Por Mario Hernandez
El pasado jueves 28, un día después de la aprobación del Presupuesto 2018, asistimos al anuncio de la flexibilización de las metas de inflación que se elevó del 10 al 15 %, repitiendo la performance negativa de 2016 y 2017, con desvíos del 82 y 72 %, respectivamente.
El anuncio se hizo en una conferencia de prensa que lideró el Jefe de gabinete, Marcos Peña, en compañía del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. La cotización del dólar que en ese momento casi llegaba a los 19 pesos, cerró la jornada a 19,46. Esa fue la respuesta del mercado a la conferencia de prensa de devaluación del equipo económico.
Pero no fue el único saldo, ya que el anuncio tira abajo la consigna de una autoridad monetaria independiente del Poder Ejecutivo, además de la falta de capacidad del organismo para cumplir sus objetivos por tercer año consecutivo.
Los economistas del establishment cuestionaron la decisión. Carlos Rodríguez advirtió desde su cuenta en twitter: “Tenemos la misma inflación de hace dos años, muchísima más deuda y aún falta corregir las tarifas entre 60% y 100%. Todo un éxito del “expectations team”. Cambien por favor, nos llevan por mal camino. Y tienen a Cristina en el Senado, no la quiero, pero habla bien, mejor que ustedes”. Gabriel Milei agregó: “Si fuera Sturzenegger, renunciaría hoy mismo”.
Desde otro ángulo, Mara Ruiz Malec de la Fundación Germán Abdala, apuntó: “El salto del tipo de cambio influye de manera directa en los combustibles pero también afectará de forma indirecta ya que muchos formadores de precios utilizan el valor del dólar como señal para determinar precios más allá del componente importado que tengan”.
Forencia Médici de la Universidad Nacional de Moreno, indicó: “Si dejan flotar el tipo de cambio sin intervención y siguen subiendo las tarifas difícilmente se cumpla con el objetivo que se imponen. Van a intentar disciplinar los precios por otra vía. La reforma laboral y el techo para las paritarias son las herramientas a las que apelará el Gobierno”. En el mismo sentido Mariana González de Cifra agregó: “Las metas bajas que no se cumplieron se utilizaron a lo largo de los últimos dos años como mecanismo para ponerle un techo a las negociaciones salariales”.
Marcos Peña también anticipó que el proyecto de reforma laboral impulsado por Cambiemos y el triunvirato de la CGT llegará durante sesiones extraordinarias que serán convocadas para febrero. También confirmó que a partir de ese mes aumentarán las tarifas de colectivos y trenes. “La semana próxima, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dará una conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema tarifario del transporte”, sostuvo el funcionario. El nuevo boleto de colectivo ascendería a 8 o 9 pesos, para luego llegar a 13 pesos.
En este contexto, la conducción de la Asociación Bancaria hizo la grave denuncia que están siendo objeto de presiones por parte de las Cámaras empresarias para que el gremio convoque a “un paro nacional de 24 horas”. Y aclararon: “Se procura provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro de 24 horas, sin atención al público y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias”. Se refería al pase de los activos de grandes inversores en pesos a moneda extranjera y a las colas en bancos del microcentro porteño que llegaron a ser de media cuadra, en donde más de 250 personas esperaban para comprar dólares.
Tarifazo permanente
En diciembre el ajuste promedio al gas fue del 45% en todo el país, desde un mínimo del 22% a un máximo del 60%. Desde el mismo mes de 2015, la suba en la tarifa de gas pasaría de largo el 550%.
El costo de la energía eléctrica que abonan los usuarios residenciales en el área Metropolitana se multiplicó por 30 en los últimos dos años, según surge de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) mediante las resoluciones 602 y 603 que entraron a regir el 1° de diciembre. Estos aumentos, argumentan desde el Ministerio de Energía, sirven para que las empresas puedan mejorar el servicio y evitar los cortes de luz.
No obstante, alrededor de 150.000 usuarios de Edenor y Edesur se vieron afectados en los últimos días por los cortes en el suministro eléctrico. En San Vicente los vecinos cortaron la Ruta 210 y casi chocan con la Infantería apostada en el lugar por cortes de luz prolongados de hasta cuatro días consecutivos.
Además, la falta de energía se hizo sentir en el centro de Lanús, Quilmes y Berazategui, en la ciudad de Cañuelas y en el barrio de Loma Hermosa en Tres de Febrero. Lo seguían La Matanza, Moreno, Tigre y San Martín. También se produjeron cortes en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de San Cristóbal, Monte Castro, Parque Patricios y Caballito. Belgrano fue el más afectado. En tanto, las facturas volverán a aumentar desde febrero un 18%.
La baja del 30 % en los subsidios totales convive con un aumento del 79% en el pago de los intereses de la deuda. Se gastaron $ 48.000 millones menos por un lado y $ 78.000 más por otro. Buena parte del ahorro en subsidios se fue en pagos de la deuda.
Mientras tanto, la promesa de bajar retenciones se mantiene. Un decreto del Ejecutivo prometió al sector agroexportador reducir la alícuota a la soja a la mitad en un plazo de dos años, a partir de enero de 2018 y a un ritmo de 0,5% menos por mes. De esta manera, la medida bajaría el impuesto del 30% actual al 18% para diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), eso implica una recaudación de alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.bEl compromiso del Gobierno con los intereses de los sectores más concentrados representa, según los técnicos de la BCR, una transferencia de ingresos a los sojeros cercana al 1% de los ingresos fiscales totales.
Por si esto fuera poco, el Presupuesto 2018 contempla una nueva rebaja al impuesto a los Bienes Personales que será este año del 0,25%, del 1,25% que era en 2015. Esta medida significará que Estado obtenga 30 mil millones de pesos menos en recaudación. Sumadas ambas medidas, significa 45 mil millones de pesos menos para las arcas públicas. El Gobierno justifica la necesidad de recortar 100 mil millones de pesos a los jubilados para paliar el déficit fiscal, al mismo tiempo que perdona impositivamente a los sectores de más dinero.