Créditos: La Voz del Interior
Por Lucrecia Fernández, desde Córdoba. El 38° aniversario de la última dictadura cívico militar en la Argentina, exigió la destitución de Cesar Milani como jefe del Ejército. La familia de Alberto Ledo continúa reclamando justicia, tras su desaparición el 17 de junio de 1976.
El pasado 24 de marzo una de las principales consignas levantadas en las diferentes movilizaciones a lo largo del país, fue el pedido expreso de la destitución de Cesar Milani como jefe del Ejército. En este marco, uno de los casos más resonantes en los últimos meses fue el que desde hace 38 años lleva adelante la familia Ledo, oriunda de La Rioja, quienes denuncian la participación de Milani en la desaparición de Alberto Ledo, el 17 de junio de 1976.
El joven de tan solo 20 años, era estudiante de la carrera de Historia, y como debió presentarse al servicio militar obligatorio, había sido enviado desde el Regimiento de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja a Monteros, Tucumán, para integrar una Unidad Antiterrorista en el marco del Operativo Independencia contra la guerrilla, donde pocos meses más tarde seria visto por última vez. Desde esa fecha hasta hoy, Alberto engrosa las listas de los 30 mil desaparecidos.
Graciela, hermana de Alberto y Marcela, su madre, hace 38 años piden justicia por Alberto y por los desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura cívico militar. El reciente ascenso de Milani como jefe del Ejército, generó en ellas y en muchos desconcierto y un repudio absoluto a la medida adoptada por el gobierno nacional, pese a las denuncias de delitos de lesa humanidad que recaen sobre él.
El pasado jueves Marcha dialogó en exclusiva con Graciela Ledo quien participó en el marco de la charla “Con Milani no hay DD.HH” que impulsaron organizaciones sociales y políticas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Graciela comenzó haciendo un recuento de los hechos sucedidos la noche del 17 de junio de 1976, que fueron reconstruyendo a través de los testimonios de los compañeros de unidad de Alberto.
En esa época Milani era subteniente, con 22 años y una decisión clara desde hacía ya tres años: especializar su carrera en inteligencia militar -sin embargo en sus declaraciones siempre afirma que sus tareas en ese periodo eran de ingeniería, pero en su expediente no hay registro alguno de esto-. “Los compañeros de Alberto nos contaron que ya por ese entonces realizaba (Milani) tareas de inteligencia, los reunía a tomar mates y comenzaba a preguntarles cuestiones relacionadas a sus ideologías”, relata Graciela. Y es que su hermano tenía una pertenencia política clara, era del PRT. Alberto realizaba tareas para Milani, por lo cual “es difícil de entender cómo es que no recuerde a mi hermano, estaban en la misma unidad, era su superior, le solicitaba tareas cotidianamente y fue quien firmó -y supuestamente- investigó la deserción de mi hermano”, presunción que Graciela trae al presente cuando recuerda que al ser entrevistado y consultado por la situación del joven Ledo, el jefe del Ejercito negó recordarlo o incluso haberlo conocido.
Cabe destacar que cuando el CELS impugnó la designación de Milani como jefe del Ejército, él mismo quiso efectuar un descargo: de sus declaraciones se desprendieron cosas tales como que no tuvo conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos, aun cuando durante el período en el que él estuvo allí fueron asesinados por militares y policías el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera. En la unidad del Batallón 141 de Ingenieros, en la que Milani comía y dormía, sólo había 30 oficiales en lo que fue un Centro Clandestino de Detención, situación que también desconoció. Sin embargo, la Justicia probó que se torturaba a los detenidos. Todos estos puntos refuerzan para la familia Ledo la inverosimilitud del desconocimiento que sobre Alberto efectúa Milani.
Los hechos
Aquella noche del 17 de junio, cuando los conscriptos ya estaban dormidos fueron levantados para una ronda nocturna de reconocimiento de la zona. Fue el oficial Coronel Esteban Sanguinetti, quien estaba a cargo de Ledo, y quien lo llevó al recorrido del que nunca regresó. Días después del episodio, es al propio Milani a quien el Coronel le pide que “haga una investigación exhaustiva de la desaparición del soldado Ledo” –según consta en sus declaraciones-. Es Milani entonces quien firma el Acta donde certifica que el soldado ha desertado, llevándose “vajilla, utensilios de cocina, y una manta” lee de la propia Acta Graciela. Agrega que además de “no tener nada de exhaustivo en la investigación, no tiene en cuenta por ejemplo, que mi hermano no se llevó sus lentes de ver permanentes, ni su mochila que pasó días en la habitación, ¿quién se va sin sus cosas esenciales?” –se pregunta Graciela-. La desidia es aún mayor ya que “tampoco se entrevistó a sus compañeros, ni a nosotros, a quienes ni siquiera se nos dio aviso”. Ninguno de estos detalles que su hermana menciona con tanto ahínco consta en el Acta que tiene en sus manos, donde en cambio se ve claramente la firma de puño y letra del Subteniente César Milani. En el expediente de la causa, le faltan fojas que ella tiene en su copia: “Ése es el tratamiento que esta Justicia le ofrece a la causa de mi hermano” concluye con dureza y dolor.
Desde esa noche del 17 de junio nunca más se supo del paradero del joven y en ese mismo momento formó parte de la cifra más condenable de la historia argentina, los 30 mil desaparecidos de la última dictadura cívico militar.
Fue ahí cuando la familia Ledo inició una búsqueda y una lucha incansable, en una provincia que aun hoy es terriblemente hostil respecto del tema. Es así como en 1981 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedido de la madre de Ledo, solicita datos a la Junta Militar sobre el paradero del soldado desaparecido. Pero el pedido es rechazado, fundándose en que el joven había sido dado de baja el 22 de junio de 1976, luego de haber desertado la noche del 17 de del mismo mes, a través del Acta falsa firmada por Milani. Luego de la “deserción”, afirmó la Junta Militar a la CIDH, “el señor juez federal de La Rioja por nota fechada el 17-3-77, solicitó la captura del inculpado por atribuírsele (…) al aludido soldado conscripto pertenecer a la banda de delincuentes terroristas autodenominada ‘Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)’, lo que permitiría explicar la causa de su deserción militar” (expediente 2.902/75).