Este martes la Corte Suprema de Justicia falló en contra de una de las leyes impulsadas por el gobierno nacional en el marco de la denominada “Reforma Judicial”. Es así como se dio marcha atrás con la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. El Máximo Tribunal se manifestó en contra de la ley impulsada por el oficialismo que establece una nueva composición del organismo y la elección por voto popular de sus miembros. De esta forma no se realizará la elección de consejeros prevista para el próximo 11 de agosto al mismo tiempo que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Hace pocas semanas la jueza María Servini de Cubría había dictado un fallo de primera instancia que también declaraba inconstitucional la ley. Ante una presentación de per saltum por parte del gobierno nacional la causa fue derivada directamente a la Corte Suprema quién resolvió este martes sobre el tema.
El fallo fue firmado, por voto mayoritario, por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda; por voto concurrente por Enrique Petracchi y Carmen Argibay y en disidencia, por Raúl Zaffaroni.
Se determinó así que los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855 (la que establecía las modificaciones del Consejo de la Magistratura), son inconstitucionales. También se declaró inválido el decreto 577/13, que convoca a la elección popular de consejeros.
La Corte argumentó en relación a su decisión que “el control de constitucionalidad es legítimo: es lo que permitió que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final”.
Palabras más, palabras menos
Respecto al voto popular el fallo de la Corte sostiene que “no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”.
A su vez agrega: “Las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto popular”. “El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa” resalta también el fallo.
Por su parte Eugenio Zaffaroni, único juez de la Corte que votó a favor de la constitucionalidad de la ley explicó: “es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista”.
El magistrado defendió su posición en sintonía con lo planteado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “La representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte” dijo Zaffaroni.
Los principales referentes de la oposición de derecha al gobierno nacional también hicieron públicas sus opiniones sobre el fallo. Hermes Binner dijo en su cuenta de twitter: “De la mejor Corte Suprema de la historia argentina no podíamos esperar menos: la República sigue viva”.
El diputado nacional y jefe de bloque del PRO, Federico Pinedo, celebró la declaración de inconstitucionalidad y destacó que “fortalece la democracia y la relación que debe existir entre la democracia y el Estado de Derecho”.
Curiosamente la diputada Elisa Carrió actuó con mesura y en un comunicado declaró que el fallo de la Corte “es correcto” pero que “no hay un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad del artículo 6, sobre la mayoría absoluta en lugar de dos tercios para acusar y suspender magistrados”. Mientras tanto su aliado Fernando “Pino” Solanas dijo que “la Corte actuó con honestidad e independencia de criterio”.
Desde el gobierno el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina declaró que la Corte Suprema “le tiene miedo a la voluntad popular” y “parece una corporación del medioevo que puede decidir sobre sí misma”.
El ministro de Justicia, Julio Alak, también opinó sobre el tema. “En el dilema sufragio universal o voto calificado, se optó por el voto calificado” expresó. También remarcó que respetarán “el fallo de la Corte aunque no estemos de acuerdo, pero es importante tener en cuenta que el primer intérprete de la Constitución es el Congreso, donde está expresada la voluntad popular, que es a la que nos debemos”.