Foto: Portal No a la Mina
Por Sebastián Saade. El avance de las corporaciones transnacionales sobre la cordillera argentina y la resistencia de los pueblos afectados. Primera entrega del balance 2014 de la megaminería en nuestro suelo.
El año 2014 será recordado por el acelerado avance de las corporaciones transnacionales sobre la cordillera argentina para la explotación de la megaminería, con la connivencia de los estados provinciales y nacional. Los pueblos afectados resistieron para defender las tierras, el derecho a la vida y su ecosistema. La necesidad de nacionalizar las luchas contra el extractivismo se va incrementando pero todavía queda mucho que hacer.
En esta primera parte -que abarca el primer semestre del año- visualizamos una historia de entrega de los gobiernos de turno al capitalismo trasnacional y el rechazo producto de la conciencia de los pueblos.
El año abría con la noticia de que la UTE (Unión Temporal de Empresas) creada por las empresas Glencore -Xstrata Internacional, Yamana Gold y Goldcorp- expandió su explotación en La Alumbrera con el anuncio de la explotación y exploración del reservorio Bajo el Durazno en la provincia de Catamarca.
Desde el matutino La Gaceta anunciaron que durante el 2014 la UTE realizaría una inversión de 500 millones de dólares. En el marco de este anuncio, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, acompañado por Ángel Mercado en representación del Gobierno de la provincia de Catamarca, realizaron una visita al terreno de Bajo el Durazno.
El poder transnacional
Al finalizar el mes de enero la devaluación impulsada por el gobierno fue festejada por el sector vinculado a la explotación minera. Así lo hizo saber el Director Ejecutivo de la empresa canadiense Goldcorp, Chuck Jeannes, que calificó como muy positiva la medida. Jeannes afirmó durante el XVII Anual Whistler Institucional Investor Conference de CIBC que la devaluación del peso “ha sido algo que hemos estado buscando”.
Acosado por los flacos números provinciales, el año pasado el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, impulsó un aumento considerable sobre los impuestos que pagan las mineras, en base a sus reservas bajo tierra. Durante el año 2014, al contrario de pagar los impuestos definidos por el gobierno, las mineras le ofrecieron al gobernador Peralta armar un esquema de aportes voluntarios, siempre y cuando se derogue el impuesto.
El lobby empresarial sigue marcando la agenda y las políticas de las provincias mineras.
Andalgalá resiste
El procurador fiscal subrogante ante la corte suprema, Marcelo Sachetta dictaminó la suspensión de la Alumbrera y Bajo el Durazno. El recurso presentado por el fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez definió que así sea “hasta que se acredite la contratación del seguro ambiental obligatorio y la constitución de las garantías suficientes para asegurar el cumplimiento de las eventuales obligaciones indemnizatorias”.
Por su parte, la población de Andalgalá marchó por las calles de la ciudad recordando el aniversario de la represión y contra la megaminería. Desde la Agencia de Noticias del Nevado confirmaron que se marchó nuevamente contra las mineras, como desde hace cuatro años, contra Bajo La Alumbrera y diciéndole “no” a los proyectos Agua Rica, Filo Colorado, Bajo el Durazno y Pilciao.
Otro caso paradigmático sucedió en la provincia de San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, cuando el gobernador José Luis Gioja mandó a reprimir a activistas que protestaron contra la megaminería en la provincia. Matias Sotomayor es indicado como el agresor de los tres manifestantes lesionados. En el portal No a la Mina relatan que Sotomayor fue nombrado “corresponsal” de la Unesco con la misión de formar un consejo de paz. En el 2012 fue Secretario General de la Juventud Peronista Federal y es asesor de la Unidad Gobernación.
Los socios internos
En el mes de marzo, desde la agencia OPI de Santa Cruz afirmaron que un ex trabajador de una empresa subcontratista TGM Logística Tejada, que trabaja para la Minera Santa Cruz, inició una denuncia donde declara que se entierran residuos peligrosos en la costa del río Fénix, que vuelca su aguas al río Deseado, en proximidad del Perito Moreno. El informe técnico establece que las orillas del río Fénix se encuentra contaminado con copeles y crisoles triturados, con una altísima tasa de plomo.
Otro caso relevante es el desmonte de bosques nativos en la provincia del Chaco para las explotaciones mineras. En una reunión realizada entre el gobernador Carlos Bacileff Ivanov y el Gerente de la empresa New Phoenix firmaron un acta acuerdo en el mes de mayo con la intención de avanzar en una segunda etapa de exploración minera en el impenetrable chaqueño. Desde Greenpeace argentina emitieron una carta al gobernador donde advierten sobre la prohibición de los desmontes de los bosques nativos para avanzar en este tipo de exploraciones.
Desde la organización mencionada advierten que la Ley Nacional de Bosques prohíbe la autorización de desmontes de bosques nativos: “La minería realizada en zonas boscosas tiene un impacto significativo e implica la transformación (desmonte) de las mismas, además de otros impactos ambientales. Conforme a lo establecido por la Ley de Bosques la futura autorización de este tipo de actividades en bosques nativos debe restringirse únicamente a los clasificados en la Categoría III (verde), previa Evaluación de Impacto Ambiental y audiencia pública. Solicitamos nuevamente, que se cumpla prioritariamente con lo que manda dicha Ley, en beneficio del bien común”, afirmó Noemí Cruz de Greenpeace Argentina.
Megaminería: delito de Lesa Humanidad
En el décimo encuentro de la Unión de Asamblea Patagónicas (UAP) realizado del 10 al 22 de junio en la ciudad de Trelew definieron declarar la megaminería como delito de lesa humanidad. El comunicado publicado en No a la Mina establece que la declaración está fundamentada “por constituir un ecocidio que atenta contra el derecho a la vida. Este delito es imprescriptible, por lo tanto, realizaremos las denuncias correspondientes penales y civiles provinciales, nacionales e internacionales”. A su vez desde la UAP exigen que los funcionarios provinciales y nacionales se abstengan de aprobar leyes de megaminería, indicando que si lo hicieran serán responsables de atentar contra el derecho a la vida de los pueblos y los futuros habitantes de estas tierras.
Al gran capital no le alcanza
En el mes de Junio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró una planta de procesamiento de soja en la localidad santafesina de Timbúes. En el mismo acto participó el gobernador provincial, Antonio Bonfatti. “Estamos muy contentos con esta inversión que se realiza en la provincia de Santa Fe, por parte de empresarios santafesinos, de una firma Suiza”, afirmó Bonfatti.
Junto al gobernador se encontraba Sergio Nardelli, director de Renova y de Vicentín, una de las firmas accionistas de Renova. Gran parte de la inversión fue realizada por la empresa extractivista Xstrata.
La planta de soja inaugurada pertenece efectivamente al grupo Xstrata, que explota la megaminería en el país en el yacimiento de cobre, oro y molibdeno Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Además, controla un puerto privado cercano a Rosario. Según perfil.com, Xstrata se asoció en mayo de 2013 por 41.000 millones de dólares con la empresa de comercio de materias primas Glencore. En conjunto, “Glencore Xstrata plc”, son titulares del 33% de Renova, según indica documentación de la empresa destinada a accionistas.