Por Sebastián Saade. En esta segunda entrega abarcamos el segundo semestre del 2014 donde el poder de las empresas trasnacionales con la connivencia de los estados provinciales se intensificó con maniobras desleales. Los pueblos afectados, con sus derrotas y sus triunfos siguen resistiendo para defender sus tierras, el derecho a la vida y su ecosistema.
El fraude volvió a la política
El martes 25 de octubre la legislatura de la provincia de Chubut en una maniobra fraudulenta entre gallos y medianoche modificó el proyecto de ley presentado por iniciativa popular, que planteaba la prohibición total de la megaminería nuclear y metalífera. El proyecto inicial presentado por Ias asambleas ciudadanas fue modificado íntegramente estableciendo suspender la actividad minera por 120 días y habilitar al ejecutivo provincial a garantizar el debate sobre la minería y llamar a “consultas populares vinculantes” en las regiones o localidades afectadas por el proyecto de explotación.
Mientras tanto en la calle eran reprimidos manifestantes de las asambleas ciudadanas y el recinto era desalojado dejando únicamente a facciones de la UOCRA que se encargaron de vitorear a los diputados que votaron afirmativamente.
La escandalosa sesión explotó en los medios nacionales cuando empezó a circular por internet una foto en la que el diputado peronista Gustavo Muñiz intercambiaba mensajes de texto con Gastón Berardi, gerente de Minas Argentinas S.A., subsidiaria de la empresa minera Yamana Gold. El empresario impartía instrucciones de las modificaciones que debían realizar al proyecto de ley. Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina radicaron una denuncia contra el diputado Muñiz por presunto cohecho y tráfico de influencias. También solicitaron la investigación de los demás diputados que votaron afirmativamente respecto a posibles vinculaciones con la empresa.
Un paso más en la lucha de Andalgalá
En los primeros días de diciembre la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que debe admitirse el recurso de amparo presentado por las y los vecinos de Andalgalá en la causa por la explotación de la mina Agua Rica. El recurso que planteaba la suspensión de la explotación minera en la región había sido rechazado con anterioridad por la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca.
Según consta en el dictamen de Gils Carbó, “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”, según el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ahora la causa por el recurso de amparo presentado por los vecinos deberá volver a la Corte Suprema de Justicia provincial para que se dicte una nueva sentencia.
El dictamen de la Procuradora General se produjo luego de que la Asamblea El Algarrobo de la ciudad de Andalgalá decidió visibilizar su reclamo instalando un acampe frente a los Tribunales federales, en la plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires. El comunicado de prensa emitido por la Asamblea El Algarrobo planteaba que “los vecinos de Andalgalá tomamos la decisión de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la protección de nuestros derechos, a raíz de la denegación arbitraria de justicia que hemos sufrido en todas las instancias judiciales de la provincia de Catamarca”.
Mendoza resiste
La lucha y concientización del pueblo mendocino han logrado que dos emprendimientos mineros hayan sido frenados en la Legislatura provincial. Se trata de los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo. El caso de Cerro Amarillo cobra una relevancia especial porque desde el Frente para la Victoria decidieron posponer un referéndum para el 2016, pasada las elecciones provinciales y nacionales.
A finales del mes de noviembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza votó en contra de la reactivación del proyecto minero Hierro Indio. La votación ya tenía media sanción en la cámara de senadores, pero con este resultado se dio por archivado el proyecto minero con un amplio apoyo de la ciudadanía y una masiva participación en distintas movilizaciones en el sur de la provincia y en la ciudad de Mendoza.
El proyecto de Cerro Amarillo se ubica en la ciudad de Malargüe y representa una inversión diez veces mayor que la de Hierro Indio. El tratamiento en el Senado quedó suspendido porque no se realizó el inventario de glaciares que debía elaborar el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) de la cuenca del Río Grande.
Desde el portal Mendoza Online afirmaron que “en el Senado hay otro plan: los senadores del PJ tienen la idea de devolver la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Ejecutivo para que esté más blindada si el Gobierno quiere impulsarla en mayo, según reconoció un legislador”. Los senadores justicialistas pretenden no “quemarse” otra vez con la minería y en el caso de Cerro Amarillo prefieren esperar a que el gobernador Francisco Paco Pérez defina si quiere seguir dando batalla durante el año electoral que se avecina, afirmaron.
Loncopué: libre de minería a cielo abierto
Luego de dos años del referéndum realizado, se aprobó la ordenanza que rechaza la minería metalífera a cielo abierto en la localidad de Loncopué. La consulta popular se realizó el 3 de junio de 2012, participó el 77 por ciento de la población, y el rechazo a la megaminería ganó por el 88 por ciento de los votos. El camino no fue fácil para llegar a un 2014 donde los vecinos de Loncopué pudieron festejar el triunfo obtenido. Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué manifestó a La Retaguardia que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino intentó todo tipo de maniobras para impedir el referéndum: llamaron por teléfono a los vecinos para que no asistan a la votación y además cortaron el suministro de luz desde la noche anterior.
La primera acción del gobierno provincial fue pedir una medida cautelar para suspender la ordenanza. “Se nos dio traslado del pedido a nosotros, lo contestamos, y el tribunal dijo que no había elementos como para suspender la ordenanza mientras se tramitará el juicio. Ese fue el primer quiebre que tuvo el gobierno porque pensó que presionando al tribunal iba a poder conseguir una noticia de impacto, de suspender preventivamente la ordenanza; al no lograrlo, el gobierno se debilitó bastante. Posteriormente las compañías mineras que habían tenido interés en la zona fueron desistiendo al ver que no había una licencia social, ya que es muy difícil instalar una industria donde -hablando en términos criollos- te van a cascotear el rancho, y la gente mayoritariamente ya dijo que no, y contra eso es muy difícil poder instalarse, por más intereses que haya”, afirmó Cristian Hendrickse.
Los vecinos de Loncopué, Esquel y Andalgalá han demostrado que con organización se puede frenar a la megaminería y derrotar la alianza entre las grandes corporaciones y los gobiernos provinciales y nacional. La realidad parece indicar que las relaciones carnales entre los empresarios y la política vernácula no se termina en el 2014. Las exploraciones mineras se irán expandiendo a lo largo del territorio argentino y con ellos, las asambleas de vecinos y vecinas dispuestas a levantar las banderas de “NO A LA MINA”.
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