El atentado contra la activista Norma Andrade y el asesinato del luchador Nepomuceno Moreno, vuelven a poner sobre el tapete la responsabilidad del estado mexicano en la violencia que está sumergido el país.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, enfrenta una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI). Un documento presentado ante La Haya cuenta con 23 mil firmas de ciudadanos lo responzabiliza por el alto nivel de violencia existente en el país, y piden se inicie una investigación al Estado por “delitos como reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, violación sexual de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados por el Ejército y secuestro y venta de migrantes”.
El 2 de diciembre, un día antes de la presentación penal, sufrió un atentado en Ciudad Juárez Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esta población en el estado norteño de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, presenta una de las tasas más alta de feminicidios. Durante 2009 y 2010 se registraron en esa ciudad fronteriza 469 asesinatos a mujeres, sin contar las gran cantidad de ellas que se encuentran desaparecidas.
Andrade, quien ya había sufrido varias amenazas, fue interceptada por un hombre en la puerta de su casa, ella quiso entregarle sus pertenecías pero el atacante le disparó 5 veces, acertando 2 de ellas. Su hija Malú García, también miembro de la organización que lucha por justicia contra las feminicidos y la búsqueda de las mujeres desparecidas, aseguró que los responsables “son los mismos que me amenazaron, ligados directamente al cártel de Juárez.”
La semana pasada Norma Andrade fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada en la Ciudad de Juárez. Sin embargo su hija Malú informó que enfrentará una larga recuperación “su estado de salud todavía es delicado, afortunadamente el pronóstico de los médicos es alentador. Su larga recuperación será porque los impactos de bala lesionaron el lado derecho de su mano y el lado izquierdo de su hombro”, confirmó.
Este atentado causó gran indignación en la población porque Andrarde es una reconocida defensora de los derechos humanos y una de las primeras madres que se animó a denunciar el asesinato de mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez. Ella y su hija Malú se convirtieron en activistas luego sufrir en carne propia la violencia contra las mujeres por parte del crimen organizado.
El padre Oscar Enrique Pérez, director del centro de Derechos Humanos Paso del Norte contó que Andrade inició su activismo al no encontrar justicia por el asesinato de su hija de 17 Lilia Alejandra García, quien fuera secuestrada y asesinada en 2001. “Norma fue fundadora de la organización con otras mujeres que levantaron la voz en un reclamo de justicia por todos los feminicidios en Ciudad Juarez”, recordó Pérez.
El padre mencionó que el mismo día que atacaron a Norma eran enterrados los restos mortales de una chica asesinada. “Al mismo tiempo que ocurría el funeral fue el atentado contra Norma. Tratan de inhibir y de amedrentar a las activistas. La entrega de los restos había levantado una protesta muy fuerte contra la fiscalía porque no habían dicho que tenían los restos de esta chica desde hacia más de un año”, señaló Pérez.
El atentado contra la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa ocurre en un contexto de escalada de agresiones contra victimas de la violencia convertidas en promotores por la paz y defensores de DDHH. Hace un par de semanas fue asesinado en el estado de Sonora, Nepomuceno Moreno, reconocido líder contra la violencia en México, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y uno de los propulsores de la campaña No Más Sangre.
La secretaria general de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Agnieszka Raczynska, denuncia que la violencia se ha intensificado contra sectores que trabajan con las comunidades. “Las agresiones actualmente están dirigidas contra activistas defensores de DDHH y contra quienes trabajan cerca de las comunidades o con los sindicatos”, afirmó.
Raczynska señaló que el gobierno mexicano carece de una falta de política para garantizar la implementación de las medidas de protección hacia los defensores de los Derechos Humanos. “Esto es una responsabilidad que tienen los Estados que se han sumado a la declaración de los defensores de las Naciones Unidas, y por lo tanto es una responsabilidad del estado mexicano ofrecer protección a aquellas personas defensoras de DDHH que están en grave riesgo o están amenazadas por el trabajo que realizan. En esto ha fallado el gobierno mexicano”, aseguró.
La defensora de DDHH consideró válida la demanda presentada contra Felipe Calderón en la CPI “la impunidad que hoy existe en México es el principal obstáculo para hacer valer el derecho al acceso a la justicia. Por otro lado denunciar es un derecho que en este caso han hecho efectivo estos 23 mil mexicanos que están denunciando una situación de emergencia nacional, un nivel de violencia muy alto”.
Ante estos últimos sucesos, otra de las voces que se oyeron fue la de Josefina Mena, integrante de la misma organización que Andrade, quien responsabilizó a las autoridades mexicanas por permitir la impunidad. “No, ellos no son los criminales, son peor que eso, ellos son los que permiten que los criminales actúen impunemente en este país”.
Con informe del colectivo Pueblos sin Fronteras