Por Gisela Marsala Cardona* desde Mendoza
Argentina vive un lamentable incremento de femicidios. Mendoza protagoniza una de las tasas más altas, y mientras el pueblo se organiza, el gobierno recrudece la respuesta machista.
Mendoza está de luto. Está de negro, conmocionada, desconcertada, enojada, angustiada. Mendoza está movilizada, está activa, está organizada. Mendoza se debate entre la vida y la muerte, entre un Estado presente o ausente, entre la operación política que intenta instalar la inseguridad como problema princial y el movimiento de mujeres que no afloja y pone en agenda el femicidio como la expresión extrema del odio hacia las mujeres por parte de los varones.
Mendoza está de luto pero se desafía a si misma, a sus tradiciones y costrumbres, da la pelea por sacar la voz, para no morir una y otra vez, para trascender entre ríos de sangre y horror en la búsqueda de justicia y transformación, en el digno sueño de una vida sin violencias para las mujeres del pueblo.
En lo que va del año, el registro de femicidios que han trascendido mediáticamente se eleva a 17. En todos los casos las mujeres fueron asesinadas de manera brutal por parejas, ex parejas y hasta el propio padre. Han sido violadas, baleadas, acuchilladas, ahorcadas, prendidas fuego, afixiadas.
La respuesta (feminista) popular
El movimiento de mujeres mendocino está construyendo la amplitud y la unidad necesaria para enfrentar políticamente esta problemática y construir respuestas que estén a la altura de las circunstancias. Ha sido tan impactante la secuencia de hechos durante este año, que la movilización nuclea no sólo agrupaciones feministas sino también organizaciones sociales, sindicales y políticas de todos los sectores, al pueblo en general, mujeres amas de casa, trabajadoras, estudiantes, familiares y vecinxs de los barrios en los que vivían las compañeras asesinadas.
La demanda principal apunta a los tres poderes del Estado que deben garantizar una vida digna para las mayorías y sobre todo para los sectores sociales más vulnerados como lo son las mujeres trabajadoras y el colectivo LGTTB, niñas y niños de sectores populares, adultos/as mayores, lxs trabajadorxs expulsados del sistema de trabajo formal y aquellas comunidades totalmente excluidas del modelo socio-económico actual.
El gobierno de la alianza Cambiemos en Mendoza -con Alfredo Cornejo (UCR) a la cabeza- ha quedado expuesto en su responsabilidad, por parte de las miles y miles de personas que se han movilizado por las calles de la capital en las últimas semanas.
El reclamo masivo apunta principalmente a la declaración de la Emergencia en Violencia de Género que permita abordar de manera urgente un conjunto de acciones concretas para la aplicación de la Ley Nacional 26.485 que previene, sanciona y busca erradicar la violencia contra las mujeres; mayor presupuesto en todas las áreas de gobierno para abordar la violencia de género; creación de refugios y hogares transitorios; mayor coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para la toma de medidas especiales; enmarcar estos asesinatos como FEMICIDIOS; y sobre todo la aplicación de políticas públicas integrales que tiendan a promover la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos.
La respuesta estatal
Frente a este panorama el gobierno provincial ha hecho agua por todos lados y a tono con el gobierno nacional, se dedica a construir frases hechas sobre supuestas acciones que se convierten sólo en titulares de tv. Sin embargo a la vez Cornejo dispara firmes declaraciones sobre su mirada real del problema y ningunea la vida de las mujeres proponiendo al juez José Valerio para ocupar el lugar vacante en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, mientras sus Ministros afirman que esta situación “excede largamente las funciones del Estado”. Como si fuera poco, Silvina Anfuso (Mumalá-Libres del Sur) está al frente de la Dirección de Género y Diversidad del gobierno provincial y justificó por qué ni el gobierno ni su agrupación participaron de la última marcha #NiUnaMenos (“miércoles negro”) aludiendo que “hay sectores que se han apropiado de la marcha cambiando el eje del reclamo”.
El #NOaValerio se ha convertido en la consigna más movilizante desde que el gobernador lanzó públicamente la postulación de quien considera el mejor candidato para frenar la justicia garantista de abogados “sacapresos”. En un acto de gobierno Cornejo fue consultado sobre el rechazo masivo que ha generado el Dr. Valerio en la sociedad mendocina y la respuesta fue que estos grupos se quieren “centrar en temas secundarios cuando el verdadero y principal problema de Mendoza es la inseguridad". Respecto al pedido de gran parte de la sociedad mendocina para que el lugar vacante sea ocupado por una mujer (ya que todo el máximo tribunal está compuesto por varones) Cornejo afirmó que “si hubiese habido una mujer que cumpliera con el criterio de dureza que tiene Valerio, lo hubiese hecho”.
José Valerio. El juez más impugnado de la historia menduca
Militante radical en la Universidad Nacional de Cuyo y legislador por el radicalismo en los años ´80, es parte de lo que se conoce como “la familia judicial” costándole a Mendoza más de 3 millones de pesos anuales mantener a su familia. Repudiado por gran parte del movimiento estudiantil, Valerio es docente titular en la carrera de Abogacía. Pero además suma sentencias que pasarán a la historia por el alto nivel de misoginia, homofobia y desprecio por la vida de lxs más humildes.
Basta con citar el caso Hunau, brutalmente atacado y asesinado en su casa, sobre el que Valerio dictó falta de mérito para el único imputado en la causa, justificando que Hunau practicaba una “desviada sexualidad” y que por su homosexualidad tenía una conducta “licenciosa”, justificando el crimen. O el femicidio a Fernanda Toledo, en el que caratuló la causa de “homicidio simple” y condenó a su ex pareja a 10 años de prisión. O por el contrario cuando condenó a 8 años de prisión a Cinthia Rojas Echevarrieta por haber matado a su pareja en legítima defensa frente al maltrato que sufría. Valerio absolvió al único imputado en la causa por la desaparición de Soledad Olivera y hoy enfrenta una denuncia penal y jury de enjuiciamiento por “falsedad ideológica” ya que el mismo día que presentó certificado médico de licencia por enfermedad en el juicio por gatillo fácil del joven Lucas Carrazco, el magistrado se presentó a trabajar en la universidad; haciendo que el juicio cayera y volviera a cero.
Así, Valerio se convirtió en el juez más impugnado de la historia local, con más de 600 presentaciones de organizaciones y ciudadanxs que rechazan la posición del gobernador, quien considera que estos son temas menores y que no hay una sola mujer en Mendoza que pueda estar a la altura de ocupar un lugar en la Corte. El miércoles 2 de noviembre se realizará la audiencia pública y el día 8 es la sesión de la Cámara de Senadores en la que se vota la aprobación o rechazo del pliego. Y ahí estará una vez más la lucha por fortalecer nuestra democracia a pesar del enfrentamiento del gobierno con su propio pueblo en búsqueda de justicia social.
* Lic. en Comunicación Social. Referente de “La Barrial”.