Ayer el secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, junto a otros delegados y abogados del gremio, presentó una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por violar la libertad sindical del gremio. Estrategias de un gobierno que avanza sobre la organización sindical.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comienza a tomar medidas concretas para avanzar sobre cómo entiende que deben organizarse los trabajadores bajo su órbita. Un ejemplo muy claro se dio hace unas semanas cuando en lugar de solucionar el conflicto del subte optó por realizar denuncias contra los Metrodelegados y amenazar con diluir este sindicato. Por otro lado, otras dependencias de la Ciudad se ven afectadas una nueva disposición del Ministerio de Modernización que sancionó el pasado 6 de agosto, una nueva disposición que busca controlar la participación sindical en los organismos estatales.
Las restricciones para la organización de los trabajadores no son un dato novedoso. Luego de que los Metrodelegados realizaran un paro histórico en el servicio de subtes de la ciudad, la Subsecretaría de Trabajo del GCBA multó a la AGTSyP por un monto total de $4.933.000 por el “no acatamiento de la conciliación obligatoria” dictada por este órgano estatal. El encuentro del que la resolución de cuenta había sido una reunión convocada por iniciativa de la legisladora porteña Lubertino quién pidió a la Justicia que intervenga de manera tal que se pudiera dar una salida al paro que llevaba más de una semana. Según decía la convocatoria del juzgado interviniente “Ordenar a la Subsecretaría de Trabajo del GCBA (….) a que convoque a una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores del Subte y de la empresa Metrovías S.A. con el objeto de poner fin a la conflictividad desatada…”. Tal como dice el documento no se han puesto en evidencia competencias respecto de la suspensión del derecho de huelga por lo que no se está poniendo en práctica una conciliación obligatoria.
Con la aprobación de la Resolución 1015 que multa a la organización de los trabajadores del subterráneo y otras denuncias presentadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Metrodelegados decieron acudir a la máxima autoridad competente en materia laboral, en este caso la Comisión de Libertad Sindical (CLS) de la OIT. Uno de los abogados de la ASGTSyP, Luis Ramírez, explicó que “son muchos los hechos que se denuncian, porque estamos primero denunciando que se dictó una conciliación obligatoria cuando la Subsecretaría de Trabajo porteña, a nuestro entender, no tenía competencia. Porque eran juez y parte en este conflicto y no se está respetando el carácter de “imparcialidad”, requisito, requerido por la OIT , para que se pueda aplicar una conciliación obligatoria “. El documento que se presentó a la CLS detalla una cronología del conflicto por el traspaso del subte y deja en claro la “no competencia” del gobierno de la Ciudad para llamar a una conciliación obligatoria.
Además de esta medida, los Metrodelegados denuncian más persecuciones hacia la organización sindical. Según comentaron en la conferencia de prensa, se intenta criminalizar las medidas de los trabajadores formulando denuncias contra los trabajadores durante el transcurso de la huelga. “Son conocidos los dichos de funcionarios de de la ciudad sobre que se está trabajando para la quita de la personería jurídica a nuestro gremio, a esta persecución se le suma la amenaza económica con la multa de los 5 millones” explicó Pianelli.
En búsqueda del control perdido
Escudándose en el argumento de que las asambleas “perjudican” el buen funcionamiento de los organismos que tienen como función la atención al público, el Gobierno de Mauricio Macri dispuso regular la realización de asambleas en los organismos de la ciudad. Una medida que viene en sintonía con regularizar la actividad gremial en los distintos organismos de la ciudad, desde el Ministerio de Modernización se impusieron novedosas reglas de para poder organizar a los trabajadores.
En base a antecedentes ya suscitados en las provincias de Córdoba y de Tierra del fuego, donde también se buscó regular la participación gremial en los organismos públicos, la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de la ciudad de Buenos aires, formuló una serie de requisitos y pasos que un trabajador deberá considerar si desea iniciar una asamblea con sus compañeros.
La nueva disposición establece:
1) los pedidos de asamblea de trabajadores deberán ser presentados con no menos 72 horas hábiles de anticipación ante la máxima autoridad de de la dependencia, por delegados con mandato vigente de organizaciones sindicales reconocidas;
2) La autoridad de la dependencia deberá evaluar la posibilidad de disponer de un espacio físico para la celebración de la asamblea sin perjudicar el normal funcionamiento de la administración o servicio;
3) La autoridad de la dependencia evaluará a su vez la conveniencia de realizar la asamblea fuera del horario de trabajo, teniendo en cuenta que la celebración de la misma no entorpezca el normal funcionamiento de las tareas;
4) La participación en una asamblea de trabajadores se encuentra limitada a los trabajadores de la dependencia.