derechos.
En tanto sigamos este camino de impunidad, las vidas de muchas mujeres seguirán transformándose en sombras de la esclavitud. La aplicación de los marcos legales de derechos humanos y de protección de la integridad de las personas aguarda ansiosa. La democratización ansía una concepción amplia, aquella en la que operadores de justicia han de terminar con estas prácticas para con las víctimas de violencias, secuestros y abusos. La complicidad con la falta de libertad de las mujeres, la revictimización, el descreimiento y la persecución a defensores/as son ejercicios de violencia institucional que ya no deben ser tolerados.