Foto: Facundo Nívolo.
Por Mario Ortega. Ante la fiscalía general de San Martín un variado grupo de legisladores, especialistas, académicos y familiares de víctimas del narcotráfico presentaron una denuncia penal. Reclaman una intervención distinta respecto de los recientes casos trágicos y mayor prevención en las zonas afectadas en la disputa narco.
El partido de San Martín es uno de los puntos calientes del conurbano. Allí se vienen disputando el control territorial diferentes bandas narcos desde hace tiempo. Hechos como los asesinatos en la zona de Independencia y Carcova, muchos ante la mirada angustiante de los vecinos y las familias, dan cuenta de este punto crítico del cordón urbano que linda con el camino del Buen Ayre.
Estos ilícitos llevados adelante por grupos armados hablan de la existencia de organizaciones que tienen por finalidad la comisión de diferentes delitos, todos asociados a la lógica del crimen organizado. El producto inmediato de ese accionar es trágico. Enzo, Ivonne, Ruben, Ezequiel y Braian Palma son solo algunos de los nombres. Se han contabilizado como víctimas a unos 20 niños, niñas y jóvenes durante estos últimos meses.
El miércoles pasado fue un punto de inflexión. Los vecinos dijeron basta. La Comisaría 4° de José León Suarez fue el objeto de una comunidad angustiada e indefensa. Los familiares y vecinos saben quienes son los que en los barrios están usufructuando con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
En la mañana del miércoles un grupo de legisladores, especialistas, familiares y vecinos de los diferentes barrios populares de San Martín presentó por esta situación una denuncia antes el Fiscal General de San Martín, Dr. Marcelo Lapargo.
Leonardo Grosso, diputado nacional y militante del Movimiento Evita, fue uno de los impulsores. “Estamos trabajando junto a los familiares para poder llegar a la raíz del problema y eso la Justicia lo tiene que tener en cuenta porque no basta con meter preso a una sola persona que disparó contra otra, acá necesitamos que haya paz en nuestros barrios porque todos los días nos llega un caso nuevo y cuando preguntamos un poco la historia siempre termina en la policía bonaerense y los narcos de siempre”, afirmó.
“Lo que está sucediendo con el crimen organizado en la provincia de Buenos Aires, no tiene que ver solo con bandas: tiene también que ver con funcionarios públicos”, declaró Hugo Cañón, de la Comisión Provincial por la Memoria, en la conferencia de prensa realizada en la puerta de la fiscalía. La preocupación es que esta conexión del narcotráfico con el estamento público “es en definitiva perdida de calidad de nuestra democracia”, agregó.
Ese impacto sobre la democracia se expresa en la mirada acotada que ha tenido la Justicia en los diferentes casos. El investigar hechos y casos puntuales ha recortado la mirada del fenómeno más integral. “No hay una política de Estado, esto no es un fenómeno solamente de la Provincia de Buenos Aires, esto pasa en Santa Fe, en Córdoba, en varios puntos más del país, esto significa que no hay una respuesta institucional adecuada”, concluyó Cañón.
Carlos Ruta, rector de la Universidad Nacional de San Martín, también acompañó la presentación de la denuncia con su firma. “Todas las instituciones de San Martín, de la educación, del Estado, deben estar para emponderar a la sociedad. Quienes nos sentimos ciudadanos con esta responsabilidad nos tenemos que poner de pie, tenemos que decir basta junto al pueblo”, manifestó el académico.
Silvina Paredes, mamá de Ivonne, fue quien tomó la voz en la conferencia de parte de los familiares. Lo hizo para recordar que a casi dos meses del asesinato de su hija no hay ni un detenido. “La policía supuestamente lo busca pero sabemos que no es así. Y todos lo sabemos pero no lo buscan, dicen que no lo encuentran”.
Por estos señalamientos de conexiones con funcionarios públicos, los denunciantes hicieron hincapié en la presentación ante el fiscal general de hacer uso de la resolución 1390/01. Se trata de una medida dictada por la Procuración general de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires donde da lugar a la convocatoria de organismos federales para relevar a la policía bonaerense en la investigación y auxilio de los requerimentos de los fiscales.
Además firmaron la presentación judicial Alberto Palacio, abogado de familiares de víctimas del narcotráfico; Leonardo Rebolino, coordinador nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional; Roberto Baradel, secretario general de CTA provincia de Buenos Aires; Padre José “Pepe” Di Paola y distintos familiares de víctimas de narcotráfico.
Sin duda está abierta una disputa territorial entre bandas narcos y organizaciones sociales y políticas. No es sólo una cuestión de dinero o negocios, es un sentido de integración para los más jóvenes de las barriadas populares marginadas: la figura del soldadito. El narcotráfico ha emponderado a los pibes dándoles droga o armas para proteger el negocio, a la ves de acercarlos a un colectivo de pertenencia. Frente a este panorama la respuesta tiene que ser institucional, pero también, fundamentalmente, social.